Y los empresarios pisaron a ‘Garbancito’

Una mañana de la primavera de 2012, Francisco Fernández Liñares, que hasta hacía pocos meses había sido presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, descolgaba el teléfono y llamaba al dueño de una empresa de desbroces. “Mira una cosa, en la oficina de [la Confederación] en Ourense hay una chica que está medio dedicada a temas de Medio Ambiente. Me llamó ayer [y me preguntó] si aquí, en Lugo, la empresa estaba desinfectando las herramientas cuando cortaban alisos enfermos, porque esa enfermedad se propaga. Si te llama, ya sabes que tú, lo que haces, es tener dos motosierras. Que no limpias las herramientas, porque eso es muy engorroso y nunca hay garantía de descontaminación. Pero que tienes dos motosierras, para utilizar en el caso de los árboles enfermos, y cuando se trata de podar árboles sanos, y tal, tienes otra maquinaria, ¿entiendes?”.

El político socialista acababa de ser relegado de su cargo vinculado al Ministerio de Medio Ambiente al llegar al Gobierno Mariano Rajoy. Hasta entonces había ocupado el puesto de mando en esta Hidrográfica nacida, junto a la del Cantábrico, al dividirse en 2008 la que hasta entonces era Confederación del Norte. Poco después de la marcha de Zapatero en diciembre de 2011, el PP recolocó a Liñares como funcionario en la sucursal de la entidad en Lugo, y para entonces hacía tiempo que la juez del caso Pokémon le había echado la caña al señor de los ríos gallegos. Esta conversación, en la que el también exedil lucense aleccionaba a un empresario sobre lo que debía decir si llamaba aquella inspectora medioambiental del organismo, fue recordada por el fiscal esta semana, durante el juicio por prevaricación y cohecho continuado celebrado en la Audiencia Provincial.

Ha sido este el primer proceso en el que desemboca la conocida macrocausa por sobornos y blanqueo en el turbulento coto de pesca de las contratas públicas; un sumario en el que además Liñares está investigado por su etapa como concejal del PSdeG-PSOE. De momento, a espera de la sentencia, el político jubilado, de 70 años de edad, se enfrenta a los cinco de prisión y 10 de inhabilitación que reclama como castigo el fiscal José Luis Álvarez.

En la Audiencia de Lugo se sentaban estos días como acusados tanto Liñares como los nueve contratistas a los que, supuestamente, bendijo con multitud de obras en las feraces cuencas fluviales del Miño, el Sil y el Limia durante los años en que fue presidente. Eran los tiempos de la crisis del ladrillo, aquellos en los que la esperanza de los que se dedicaban al sector solo tenía forma de licitación pública.

Ocho de los nueve empresarios confesaron en la primera sesión del juicio que habían pagado decenas de miles de euros al político a cambio de amañar las adjudicaciones. Antes del “visto para sentencia”, Garbancito o Tkachenko, los motes por los que aparece citado Fernández Liñares (por su corta estatura) en escuchas que ordenó la juez Pilar de Lara, acabó pisoteado por aquellos con los que supuestamente se enriqueció. Unos dijeron que le habían pagado 15.000 euros, otros, 25.000. El fiscal habla de hasta 35.000 euros de mordida por hacerse con obras de saneamiento o limpieza de cauces.

Al ser contratos por menos de un millón, se resolvían por procedimiento de adjudicación negociado invitando a presentar ofertas a tres empresas. Según la acusación pública, el presidente de la Hidrográfica ya había pactado de antemano a cuál se le concedería y las otras dos participaban “haciendo bulto”. De estas operaciones que señala la acusación aparecieron cuentas, presupuestos y listados manuscritos en una de las casas del expresidente de las aguas dulces. La investigación atribuyó la letra a Liñares por ser semejante a la de su agenda, pero nunca se encargó una pericial caligráfica para confirmarlo.

Por estos “tejemanejes”, señala la fiscalía, además de “compensarle” con decenas de miles de euros y regalos, algunos empresarios lo agasajaban reforestando parcelas de su propiedad con miles de eucaliptos. “Le gustaban mucho los árboles”, justificaba un contratista en el juicio la plantación de esta especie invasora. En el pinchazo sobre los alisos, afectados por el hongo Phytophthora alni, que en los últimos años se ha extendido sin freno desde la cuenca del Miño por el norte de España y Portugal, el propio Liñares reconoce que el tema de las motosierras separadas para los árboles sanos y enfermos se lo está “inventando”. Es la explicación que debe darle el empresario a la funcionaria cuando le pregunte.

Liñares: Es una chica de Madrid, muy teórica ¿no sabes? De estas que leen libros y tal y después...

Empresario: Eco ... ecologista, más bien.

Liñares: Efectivamente, algo de eso. Exactamente.

El principal procesado, que confesó sus cohechos en septiembre de 2012, cuando fue apresado por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, niega ahora los delitos que se le imputan. Asegura que entonces declaró bajo “presiones, coacciones y amenazas” en una situación de arresto que se prolongó más allá de las 72 horas. El hecho de que se superase el límite legal ha jugado en el juicio a su favor, porque la Audiencia ha acordado anular todas las declaraciones judiciales que prestó en el tiempo en que estuvo detenido y luego en prisión (tres meses).

Pero queda en pie, si el tribunal no decide lo contrario en la inminente sentencia, el acta de confesión voluntaria que firmó en un bar mientras cenaba con el equipo de Aduanas, durante el día de los registros domiciliarios y cuando la detención no había traspasado la frontera de lo irregular. En ese papel que la fiscalía considera una prueba y el abogado de la defensa ve completamente nulo, Liñares delataba a los empresarios y reconocía los sobornos. “Me lo inventé”, clama ahora el acusado. Asegura que se inculpó porque estaba “completamente enajenado”, que no había tomado “la medicación de la diabetes” y que además creía que le iban a “tirar la casa” con una pala.