El máximo tribunal griego anula la polémica reforma televisiva de Tsipras

El fallo del Consejo de Estado, filtrado en la noche del miércoles por los medios locales, pone punto y seguido a semanas de lucha encarnizada entre el Gobierno y los miembros del Consejo de Estado, con filtraciones de trapos sucios de alguno de los jueces y acusaciones de chantaje y de ejercer presión al Ejecutivo. El origen del contencioso es la subasta, por parte de éste, de cuatro licencias de emisión por 246 millones de euros, lo que reducía a la mitad el pantanoso mapa de los canales privados, algunos de los cuales funcionaban con permisos caducados hace años, y sin tributar por ellos. Fueron precisamente los empresarios de comunicación que quedaron fuera del reparto, acordado a fines de agosto, los que recurrieron la reforma al Consejo de Estado.

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Papás, factótum del Ejecutivo y hombre más próximo a Tsipras, criticó abiertamente el fallo en su cuenta de Twitter: “La sentencia crea un sentimiento de injusticia (…) Los Gobiernos no los tumba una decisión judicial, sino el pueblo”. La portavoz del Ejecutivo, Olga Yerovasili, dijo de forma airada que el fallo priva al Estado de unos fondos “que habrían servido para sufragar la escuela para más de 14.000 niños, y para pagar a más de 4.000 enfermeras en los hospitales [públicos]”. Papás confirmó que el Gobierno presentará el próximo lunes en el Parlamento un nuevo proyecto de ley que sustituya al anulado, y que los canales seguirán funcionando con permisos provisionales de un año —según la ley invalidada, los excluidos deberían haber cerrado en diciembre— hasta que el organismo regulador de medios pueda organizar una nueva subasta.

El Parlamento estudiará por enésima vez el lunes la constitución de este consejo regulador, que debe formarse por acuerdo de todos los partidos con representación en la Cámara y que "se encuentra bloqueado desde 2015 por Nueva Democracia", principal partido de la oposición, señala una fuente cercana al Gobierno de Syriza. "El fallo declara inconstitucional el derecho del Gobierno a subastar las licencias [de emisión], no la totalidad de la ley de medios", o ley Papás, como es conocida, matiza esta fuente.

El proceso de revisión de la reforma televisiva por el Consejo de Estado no ha estado libre de escándalos, pese a que su presidente fue nombrado por Syriza. Hace diez días, la revelación en un portal informativo de detalles de la vida privada de uno de los miembros del alto tribunal que más abiertamente se oponían a la reforma televisiva, provocó una agria polémica entre la judicatura y el Gobierno. La Unión de Jueces y Fiscales denunció, sin dar nombres, un “intento de chantajear” al Consejo de Estado “con métodos que recuerdan los usados por los regímenes fascistas”. El ministro de Justicia, por su parte, encargó una investigación sobre los trapos sucios filtrados.

El Gobierno no parece dispuesto a tirar la toalla en lo que constituye la mayor apuesta de su mandato, tras verse obligado a renunciar a parte de sus promesas electorales al aceptar en julio de 2015 el tercer rescate (86.000 millones, tres años). La segunda revisión del programa discurre estos días en Atenas, con discusiones centradas en nuevos ajustes del mercado laboral y la seguridad social, mientras el Ejecutivo de Tsipras intenta preservar el ADN izquierdista de su programa con otras medidas, la más ambiciosa de todas la reforma televisiva, de la que aseguraba que pondría fin a una pantanosa maraña de intereses empresariales y políticos que atenazaba el establishment. Sus críticos, sin embargo, le reprochan un intento apenas disimulado de yugular la libertad de expresión y de sustituir ese denso entramado de intereses por el suyo propio.

Aunque no se prevén consecuencias políticas inmediatas —el ministro Papás ha asegurado que no dimitirá—, la decisión del Consejo de Estado supone un serio varapalo para Tsipras. Máxime, como este jueves señalaban algunos medios locales, al recordar que el máximo tribunal sí validó en su día decisiones igual de polémicas como el cierre de la radiotelevisión pública ERT en 2013 por el  Gobierno de Andonis Samarás; la gran quita de deuda privada en 2012 (conocida técnicamente con sus siglas inglesas, PSI) o medidas derivadas de los tres rescates financieros firmados por Grecia. "El Consejo de Estado no ha encontrado inconstitucionales los acuerdos de rescate, que se han sustanciado en consecutivos recortes de sueldos y pensiones desde 2010, ni el cierre de la ERT, ni la quita de la deuda privada, pese a que han mermado los fondos sociales y trasladado el peso de la deuda de hombros de los acreedores a espaldas de los contribuyentes", subraya la fuente cercana al Gobierno.