Almeida pide una operación conjunta de Policía Municipal y Nacional contra la marihuana en la Cañada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), ha retado al Gobierno central a montar una operación policial antidroga conjunta en la Cañada Real Galiana, donde unas 4.000 personas, entre ellos 1.800 menores, llevan desde hace más de cuatro meses sin luz. Esta petición ha llegado en medio del choque entre administraciones en torno a quién compete poner fin al problema y del malestar generado por España en la ONU. Almeida ha afirmado que lo que ocurre en ese asentamiento es “un problema de orden público y de seguridad ciudadana” que no existía hasta que se han desarrollado las plantaciones de marihuana, que “disparan el consumo”.

“Desde el Ayuntamiento de Madrid le decimos al delegado del Gobierno [José Manuel Franco]: aquí tienes a la Policía Municipal para coordinar con la Policía Nacional la operación que sea necesaria para entrar en la Cañada Real y acabar con esas plantaciones de marihuana. Hagamos una operación conjunta con autorización judicial”, ha dicho el alcalde.

Entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020 ha aumentado un 70% el consumo eléctrico en la Cañada, pero no el número de “enganches ilegales” a la red de los habitantes, según el primer edil de la capital. “El problema no está en los enganches ilegales, el problema está en la utilización que algunos están haciendo. Y todos sabemos que son plantaciones de marihuana”, ha afirmado Almeida. “Y eso es un problema de orden público”.

El alcalde se ha mostrado convencido de que, una ve desarrollada esa operación y puesto fin a las plantaciones de droga, se volverá a la situación anterior en la que los ciudadanos vivían enganchados de manera irregular a la red pero sin sufrir cortes en el suministro. “Lo que pedimos al resto de administraciones es que ejerzan sus competencias también”, ha comentado el alcalde, que echa en cara al Gobierno central que descargue toda la responsabilidad de la falta de luz en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento.

Almeida ha recordado que el pasado enero durante el temporal Filomena el Consistorio abrió en una antigua fábrica de muebles del asentamiento para montar un albergue de emergencia para 400 personas. La realidad es que la solución no fue bien recibida entre unos vecinos, que lo que exigen desde primeros de octubre es recuperar el suministro. Finalmente solo una familia acabó acudiendo a ese espacio habilitado en colaboración con Cruz Roja.

Los tiras y aflojas entre administraciones en torno a la Cañada se han avivado desde que comenzó el apagón en el sector seis -y, más tarde en el cinco- a principios de octubre. La ONU se quejó ante España en diciembre por la falta de soluciones y Moncloa respondió en enero. EL PAÍS ha tenido acceso a esa carta remitida desde Presidencia del Gobierno por el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco. En ella, en esencia, deja la responsabilidad de la falta de suministro en manos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

“Espero que las administraciones territoriales (regional y municipal) encuentren una solución adecuada para que los niños y adolescentes que sufren los cortes de electricidad vean sus derechos garantizados. Recibirán todo el apoyo del Gobierno español en la medida en que este pueda intervenir. Lo contrario sería un abuso de poder inaceptable en un estado de derecho”, señala Ernesto Gasto, el alto comisionado, en la carta remitida el pasado 25 de enero.

Esta respuesta ha generado malestar en la ONU. “Lo verdaderamente irresponsable es dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno”, lamentó ayer el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, en su cuenta de Twitter.