La sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una denuncia contra la pseudoterapeuta Elena Lorenzo por la web en la que ofrece tratar un supuesto trastorno de orden compulsivo (TOC) homosexual, según documentación a la que accedió EL PAÍS. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción número seis de Madrid, y se han incoado diligencias previas, lo que abrirá un nuevo capítulo en la polémica trayectoria de una profesional que lleva en el ojo del huracán desde 2019.

Hace casi cuatro años, la Comunidad le impuso a Lorenzo una multa calificada de “histórica” y “pionera” por ofrecer supuestas terapias contra la homosexualidad en internet. Era la primera sanción aprobada como resultado de la puesta en marcha de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en la Comunidad de Madrid. Dos años después, en 2021, un tribunal dejó sin efecto la sanción al considerar que la Administración había cometido “irregularidades procedimentales” que causaron indefensión en la afectada. Pero la polémica no acabó ahí. A finales de 2022, y con ese precedente, la Comunidad temió haber incurrido en un nuevo vicio procedimental y decidió arrancar de cero un segundo expediente sancionador contra la pseudoterapeuta, pese a que ya había concluido que debía ser sancionada con 22.000 euros. Y ahora llega esta decisión de la Fiscalía, tomada a raíz de una denuncia registrada en septiembre de 2022 por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

“Lo que denunciamos es que a nuestro juicio comete intrusismo profesional, publicidad fraudulenta, asociación ilícita y delito de odio, pues dice que puede diagnosticar una enfermedad (que no existe) y tratarla a través del coaching profesional”, explica Saúl Castro, abogado y presidente de esta asociación. “Eso son competencias que exclusivamente podrían ejercitar psicólogos o psiquiatras”, opina. Y recalca: “El TOC homosexual no es una enfermedad diagnosticable”.

Este periódico solicitó la versión de Lorenzo, sin obtener respuesta ni tampoco indicaciones sobre quién la representa legalmente.

En la web donde se ofrecen sus servicios define el supuesto TOC homosexual como “un problema” que puede nacer “de alguna herida afectiva”. “Es un trastorno obsesivo que se da con frecuencia entre hombres heterosexuales”, se abunda. “Muchas veces se diagnostica incorrectamente como una homosexualidad “reprimida”, lo que provoca más ansiedad en las personas que lo sufren”, se añade. “Otras veces se interpreta erróneamente como una parte inicial del proceso de salida del armario”, se continúa. Y se plantea una terapia para “vencer los miedos y reducir la ansiedad y, con ella, las obsesiones y compulsiones”.

A raíz de la denuncia de la Fiscalía, un juez decidirá si estudia si expresiones como esa atentan, o no, contra los derechos del colectivo LGTBI. Esto es lo que se lee en la denuncia.

“Los denunciados [Lorenzo y su marido] ofrecen información falsa”, argumenta la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. “Se presentan a sí mismos como expertos en acompañamiento a personas con sentimientos homosexuales no deseados, a pesar de que esta formación no es oficial, ni está homologada ni reconocida por ningún organismo”, siguen los denunciantes. “Ofrecen servicios para tratar una supuesta modalidad de Trastorno Obsesivo Compulsivo (‘TOC’), a saber, el “TOC Homosexual”, a través del coaching de identidad”, se añaden. “La propia promoción de estos servicios ya constituiría en sí misma la promoción y fomento público directo de discriminación contra un grupo por motivos de orientación sexual”.

Nuevo expediente sancionador

Mientras la justicia decide si inicia la vía penal, la Administración madrileña ha empezado a incoar de nuevo un expediente sancionador contra Lorenzo. En noviembre, un defecto de forma en el expediente abierto para sancionar con 20.001 euros por falta “muy grave” el curso Camino a la heterosexualidad, de la misma pseudoterapeuta, llevó a la Comunidad de Madrid a archivar sus actuaciones y comenzar desde cero la investigación de un caso de presunta “promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad”.

¿Qué ocurrió? Que la Comisión Preparatoria del Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso indicó que “cabe apreciar un vicio de procedimiento causante de indefensión, lo que podría dar lugar a la anulación de la resolución sancionadora”, ya que se permitió indebidamente la personación de asociaciones que así han conocido todos los detalles del caso, y pudieron alegar en el mismo. Apunta la comisión que “dado que aún no ha prescrito la infracción, por su carácter de muy grave, parece razonable dictar resolución de archivo e incoar un nuevo procedimiento”. Y, tras tres años de instrucción, todo ha empezado de nuevo desde cero.

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