Los Mossos desmantelan una red criminal que explotaba a paquistaníes en 16 supermercados
Las víctimas trabajaban en condiciones de esclavitud, con salarios bajos o inexistentes, entornos insalubres y alojados en los sótanos de los negocios
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 21 de febrero a seis personas de entre 30 y 40 años tras desmantelar una organización presuntamente dedicada al tráfico de seres humanos y a la explotación laboral de ciudadanos paquistaníes en 16 supermercados de Cataluña. Así lo ha explicado este jueves desde la comisaría de Les Corts el subinspector de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mosso...
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 21 de febrero a seis personas de entre 30 y 40 años tras desmantelar una organización presuntamente dedicada al tráfico de seres humanos y a la explotación laboral de ciudadanos paquistaníes en 16 supermercados de Cataluña. Así lo ha explicado este jueves desde la comisaría de Les Corts el subinspector de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra, Luis Moreno, que ha detallado que han liberado a cuatro víctimas de tráfico de seres humanos y otras 14 de explotación laboral. Los Mossos detuvieron a estas seis personas que se dedicaban a captar compatriotas, una de las cuales -el jefe de todo el entramado criminal- está en prisión provisional, mientras que el resto quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
La Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos tuvo conocimiento en marzo de 2023 de la existencia de una organización criminal asentada principalmente en la comarca del Maresme y liderada por un empresario, cuya actividad principal consistía en la explotación laboral en supermercados. La organización gestionaba 16 establecimientos comerciales, que operaban como franquicias de marcas conocidas del sector, ubicadas en diferentes localidades de las demarcaciones de Barcelona y de Girona.
Las víctimas trabajaban en unas condiciones prácticamente de esclavitud, salarios bajos o inexistentes, entornos insalubres, y se alojaban en los sótanos de los mismos supermercados donde estaban explotadas, o dormían en los pasillos de los locales. A partir de las informaciones de testigos protegidos y de algunos extrabajadores del entramado empresarial de los investigados, comenzaron las primeras gestiones y actuaciones policiales que permitieron comprobar la veracidad del relato y confirmar la existencia de una organización criminal estructurada y organizada.
El 21 de febrero, en el marco del dispositivo Iluro, los investigadores detuvieron a seis investigados y llevaron a cabo seis entradas y pesquisas. Conjuntamente con la Inspección de Trabajo, desarrollaron 12 inspecciones administrativas en supermercados, gestionados por el mismo grupo criminal. Los establecimientos estaban ubicados en Badalona, Barcelona, Alella, Igualada, Sant Feliu de Guíxols, Pineda de Mar, Premià de Mar, Vallromanes, Montornès del Vallès, Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda, Capellades y Santa Margarida de Montbui.
Los integrantes de la organización criminal eran miembros de una misma familia, y el entramado contaba con una infraestructura de sociedades mercantiles vinculadas a los establecimientos investigados y con varios domicilios en los que los trabajadores eran distribuidos y alojados. Moreno ha detallado que, en el caso del tráfico de seres humanos, “les prometían un trabajo y un sueldo, unas condiciones laborales mucho más estables con el objetivo final de conseguir una regularización”. “Cuando llegan aquí la realidad es otra: comienza la explotación, comienzan las deudas y los hacen trabajar desde que se abría el súper hasta que se cerraba, de lunes a domingo”, ha denunciado.
En cuanto a los supermercados, les ha pedido que “estén más encima de los franquiciantes” para evitar que puedan producirse situaciones como esta y ha informado de que ninguno de los 16 establecimientos estaba a nombre de los investigados, sino que “hay testaferros de por medio”. El subinspector ha dado datos del perfil de las víctimas: personas de cierta edad, una de las cuales, que tiene 50 años, ha sido liberada tras cinco años trabajando en Cataluña, después de ser captado mediante engaños en Pakistán y dejar a sus hijos en el país de origen. “Le prometieron estabilidad laboral que nunca tuvo y una serie de recursos”, ha manifestado el agente, que también ha añadido que “a día de hoy ya tiene su documentación para poder trabajar de forma legal”, ha aprendido el idioma, y “está a punto de reencontrarse con su familia”.
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