España en los programas electorales | La guerra del clima estalla entre los bloques

Es una de las misiones más trascendentales que tiene por delante España —como el resto del mundo— esta década: cómo transitar, lo más rápido posible, hacia una economía libre de emisiones de efecto invernadero para combatir una crisis climática a la que también hay que adaptarse. Y, posiblemente, es también uno de los campos de batalla en los que el choque entre los bloques de izquierda y de derecha resulta más evidente por al avance de Vox y el riesgo de contagio de sus posiciones al PP, algo que empieza a verse a escala local y autonómica. El partido ultra no se aparta del guion del resto de formaciones de extrema derecha de otras partes del mundo con un programa electoral preñado de la verborrea que usan los desinformadores para esparcir los bulos medioambientales en las redes sociales.

“Élites globalistas”, “agenda ecologista radical”, “religión climática” y “ecologistas radicales vinculados a la implementación de la Agenda 2030″ son algunas de las expresiones huecas que la formación de Santiago Abascal repite en su programa para justificar la demolición del edificio normativo puesto en pie, con el impulso de Europa, para combatir el cambio climático. El cenit es una inaudita promesa que convertiría a España en un paria de la política internacional: abandonar el Acuerdo de París.

Ese pacto —que se cerró en 2015 y que contó con el apoyo del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y de las casi 200 naciones presentes en la ONU— es el que rige ahora los esfuerzos internacionales en la lucha contra la crisis climática y está en el tuétano de las políticas de la UE. El PP no solo no propone dejarlo, sino que promete impulsar “el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades de la Agenda 2030″, a la que Vox culpa de todos los males y que no es más que un compromiso sin fuerza legal cerrado también en 2015 en el seno de la ONU que persigue la reducción de la pobreza y la mejora de la salud del planeta, con especial incidencia en la lucha contra el calentamiento global.

El PP no compra en su programa el discurso antimedioambiental. Pero en los acuerdos de gobierno que ha ido cerrando con la ultraderecha en algunas comunidades autónomas no se cita el cambio climático, no se plantean medidas para combatirlo y se asumen muchos de los postulados de Vox al presentar las normas medioambientales como enemigas del desarrollo económico y del campo en particular. Además, el partido de Abascal se está esforzando por ocupar las carteras relacionadas con el mundo rural y, en algunos casos, los departamentos de medio ambiente. La llegada de la coalición de las derechas a algunos ayuntamientos está suponiendo la reversión de medidas como la implantación de los carriles bici, que en el resto de Europa cuentan con un apoyo transversal. “Mejorar la calidad del aire no es de izquierdas ni de derechas: va en beneficio de todo el mundo”, ha recordado esta semana Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea.

En el otro lado del espectro ideológico, el PSOE y Sumar proponen leyes, planes y estrategias para seguir avanzando en las políticas medioambientales. Además del impulso de las renovables, los partidos de izquierdas plantean medidas sobre movilidad, un sector clave en la lucha climática, pero que va muy retrasado en el proceso de descarbonización. Mientras que las emisiones asociadas a la generación de electricidad siguen cayendo a marchas forzadas al son de la fotovoltaica y la eólica, que en esta legislatura se han disparado, en el transporte no ocurre lo mismo. Este sector —en el que la electrificación es imprescindible y va por detrás de otros países europeos— acumula ya el 30% de todos los gases de efecto invernadero del país, por encima de las actividades industriales (22,4%), el sector agrario (11,9%) y la generación de electricidad (10,8%), según el inventario nacional de 2021. Ese año, las emisiones totales de España ascendieron a 288,8 millones de toneladas de CO₂ equivalente (la unidad que se emplea en el caso de los gases de efecto invernadero).

En 2021, España estaba en un nivel de emisiones similar al de 1990, el año que se toma como referencia en los compromisos climáticos. En la Ley de Cambio Climático, aprobada hace dos años, el objetivo que se establece es reducirlas un 23% respecto a 1990 para 2030. Pero se deja claro que se trata de una meta que se irá revisando al alza. A finales de este junio, el Gobierno en funciones sacó a información pública su propuesta de Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), una suerte de carta de presentación electoral en la que se propone llegar hasta un recorte del 32% en 2030.

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Explicaciones Rodríguez: Cambio Climático

Objetivos

El PSOE asume en su programa como meta propia esa revisión al alza del PNIEC y presenta la transición ecológica como una oportunidad. Promete “la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde”, casi 200.000 más de los que figuran en el PNIEC. La transición ecológica también es una oportunidad a ojos de Sumar, el partido que más espacio y medidas dedica a las políticas medioambientales y que cifra en medio millón los empleos que se pueden crear “solo en la industria de las renovables, fabricación de componentes y tecnología asociada”. La formación de Yolanda Díaz propone en su programa como objetivo para 2030 una reducción de las emisiones de efecto invernadero del 55% y asegura que, en solo siete años, el 90% de la generación de electricidad podría ser de origen renovable (hoy, 50%).

El PP postula el impulso al “desarrollo de las energías limpias, y la racionalización y sostenibilidad del uso” de los “recursos hídricos y naturales”, y ha incluido el hidrógeno verde como prioridad. Pero, a la vez, sostiene en su programa que trabajarán “para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo”, la hoja de ruta que Bruselas presentó en 2019 para impulsar la descarbonización. Una corriente del Partido Popular Europeo, espoleada por el ascenso de la extrema derecha, intenta ahora rebajar ese plan. Vox apunta en esa misma dirección: “Impulsaremos desde el Consejo de la UE la suspensión inmediata y revisión de todo el Pacto Verde”. La formación de Abascal también promete la “derogación inmediata de la Ley de Cambio Climático” para, entre otras cosas, permitir las explotaciones de hidrocarburos.

Movilidad

El transporte es uno de los apartados en el que la izquierda (y en menor medida el PP) lanzan más medidas. El PSOE promete retomar la ley de movilidad sostenible; la creación de un fondo para la movilidad sostenible; la gratuidad total del transporte público urbano para menores de 24 años; un plan para electrificar la red de carreteras del Estado; y una línea de ayudas para adquisición de bicicletas eléctricas. Sumar aboga por reducir el precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, además de una ley de financiación del transporte colectivo y plantea el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos de gasolina y de diésel. “Eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria (...) de menos de cuatro horas de duración”, añade Sumar, que también afirma que restringirá “las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos”. Además, simplificarán las ayudas para facilitar “el acceso al vehículo eléctrico”.

El PP promete un plan de automoción para “potenciar el proceso de progresiva descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público” y “la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil”. Vox, de nuevo, propone combatir normas europeas: “Exigiremos el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035″. La formación ultra acusa a las supuestas “agendas globalistas” de estar detrás de este veto y de las restricciones al tráfico privado: “Terminaremos con las medidas injustas que impiden a los españoles desplazarse en el medio de transporte que libremente elijan”.

Renovables

El impulso a las renovables viene en gran medida desde Bruselas, al verlas como una vía para luchar contra el cambio climático, además de abaratar el coste de la energía y ganar en independencia. A ello se une lo competitivo de estas tecnologías, que hace que las empresas y fondos de inversión apuesten por la solar y eólica. Todos los partidos, en mayor o menor medida, hablan de avanzar o estimular las renovables. Las diferencias surgen en el modelo a seguir para reducir tensiones en los lugares de implantación y repartir los beneficios entre la población.

El PP quiere convertir a España en “una superpotencia energética” y se muestra preocupado por el atasco en el proceso de concesión de los permisos para la instalación de las plantas. Propone una “tasa por hito” para que haya más manos en la Administración para agilizar la tramitación. Aboga por mapear “todo el territorio nacional, segmentándolo en función de las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental”. Vox incide en esto último al prometer que reforzarán “los informes de afección medioambiental y de usos del suelo”, y asegura que protegerán “el suelo, en especial el agrario, para evitar que se especule con él en la implantación de infraestructuras de energías renovables”.

Los socialistas prometen aprobar “una ley para identificar, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, las áreas idóneas para el desarrollo de renovables y facilitar el acceso de los beneficios a las comunidades locales, garantizando el respeto al medio ambiente”. Se comprometen a impulsar “las comunidades energéticas” y “el desarrollo del autoconsumo, con una especial apuesta por el autoconsumo colectivo”.

Sumar también presenta una batería de medidas en la misma línea: creación de un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables que “respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico”; una agencia pública de mediación para que los territorios sean informados y escuchados en los proyectos de renovables; abaratar la energía cerca de las plantas; una ley de tejados solares; que el 10% de la energía eléctrica en 2030 proceda del autoconsumo... Además, Sumar recupera la idea de crear una empresa pública de energía que se encargaría de gestionar las centrales hidroeléctricas a medida que terminen las concesiones.

Nucleares y mercado eléctrico

Uno de los temas en los que la brecha entre bloques es más nítida es en la energía nuclear. El Gobierno de coalición pactó un calendario de cierre con las eléctricas que supondrá que las cinco nucleares cierren escalonadamente entre 2027 y 2035 para ser sustituidas por renovables y otras tecnologías. El PP y Vox, sin embargo, quieren revertir ese calendario y extender su vida útil, algo que las compañías eléctricas condicionan a que reciban estímulos fiscales. El partido de extrema derecha, además, promete que instalará minirreactores nucleares; una tecnología aún no madura.

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo rechaza cualquier intervención en el mercado mayorista de la luz. Algo que, en definitiva, supone una enmienda a la totalidad a la excepción ibérica, que ha ahorrado más de 5.000 millones de euros a los consumidores españoles y que ha restado un punto porcentual de IPC, pero con la que el PP ha sido particularmente crítico.

Fiscalidad

EL PSOE plantea en su programa avanzar “en la fiscalidad verde” bajo la premisa de “quien contamina paga”, aunque sin concretar medidas. El PP solo propone esa tasa en la tramitación de las renovables para agilizar la concesión de los permisos y Vox no trata este asunto. Sumar es el que plantea más medidas: bajará el IVA a los productos de larga duración; gravará los beneficios de las empresas más contaminantes y de la industria fósil, y los bienes y servicios de lujo (que emiten más); introducirá una tasa al plástico y otra sobre los viajes frecuentes en avión a partir del segundo vuelo anual; y pondrá en marcha una tasa al queroseno, entre otros.

Urbanismo

La agenda urbana es otro de los puntos importantes para la izquierda, y que el PP y Vox no abordan. El PSOE plantea como objetivo “rehabilitar más de 500.000 viviendas en esta legislatura”. Además, promete extender las zonas de bajas emisiones, impulsar la peatonalización y favorecer los “refugios climáticos” en las urbes, establecer “corredores verdes entre ciudades y pueblos”, y “renaturalizar” los ríos urbanos. Sumar propone, por su parte, rehabilitar 500.000 viviendas cada año. También ofrece en su programa una “ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios para la rehabilitación integral de edificios” y un plan de sustitución de los sistemas de climatización de gas por bombas de calor (eléctricas). Y apuesta por la ciudad de los 15 minutos, tan ridiculizada por Vox y en el punto de mira de la fábrica de bulos de la ultraderecha.

PSOE

- Gratuidad del transporte público para los menores de 24 años.
- Un plan de electrificación de la red de carreteras y ayudas a la adquisición de bicicletas eléctricas.
- Elaboración de una ley para identificar, en colaboración con las autonomías y los ayuntamientos, las áreas idóneas para instalar parques eólicos y solares.
- Rehabilitación de 500.000 viviendas esta legislatura.

PP

- Creación de una tasa que pagarán los promotores de parques renovables para acabar con el atasco en la tramitación de proyectos.
- Un plan de automoción para potenciar la descarbonización del sector.
- Mapear todo el territorio para segmentarlo en función de las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental en los proyectos renovables.
- Flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo y racionalizar sus objetivos.

Vox

- Abandonar el Acuerdo de París y derogar la Ley de Cambio Climático.
- Impulsar la suspensión inmediata en Europa de la prohibición del motor de combustión en 2035.
- Impulsar la explotación de los recursos minerales en España.
- Extender la vida útil de las centrales nucleares y un plan para instalar minirreactores nucleares.

Sumar

- Reducir las emisiones de efecto invernadero de España un 55% en 2030 respecto al nivel de 1990. Y que el 90% de la electricidad sea de origen renovable a finales de esta década.
- Impuestos al plástico, a las grandes empresas contaminantes, a los viajes recurrentes en avión, a los bienes de lujo por sus emisiones y a los beneficios extraordinarios de la industria fósil.
- Eliminar los vuelos domésticos que tengan conexión ferroviaria de menos de cuatro horas de duración.
- Elaboración de un mapa nacional de instalación de renovables y lograr que el 10% de la electricidad proceda del autoconsumo en 2030.

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