La Cámara de Cuentas alerta del caos en la gestión de las ayudas sociales de Madrid, señala pagos millonarios indebidos y pide más control

La Cámara de Cuentas alerta sobre el retraso en la gestión de las ayudas contra la exclusión social de la Comunidad de Madrid, y sobre su falta de control y seguimiento, en un informe fechado de mayo correspondiente a los ejercicios de 2019 y 2020 (un año marcado por la pandemia). El documento del ente fiscalizador insta al Ejecutivo a aumentar su plantilla para asegurar que las solicitudes se gestionan en tiempo y forma, que los perceptores no reciben cobros indebidos tras dejar de cumplir los requisitos, y que estos se reclaman en favor de las arcas públicas. Un inusual tirón de orejas en el que se llega a advertir a la Comunidad de que se arriesga a posibles reclamaciones patrimoniales por parte de los afectados, y en el que se subraya que se puede generar “indefensión” en los solicitantes rechazados al no motivar las causas de la denegación de las ayudas. La dureza de la crítica ha reverdecido un conflicto político que marcó la gestión de Madrid en medio de lo peor de la pandemia: el enfrentamiento entre PP y Cs, que entre 2019 y 2021, con Isabel Díaz Ayuso al frente, formaron el primer gobierno de coalición de la historia de la región.

“Los datos que refleja el informe corresponden a la etapa de los consejeros designados por Ciudadanos”, argumenta un portavoz gubernamental en referencia al periodo en el que se sucedieron al frente del departamento de Políticas Sociales Alberto Reyero y Javier Luengo, aunque, en realidad, el PP estuvo al mando hasta agosto de 2019, pues el Gobierno de coalición no se firmó hasta ese momento. “En cuanto a la gestión realizada por el actual equipo durante la legislatura recién terminada (2021-2023), se han desarrollado una serie de medidas para mejorar los procedimientos y revertir la situación heredada de la anterior gestión”, añade. “Así, en materia de pensiones no contributivas y de Renta Mínima de Inserción [RMI] se ha puesto en marcha un Plan de Choque 2022-2023, que ha permitido mejorar la eficiencia en la tramitación tanto de las prestaciones como de los cobros indebidos”, arranca su enumeración. “Y en lo que se refiere a la RMI también se ha trabajado en mejorar la motivación jurídica de las resoluciones, en la resolución en tiempo y forma de los recursos presentados y en el análisis de los expedientes para determinar si procede el reintegro de cantidades y, en su caso, reforzar el seguimiento y reclamación de las cantidades indebidamente percibidas”, sigue. “Todo ello ha permitido pasar de 1.520 expedientes resueltos en el periodo 2019-2020 a los 7.296 resueltos entre 2021 y 2022″.

Por comparación, es el retrato de un sistema caótico y asfixiado como poco durante el bienio 2019-2020. Estos son los principales defectos señalados por el ente fiscalizador en cada una de las líneas de ayuda estudiadas.

Grandes retrasos. En la RMI solo se resolvió favorablemente en el plazo máximo de tres meses legalmente establecido el 44% de las solicitudes de 2019 y el 62% de las de 2020. El retraso en notificar las ayudas que sí se concedieron llegó hasta los 51 y 179 días, una espera infernal para familias sin recursos que, advierte la Cámara de Cuentas, puede “dar lugar a responsabilidad patrimonial en la medida que la Administración debe responder de cualquier perjuicio causado por el funcionamiento de los servicios públicos”. Así, el 9 y el 11% de los solicitantes finalmente aceptados en 2019 y 2020 vieron como la Administración excedía el plazo legal para contestarles en entre tres y seis meses.

Hay, además, un agravante. La ayuda solo se paga “desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la resolución”. Así que las semanas volaron sin que familias necesitadas obtuvieran un ingreso al que tenían derecho, aunque, señala el informe de Cámara, muchas veces la culpa fue suya, pues tardaron en aportar toda la documentación requerida. La situación, en todo caso, “juega claramente en contra de los intereses del solicitante cuando se le reconoce el derecho a la prestación, ya que la Comunidad de Madrid no abona las cantidades de Renta Mínima devengadas desde la fecha de vencimiento del plazo máximo para resolver”, denuncia el informe del ente fiscalizador.

Sin embargo, ese no es el único problema con el tiempo detectado por la Cámara. Así, los recursos no se resuelven en plazo, lo que “conlleva inseguridad jurídica para el administrado y perjuicios inherentes a dicha dilación”. Y no solo eso. Las resoluciones de denegación, suspensión o extinción no están motivadas lo que puede “ocasionar al administrado, indefensión, al ignorar la causa o razón de la actuación administrativa”.

De esta forma, familias sin recursos se vieron sometidas a una agotadora cruzada administrativa. Y no fue algo excepcional. Los retrasos en la tramitación, seguimiento y control de la prestación, se concluye en el documento, son “estructurales”. Y no es un problema menor: según el informe, en los ejercicios 2019 y 2020, el número de familias y beneficiarios perceptores de la prestación se eleva a 28.643 y 24.415, que agrupan a un total de 91.076 y 78.605 personas beneficiarias, respectivamente.

Pagos indebidos. La Cámara hace el retrato de un sistema caótico, convertido en una madeja difícil de desentrañar en la que la falta de personal, la falta de supervisión en los centros municipales, y los requisitos a cumplir por los solicitantes actúan como cuellos de botella. Como resultado, sostiene el informe, hay 9,7 millones de euros pagados indebidamente que aún no se han conseguido recuperar de los 13,5 detectados desde el ejercicio 2010.

Peor aún. Los fiscalizadores creen que el Gobierno ni siquiera tiene un listado exacto de cuánto dinero ha pagado indebidamente, y tiene que recuperar, porque “en 80 de los expedientes analizados [por el método de cata] cabría reclamar cobros indebidos por un importe de, al menos, 113.208 euros, sin que los mismos estén incluidos en los listados aportados a esta Cámara”.

Los expertos de la Cámara de Cuentas llegan a una conclusión taxativa. Es esta: “Los datos evidencian que se produce un gran retraso, tanto en la identificación de beneficiarios que ya no cumplen los requisitos establecidos para la percepción de la renta [mínima de inserción], como en dictar la consiguiente resolución del procedimiento, originando un elevado importe de prestaciones indebidas que, debido a las características del colectivo, resultan de muy difícil recuperación, por lo que es fundamental la detección temprana de estos casos para suspender o extinguir la prestación, según corresponda, a través de un sistema de inspección y control eficiente”.

De hecho, en 2019 y 2020 hubo que archivar hasta 52 reclamaciones de cobros indebidos de la renta mínima de inserción porque el plazo había caducado.

Déficit de control. El organismo fiscalizador identifica en el caso de las pensiones no contributivas “un déficit de control por parte de la Administración, que puede dar lugar a la percepción indebida de la prestación a pensionistas que no cumplen con la obligación legal establecida” de presentar anualmente un informe de que siguen cumpliendo con los requisitos. Por esa razón, la de haber fallecido, haber mejorado su situación económica, o haber logrado trabajo, se habían realizado hasta 7.716.292 euros en pagos indebidos durante el periodo 2019-2020, según la Cámara.

No es, por lo que se ve, un caso único, pues los fiscalizadores aseguran que en las prestaciones para personas con discapacidad ni siquiera se hace la revisión preceptiva de que los perceptores de la ayuda siguen cumpliendo los requisitos.

Esto recomienda la Cámara: “La Consejería deberá resolver las solicitudes de prestaciones no contributivas en el plazo legal establecido y a la revisión anual de los expedientes de pensión no contributiva y pensión por discapacidad en los términos establecidos en el manual de procedimiento unificado de gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, para lo cual deberá dotar de los medios humanos y técnicos necesarios a la unidad encargada de su gestión”.

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