El Govern y los comunes acuerdan doblar el impuesto para la compra de edificios enteros

El Govern y los comunes han presentado esta tarde los detalles de su acuerdo en materia de fiscalidad, que incluye doblar la tasa turística, tal y como avanzó EL PAÍS. En una comparecencia conjunta en el departamento de Economía con la consejera Alícia Romero, la líder de los comunes en el Parlament, Jèssica Albiach ha presentado el pacto como el Acuerdo catalán contra la especulación y por el derecho a la vivienda y ha anunciado novedades relevantes en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). La primera es que este impuesto se doblará, pasando del 10% al 20% del importe de la compraventa, para los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas en zonas de mercado inmobiliario tensionado, cinco viviendas en las zonas tensionadas). La segunda, que las compras de edificios enteros paguen también el 20% del coste, el límite legal, han precisado Romero y Albiach. Además, se suprimirá la bonificación en la transmisión de viviendas destinados a la reventa. El acuerdo se convertirá en decreto ley en breve, ha precisado la consejera, y deberá convalidarse un mes después en el Parlament, para lo que PSC y comunes necesitarán el apoyo de ERC.

“Durante demasiado tiempo se ha entendido la vivienda como un bien de mercado donde los grandes especuladores han encontrado una fuente de enriquecimiento fácil. Han podido comprar y vender pisos sin ningún tipo de penalización mientras miles de personas han sido expulsadas del mercado u obligadas a vivir en condiciones indignas”, comienza el texto del acuerdo. Incrementar el ITP en estos casos del 10% al 20% significa que si antes un gran propietario pagaba 100.000 euros en impuestos para comprar un edificio de un millón de euros, ahora pagará 200.000 euros, es el ejemplo que ponen las partes.

“Es un cambio cambio cultural porque es disuasorio de la especulación”, ha advertido Albiach sobre las modificaciones fiscales en la compraventa de vivienda. “Se trata de poner la fiscalidad al servicio de la vivienda, para que especular salga muy caro, ante los que juegan con las casas y siempre ganan, nosotros redistribuimos riqueza”, ha presumido Albiach, sentenciando que “casos como la compra de Casa Orsola por parte de inversores no saldrán a cuenta”. La líder de los comunes en la cámara catalana ha asegurado que los acuerdos “permitirán recaudar a la Generalitat 300 millones de euros más a la Generalitat que salen de los especuladores y de los turistas. Estamos poniendo límites a la piratería inmobiliaria que hasta ahora campaba a sus anchas”.

Romero ha defendido también “una fiscalidad más justa y solidaria, que quienes tienen más viviendas contribuyan más a la caja común”. “Hasta ahora una persona que compra un piso para vivir paga exactamente el mismo impuesto que un especulador que compra un edificio entero para hacer negocio, no tiene sentido”, ha añadido. La consejera ha dicho que el aumento de la tasa turística permitirá a la Generalitat doblar la recaudación a la Generalitat, de 100 a 200 millones de euros anuales, de los que destinará un 25% a vivienda pública. Y ganar otros 200 millones con las novedades en fiscalidad vinculada a las compraventas inmobiliarias. En total, los 300 millones de euros que ha celebrado Albiach.

En paralelo al aumento del ITP, Romero ha explicado que el acuerdo contempla también una deducción al impuesto de la renta para el alquiler de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista, para reducir su carga tributaria. Además, con la voluntad de facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda a las víctimas de la violencia machista, se fija un nuevo tipo reducido del 5% en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Rechazo empresarial al aumento de la tasa turística

El aumento de la tasa turística, y el hecho de autorizar a todos los municipios catalanes a implantar un recargo propio (como ahora tiene Barcelona), ha suscitado un rechazo unánime en los sectores turístico y empresarial. Agencias de Viajes, Pimec, el Gremio de Hoteles de Barcelona o la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya (Confecat) han criticado unos cambios que alertan de que no han sido compartidos ni consultados y que entienden que incrementan la presión fiscal de la administración hacia el sector. En Barcelona, su alcalde, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo y ha vaticinado un incremento “razonable y razonado” para la capital catalana.