La Justicia paraliza el decreto de Madrid que regula la evaluación en ESO y Bachillerato

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pone en aprietos a la Comunidad de Madrid en materia educativa. Este miércoles ha notificado que suspendía la entrada en vigor de varios preceptos del Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOCM el viernes 20 de mayo, gracias a que habían sido impugnados por CC OO. No es una cuestión menor. En ese decreto, la Administración regional intenta regular por su cuenta determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO, Bachillerato y FP, así como en las enseñanzas de personas adultas que tengan como objetivo la obtención de los títulos correspondientes, algo que, según interpreta el sindicato, va en contra de lo que estipula las normas estatales. CC OO lo llevó a la justicia porque consideraba que Madrid se excedía en sus competencias y el tribunal ha aceptado las medidas cautelarísimas, de urgencia, y ha dado un plazo de tres días, los que le ha dado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que presente sus alegaciones. Esta decisión del TSJM apunta directamente al mismo Consejo de Gobierno, donde se cocinó ese decreto educativo. “Esto es un hito”, ha remarcado Isabel Galvín, portavoz de CC OO en educación. “No había pasado hasta el momento que se paralizara un decreto del mismo Consejo de Gobierno, esto viene directamente de Ayuso”.

El grueso del conflicto gira en torno a cómo se debe evaluar a los alumnos. La Comunidad de Madrid estipula unas mayorías cualificadas para tomar decisiones en la evaluación y fijar criterios apriorísticos para promocionar o titular al alumnado sin aplicar la evaluación individualizada, que es hacia donde apuntó la ley estatal. El Gobierno central estableció que las decisiones de los equipos docentes sobre la promoción de un curso a otro y sobre la titulación deben adoptarse de forma colegiada y por mayoría, ni mayoría cualificada, ni siquiera absoluta. Pero el decreto elaborado en Madrid impone otros criterios para evaluar y promocionar a los estudiantes.

En el caso de la ESO, obliga a una mayoría de dos tercios del equipo evaluador. En el del Bachillerato, para decidir la titulación extraordinaria con una materia suspensa, esta mayoría cualificada llega hasta los cuatro quintos, lo que resulta incluso inviable, según explica Galvín, para el caso del Bachillerato nocturno o situaciones en las que el alumno no curse todas las materias en segundo. Además, orienta a los profesores a no pasar a los estudiantes de curso si han suspendido matemáticas y lengua española, pese a que el Gobierno central prescribe que la evaluación debe hacerse caso por caso, individualizadamente, al que se le da la potestad para decidir si es mejor que un chico pase de curso o si debe repetir.

Para entender el caso, un ejemplo verídico. En un instituto de la región madrileña, una alumna de primero de la ESO intentó suicidarse en el primer trimestre. El curso académico ha sido un desastre y ha suspendido varias asignaturas. Sin embargo, el director del centro asegura que lo mejor para ayudar a esta alumna es que pase a segundo de la ESO, no separarla de su entorno e intentar recuperarla el año que viene, cuando psicológicamente esté más centrada. Eso lo permite la ley estatal, siempre que equipo docente lo estime oportuno. Madrid, sin embargo, pone trabas y directamente lo impide. “Es la educación competencial contra la academicista”, explica Galvín, que defiende que lo ideal es la evaluación individualizada de cada caso.

Esa manera de ir por libre (en lo referente a las leyes educativas) de Madrid le pareció a CC OO que era una manera de extralimitarse en sus competencias. Por eso, interpuso un recurso contencioso-administrativo frente al decreto regional, “por considerar que invade competencias que tiene en exclusiva el Estado, como es el desarrollo del Derecho Fundamental a la Educación mediante normativa básica e incluso de la propia Constitución que, en su regla 30ª del artículo 149.1 es taxativa al prescribir que las condiciones para la obtención de los títulos académicos y profesionales corresponde establecerlas al Estado”, explica el sindicato en una nota.

Además, a los decretos de currículo que se han tramitado en el Consejo Escolar, CC OO ha formulado otras objeciones, entre ellas, Galvín ha destacado “la imposibilidad de aplicar un aprendizaje por competencias, el retroceso claro en la autonomía de los centros y la libertad de cátedra o un reparto horario entre las materias antipedagógico, además de la desaparición de algunas, directamente”. Por otra parte, el decreto autoriza a que los centros y los equipos docentes puedan adoptar decisiones limitativas y apriorísticas para la promoción y la titulación, lo que supone hurtar al alumnado el derecho a una evaluación ad hoc, individualizada y caso por caso, como prescribe la LOE y la normativa básica.

Galvín ha declarado que este tipo de decretos, “además de ilegales, son profundamente intervencionistas, reaccionarios y dejan bajo mínimos la autonomía de los centros, de los equipos docentes, la libertad de cátedra y los derechos del alumnado”. Por ello, CCOO han presentado sendos votos particulares ante la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y plantearán los recursos contenciosos-administrativos pertinentes.

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