Un tobogán junto a su señoría: cómo logra la justicia que las víctimas no se sientan solas

Un balancín, un tobogán y un columpio desentonan en medio de los rostros intranquilos que aguardan su turno, los funcionarios atareados y los agentes de seguridad que pululan por los pasillos. Y, sin embargo, forma parte del juzgado en el que se dirimen causas por violencia machista y agresiones sexuales. Un edificio que puede resultar excesivamente laberíntico, pero que está diseñado así precisamente para que denunciante y denunciado nunca se crucen. En el juzgado número 1 de violencia sobre la mujer, se halla la sede de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Comunidad de Madrid, un servicio centrado en ayudar en el abrumador proceso judicial a aquellas personas a las que más les cuesta dar el paso de recurrir a la justicia. El 67% de las víctimas a las que atienden ha sufrido violencia machista o sexual.

Este servicio está a disposición de cualquier víctima y se encuentra presente en todos los partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Aquí vienen derivados desde los juzgados, de la fiscalía, el colegio de abogados o de las comisarías y llegan a un equipo compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas, gestores y juristas. “A una víctima siempre hay que decirle la verdad”, asevera María Jesús Juárez, coordinadora de la oficina. La verdad sobre lo que les espera, sobre la dureza del proceso, lo que van a necesitar, cuánto va a durar y qué les van a preguntar una vez que han dado el paso de denunciar. Por ejemplo, el porcentaje de víctimas de violencia machista que renuncia a declarar contra su agresor una vez iniciado el proceso es del 10%, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La coordinadora usa sobre todo el femenino porque el 90% de las 11.402 asistencias de 2023 se hicieron con mujeres. Un porcentaje que se repite año tras año. De ellas, el 35% de los expedientes corresponden a violencia de género, el delito que más se atiende. En segundo lugar, apoyan a víctimas de agresiones sexuales, lo que supone el 31% del total. En tercer puesto, reciben a afectados por violencia doméstica, que representa un 9% de los casos, especialmente asuntos de hijos que agreden a sus padres. “Cuando un progenitor acaba denunciando a su hijo, detrás hay años de agresiones y de aguante. Llega en el momento en el que teme por su integridad física”, reflexiona Juárez.

A sus manos llegan asuntos muy mediáticos y otros horrores cotidianos que no salen a la luz. No pueden hablar de ninguno de ellos, pero todos dejan huella en su interior. A Juárez le impactó uno en el que la víctima fue un chico del colegio de su hijo. Ruth Otero, psicóloga, recuerda un asunto en el que los afectados eran unos niños muy pequeños que habían sufrido amenazas y abusos de un profesor. Milagros Bautista, trabajadora social, no se olvida de dos hermanos a los que su padre violaba y ofrecía a otros.

No hay ningún caso igual, ni mucho menos. “Nuestra intervención depende del caso. Algunas mujeres necesitan recursos sociales porque el inicio del proceso supone irse de la casa en la que viven con un agresor del que dependen económicamente, otras, apoyo psicológico para llegar hasta el final, otras saber cómo pueden acceder a un abogado…”, resume Juárez. “Además, hay que saber darles su tiempo y espacio. Hay veces que he tenido aquí a una chica que solo quería salir de aquí para volver con su novio y un mes después la he vuelto a ver en el juzgado con un ojo morado y se ha sentido avergonzada, pero yo trato de quitarle esa culpa, no podemos juzgar ni presionar”, relata. Su actividad no deja de crecer, en 2023 atendieron un 25% más de casos que el año precedente.

Las personas a las que reciben en esta oficina son los rostros de las estadísticas. Cada vez ven más ciberdelitos: “Tenemos a chicas que se quieren suicidar porque alguien de su confianza ha difundido sus vídeos sexuales. Completamente machadas y encerradas en casa”. También ven el maltrato y agresiones entre adolescentes: “Lo peor es que naturalizan que una relación sea así, que no pasa nada porque ese día no le apeteciera mantener relaciones, no se reconocen como víctimas”. Tienen que intervenir en situaciones de violencia entre ancianos: “Recuerdo a una mujer a la que su marido había pegado en la muñeca. Los dos dependientes el uno del otro para vivir. Los hijos no podían más con la situación porque no tenían recursos para hacerse cargo de ellos. Situaciones muy complejas que no se resuelven solo con una medida judicial”.

En una de las salas, la perra Eika, una labradora negra y mansa, descansa junto a su cuidadora Saskia. Unos niños que tienen que ofrecer su testimonio la acarician. Todos ellos están a punto de entrar a la cámara Gesell, un espacio especialmente diseñado para tomar declaración a víctimas y testigos vulnerables como pueden ser los menores, que entró en funcionamiento en Madrid en 2019. Un 12% de los expedientes de esta oficina son de menores de edad que han sufrido abusos o maltrato. Aquí también exploran a niños que han podido ser testigos de una agresión en su familia o para comprobar si se ha quebrantado una orden de alejamiento.

La cámara Gesell es un espacio neutro, de colores claros y luz natural, en el que hay un sofá azul y una mesa con dos sillas, una psicóloga con pinganillo es la encargada de hacer las preguntas. Al otro lado del cristal se encuentra el juez, los abogados y el fiscal. Antes de entrar, los operadores judiciales entregan a la psicóloga una guía con las cuestiones que quieren plantear en la toma de declaración, ella se encarga de traducir estas preguntas al lenguaje apropiado para que un niño reviva algunos de los momentos más traumáticos de su vida y esto no le deje una herida más profunda.

Esta será la única vez que una víctima especialmente vulnerable tenga que prestar declaración, porque es la que se usará en el juicio, al contrario de lo que ocurría antes, cuando debía revivir lo sucedido en varios momentos del procedimiento. Es lo que se llama la prueba preconstituida.

Además de la cámara, en la que se celebran cada día hasta cinco o seis pruebas así, la sede dispone de una sala de juegos con un llamativo mural de peces y centenares de dibujos de todos los menores que han pasado por ella. Aquí, o en el parque infantil al aire libre, es donde esperan los hijos de las víctimas que acuden a la oficina o que vienen a declarar ante el juez. Todo se hace para que esta experiencia no deje huella en los menores. “Una vez, tenía que declarar un niño con espectro autista y llegamos a la conclusión de que la única forma en la que iba a ser posible era que viniera con su perrito, de modo que pedimos esa autorización al juzgado”, cuenta Juárez.

El personal de este servicio está para el antes, el durante y el después. “Nadie sabe qué va a pasar si no has vivido algo así. Cuántas veces tendrás que declarar, qué te van a preguntar, qué consecuencias va a tener lo que cuentes… La primera preocupación de casi todas las mujeres que vienen aquí es qué va a pasar con sus hijos, pero también, si van a meter al padre en prisión”, apunta Milagros Bautista, trabajadora social.

Acompañan a los denunciantes también el día del juicio oral, como sucedió hace unas semanas, cuando uno de los miembros de la oficina estuvo al lado de un chico que fue macheteado en la cabeza con 14 años y que tenía que contar lo que pasó el día en el que quedó en coma y tuvo que renacer a una nueva vida con un 90% de discapacidad. “Llegamos antes, planificamos por dónde va a entrar la víctima para no tener que ver a ningún acusado, les explicamos qué es lo que va a ocurrir y que no se tiene que sentir atacado ni cuestionado ante las preguntas y también intentamos aligerar las largas esperas”, señala Ruth Otero, psicóloga. Un largo proceso en el que es mejor que alguien acompañe.

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