Ayuso amplía su alianza con la multisancionada Glovo: 500 envíos en seis meses para llevar gratis comida a personas vulnerables

Más horas, más tiempo y más comida. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, y Glovo, empresa sancionada con más de 205 millones de euros por vulnerar los derechos de trabajadores, acaban de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 el convenio que les unía hasta finales de 2023 para distribuir comida a población con problemas de salud o movilidad a la que se atiende en alguno de los cuatro comedores sociales de la región. Los riders podrán llevar ahora todas las comidas del día (antes quedaban excluidos los almuerzos que se elaboraban en los comedores de lunes a viernes). También se han aumentado los periodos de reparto (una hora por la mañana, y media hora por la tarde), aunque se siguen excluyendo las horas de alta demanda de pedidos para no perjudicar a la buena marcha del negocio de la compañía. Y las dos partes parecen decididas a profundizar en una alianza que concita las críticas de la oposición de izquierdas, que ve una vuelta a la beneficencia en un servicio que Glovo presta gratuitamente, como parte de su política de responsabilidad corporativa. Ninguna otra Administración pública ha firmado un acuerdo así, según detalla la compañía.

“Dejar en manos de la beneficencia lo que tendría que hacer la administración es casi una seña de identidad del Gobierno de Ayuso”, opina Javier Padilla, de Más Madrid, el partido que lidera la oposición en la región. “Si esta es una necesidad existente, no puede depender de la responsabilidad social corporativa, ni de la beneficencia de una empresa”, argumenta. “Si en la empresa deciden dejarlo, ¿qué hacemos con esto?”, se pregunta. “Si este servicio es necesario, tiene que tener su estructura, y no depender de una empresa a la que no le preocupa especialmente el servicio que va a prestar”, razona, recordando que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se posicionó en contra de la ley rider, diseñada para acabar con los abusos sobre los falsos autónomos en el sector del reparto, y que el PP, que sostiene al Ejecutivo, recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional. “Nada es casual. Aquí nadie hace nada gratis”.

Una línea crítica que también mantiene el PSOE. “No es el hecho en particular lo que nos preocupa, sino lo que esconde y lo que hay detrás de ello”, advierte Juan Lobato, el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid. “Hay un plan, hay una estrategia de la Comunidad de Madrid de ir desprendiéndose y de ir soltando la responsabilidad que tiene sobre asuntos sociales y sobre políticas sociales”, lamenta. Y denuncia: “Los comedores sociales no son repartir comida a gente en dificultades o que no tiene recursos, los comedores sociales son parte de la protección social que tiene la obligación la Comunidad de Madrid de proveer”.

Para la oposición, el convenio forma parte de una estrategia para mejorar la imagen de una compañía en el ojo del huracán por sus constantes problemas con la Inspección de Trabajo por emplear falsos autónomos o trabajadores sin permiso de trabajo. En total, Glovo ha sido castigada con más de 205 millones en multas por actuar de forma improcedente con 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin la documentación pertinente. Como el Gobierno considera que la principal empresa del sector esquiva la legislación recogida en la ley rider de 2021, pese a las multas, busca otras vías para provocar el cambio: en agosto advirtió de que estaba dispuesto a poner en marcha “la vía penal” para rectificar ese modelo de negocio, según explicó a este diario el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Mientras tanto, la alianza entre el Gobierno de Madrid y Glovo va a toda mecha. Entre mayo, cuando empezó a aplicarse el convenio, y octubre, se han realizado 495 envíos a través de la APP de Glovo, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De esos 20 envíos semanales de media, 19 en total registraron fallos o incidencias al ser errónea la dirección o no encontrarse presente en el domicilio “el beneficiado”, tal y como define la propia Comunidad a los receptores de los envíos. El servicio, que solo se presta en zonas decididas por Glovo, tuvo como destinos los distritos de Centro, Carabanchel, Chamberí y Puente de Vallecas. Y el origen de los envíos estuvo mayoritariamente en Usera y Arganzuela, donde se encuentran los comedores de Calle Canarias, Plaza Elíptica y San José, aunque en agosto y septiembre también se mandaron comidas desde Chamberí (comedor Santa Isabel).

Inserción laboral

“La Comunidad de Madrid ha transformado el programa de comedores sociales, haciendo que pase de ser solo una prestación asistencial a un motor de inclusión social, al lograr que 24 de sus usuarios se hayan introducido en los diferentes itinerarios de inserción laboral”, defiende un portavoz gubernamental. “Se ha reforzado el convenio de reparto que se mantenía con la empresa Glovo, facilitando que a aquellas personas en situación de vulnerabilidad con problemas de movilidad puedan llegarles alimentos recién hechos y ampliando también el horario de reparto”, añade. “La Comunidad de Madrid gestiona de forma directa un total de cuatro comedores sociales con capacidad para más de 1.000 personas, lo que suma un total de más de 3.000 comidas al día y más de 1 millón al año”.

Esta política parece ser una apuesta de largo aliento por parte del Ejecutivo de Ayuso: entre la firma del primer convenio con Glovo y el segundo se celebraron las elecciones autonómicas, y hubo un cambio de consejera (de Concepción Dancausa a Ana Dávila-Ponde de León). En ese contexto, la compañía espera ofrecer un máximo de 80 servicios diarios y 29.000 anuales a usuarios de los cuatro comedores sociales públicos de la región.

“Glovo, a través de su iniciativa Glovo Access, pone a disposición de entidades su tecnología para facilitar el acceso y distribución de cestas de alimentos a colectivos en situación de vulnerabilidad”, explica una portavoz de la compañía, que reconoce que la Comunidad de Madrid es la única administración pública española que ha firmado un convenio de este tipo. “Desde su lanzamiento en 2020 y gracias a la colaboración de más de 80 entidades, se han recuperado 700 toneladas de alimentos en España y se han entregado más de 200.000 cestas de comida a colectivos en riesgo de exclusión social”, afirma. “En los 22 países en los que esta iniciativa está presente, se han recuperado más de 1.000 toneladas de alimentos, lo que equivale a dos millones de cestas de comida, y se han entregado más de medio millón de pedidos con fines sociales”.

Entre ellos, los de los beneficiarios de comedores sociales con problemas de movilidad o salud en la Comunidad de Madrid.

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