Los transportistas madrileños realizan una marcha lenta para denunciar su “expulsión” del centro

Las principales asociaciones del sector de transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid y de viajeros discrecional y regular de uso especial en autobús han llevado a cabo la mañana de este lunes una marcha lenta para denunciar su “expulsión” del centro de la capital a partir del 1 de enero y reclamar una moratoria de tres años. En concreto, la manifestación, que ha salido pasadas las once de Méndez Álvaro con la autorización de la Delegación de Gobierno, ha sido convocada por ATA (Asociación de Transportistas Autónomos), ATG (Agrupación de Transportistas de Getafe), CETM-Madrid (Confederación Española de Transporte de Mercancías), Fenadismer Madrid (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte) y Aetram (Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar), y ha reunido a 110 camiones, furgonetas y autocares con crespones negros y pancartas en las que se podía leer El alcalde ultraecologista arruina a los transportistas.

La larga fila de vehículos se ha dirigido de Méndez Álvaro hasta el paseo del Prado para llegar a la Castellana y, desde allí, dar la vuelta en la Glorieta de Emilio Castelar para retornar a esta vía hasta llegar a Cibeles y acabar en cerca de la plaza de la Independencia. Con esta marcha, denuncian las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la Zona de Bajas Emisiones en el distrito Centro de Madrid a partir de 1 de enero de 2024, así como por sus limitaciones horarias, y reclaman una moratoria de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2026. Tras su entrada en vigor, no podrán entrar en el centro las furgonetas hasta 3,5 toneladas, con lo que el sector denuncia que “prácticamente el 70% de la flota actual de distribución urbana de mercancías no podrá realizar su trabajo en el centro”. Especialmente perjudicado será el sector de las mudanzas, “en el que el porcentaje de la flota que no cumple con los distintivos ambientales supera el 80%”.

Una moratoria de tres años

Esta “grave situación” también afectará a todos los autocares de menos de 3.500 kilos con distintivo B, que tampoco podrán acceder a partir del 1 de enero de 2024, medida que se ampliará a todos los B sin distinción desde el 1 de enero de 2025. En este caso, afectará a más del 60% de la flota actual de autocares discrecionales y turísticos, según alegan los convocantes, que ponen el acento en el “grave perjuicio de movilidad para los turistas”.

Los convocantes recuerdan que en los últimos años el sector “ha vivido una difícil situación económica” por la subida del carburante, lo que ha hecho que no tenga pudiera renovar su flota. A ello se unen “otros inconvenientes” como es “la ausencia de infraestructura asociada y la falta de puntos de recarga eléctricos”. Por ello, solicitan un plazo para adaptarse de tres años al Ayuntamiento, un asunto que se ha debatido en el pleno de este lunes a petición de Vox, pero que ha decaído por el voto en contra de PP, Más Madrid y PSOE.

Antes del debate, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante ha acusado a Vox de “manipular y mentir” a los transportistas “para generar una confrontación absolutamente inexistente”. Carabante ha recordado que las furgonetas hasta 3,5 toneladas con distintivo ambiental B que a partir de 2024 podrán seguir entrando a la zona de bajas emisiones siempre y cuando cumplan dos requisitos: tener invitación para entrar al distrito Centro por parte de algún residente de la zona de bajas emisiones, o estacionar en un aparcamiento del interior de la zona. Lo mismo ocurre con los turismos con etiquetas B y C.

Carabante ha recordado que el Ayuntamiento concedió de hecho una moratoria a estos vehículos hace justo un año, pero los tribunales tumbaron la medida tras las denuncias de PSOE y Más Madrid. “La sentencia solo dijo que había un defecto de forma, pero el Ayuntamiento tiene los instrumentos legales necesarios, si tiene voluntad, para volver a aprobar una moratoria y coordinarse con lo que establece la Unión Europea, que es que a partir de 2027 entre en vigor las nuevas medidas medioambientales en materia de vehículos de transporte”, ha replicado el portavoz de Fenadismer, Luis Gil. “De mantenerse el actual calendario, se producirán problemas de abastecimiento en el centro, ya que no existirán vehículos suficientes para poder desarrollar el servicio y, por tanto, el problema será del Ayuntamiento, no de los transportistas”, ha añadido Gil.

Los transportistas también reclaman que se permita el acceso de los vehículos profesionales al centro en horario de tarde “a fin de evitar la concentración de estos vehículos en la circulación y en las reservas de carga y descarga en el horario de la mañana”. Jorge Somoza Martín, director general de CETM Madrid, ha recalcado que el sector de las mudanzas es el más afectado y, a su juicio, requiere un tratamiento específico, ya que estos vehículos realizan recorridos muy cortos y pasan estacionados la mayor parte de la jornada, “por lo que se deberían exceptuar sus prohibiciones de acceso”.

Finalmente, subrayan que el actual Gobierno municipal se mostró “muy crítico” con la regulación de Madrid Central que planteó en 2018 la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, y que José Luis Martínez-Almeida “se comprometió con el sector del transporte” a analizar la situación a raíz de la moratoria aprobada el año pasado, por lo le piden que “abandone la senda ultraecologista” que aseguran que mantiene y que adopte “medidas realistas y asumibles para los transportistas”. Tras llegar al poder, Almeida sustituyó Madrid Central por Madrid 360 y Más Madrid recurrió la nueva ordenanza de movilidad ―aprobada el 13 de septiembre de 2021 con los votos de PP, Cs y el Grupo Mixto, integrado por cuatro concejales escindidos de Más Madrid―, por vulnerar presuntamente el principio de no regresión. A su julio, permite el acceso de 50.000 coches más que Madrid Central. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, consideró que “la nueva regulación supone un retroceso medioambiental”.

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