La convocatoria electoral y la caída de las cuentas en Cataluña agrava la gestión de la sequía

“Como saben, con prórroga, las inversiones es lo primero que se congela”. No ha tardado mucho Natàlia Mas, consejera de Economía y Finanzas, en lanzar este miércoles esa advertencia a los partidos de la oposición cuando ya a la desesperada intentaba captar los dos votos que le faltaban al Govern para sacar adelante el anteproyecto de ley de Presupuestos, que ha caído a las primeras de cambio, en el debate sobre las enmiendas a la totalidad celebrado en el Parlament. Tumbadas las cuentas, el actual Govern de ERC y el que le siga tras las elecciones anunciadas por el president, Pere Aragonès, para el 12 de mayo, tendrán que gestionar las finanzas del ejercicio de 2023 en precario, con la impresora de decretos del Govern a tope y la vista puesta en la Cámara para que convalide cada una de sus decisiones. Y eso sucede en el episodio más grave de sequía que sufre Cataluña, para la que el Ejecutivo había reservado 1.045 millones de euros en las cuentas de 2024.

Con prórroga presupuestaria, el Govern pierde margen de maniobra. Apenas contará con libertad para mover salarios y amortizar la deuda y pagar los intereses, ambos capítulos de gasto crecientes. El resto dependerá de sucesivos acuerdos en el Govern con el beneplácito de los interventores, ya que las partidas que fijan las cuestiones de gasto son las incluidas en los últimos ejercicios aprobados. Cuando haya algún contratiempo o se quiera hacer alguna inversión no prevista, se tendrán que aprobar modificaciones de crédito. El camino será tortuoso, ya que las prórrogas presupuestarias están pensadas inicialmente únicamente para cortos periodos de tiempo. La que ya está en curso, sin embargo, se dilatará durante todo el 2024 y, dependiendo de la debilidad del Govern que salga de las elecciones de mayo, podría arrastrarse incluso a todo el año 2025.

Las explicaciones de Natàlia Mas se han fijado especialmente en el déficit hídrico que azota a Cataluña y la consellera ha asegurado que, antes de que quedara confirmada la prórroga presupuestaria, habría inversiones para mejorar los riegos (86 millones) o para mejorar la red de suministro y evitar fugas de agua (27 millones) que se quedarían en el cajón. En las próximas horas se podrá conocer qué otras cuestiones quedan en suspenso, pero lo que podrá continuar su camino serán las licitaciones de las dos desaladoras de la Tordera y del Foix, gran apuesta de más de 700 millones de euros para soportar futuros episodios de sequía, gracias a que finalmente se optó a que las construyera Acuamed, sociedad dependiente del Estado, para después ceder su titularidad a la Generalitat.

Pero no solo serán medidas estructurales previstas para el horizonte 2027: será un Govern en funciones en un ambiente preelectoral el que deberá gestionar y tomar decisiones urgentes como la llegada de barcos desde otros territorios, como Valencia. El Gobierno central se comprometió con la Generalitat a proporcionar agua desde la desaladora de Sagunto. El Gobierno central proporciona el agua, pero la contratación de los buques para fletar esa agua, previstos a partir de verano, es responsabilidad del Govern, que todavía no ha cerrado con las compañías la contratación de las navieras ni las cláusulas de los contratos, como las de cancelación de los envíos en caso de que las lluvias lleguen y ya no sea necesaria. O la ejecución de obras para cavar pozos con los que extraer agua para garantizar el agua precisamente a partir de mayo. También el despliegue de partidas millonarias para mejorar las fugas de agua en municipios.

La convocatoria de elecciones no afectará a la aplicación de las actuales restricciones previstas de consumo doméstico, industrial y ganaderas porque están recogidas en el plan Especial de Sequía (PES), aprobado en 2020, ni las sucesivas entradas en escenarios más drásticos si la sequía se agrava. Tampoco se dejará de aplicar el régimen sancionador en caso de incumplimiento para los sectores, municipios y particulares, recogido en el decreto antisequía aprobado en mayo de 2023.

Otras partidas

Las de la sequía no serán las únicas partidas que quedarán huérfanas. En sanidad, el impacto afecta a 800 millones de euros. En educación, otros 50 millones guardados para las propuestas que tenía que hacer la comisión de expertos convocados por la consellera Anna Simó también se quedan en el alero, pero también no será posible poner fin a los recortes a los docentes. Y el vale escolar puesto en marcha el año pasado no se podrá ampliar a los alumnos de secundaria, tal como planteaba el Govern. También corren peligro 138 millones que iban dirigidos a financiar el exhausto transporte público. No solo eso, al no aprobarse la ley de acompañamiento de los Presupuestos, el Área Metropolitana de Barcelona se queda sin el balón de oxígeno que necesitaba para no verse afectada por la gran carga crediticia que pesa sobre Transportes Metropolitanos de Barcelona, que amenaza a su plan de inversiones (en cualquier materia) de 2025. Y también peligran los 55 millones de euros que iban destinados a la mejora de la infraestructura de las universidades.

ERC se pierde la oportunidad de sacar pecho de la aprobación de unos presupuestos expansivos que contaban con 4.200 millones de euros más de recursos respecto a los del 2023, que seguirán vigentes. Y la Generalitat pierde capacidad de gasto, porque difícilmente se podrán repetir esas cifras en próximos ejercicios, una vez la Comisión Europea ponga fin a la relajación de las reglas fiscales que puso en marcha para combatir la covid, cuyo impacto requería de mayor gasto público. La Generalitat planteaba agotar, por ejemplo, el margen de déficit, que le daba una capacidad de endeudamiento extraordinario de 293 millones (el 0,1% del PIB, el máximo permitido) para este ejercicio.

Para incrementar su capacidad de gasto e inversión, la Generalitat tendrá que fiarlo a la generosidad del Estado, si quiere transferir más recursos, o a crear nuevas figuras tributarias, que a todas luces parece imposible. De hecho, la medida estrella de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras era una rebaja del impuesto de la renta (IRPF) para los contribuyentes con ingresos inferiores a los 33.000 euros. La medida, también ha pasado a mejor vida porque la ley de acompañamiento fue retirada en cuanto el Parlament tumbó la de Presupuestos.

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