El negociador de la UE advierte de que el pacto sobre la transición del Brexit no está garantizado

La etapa que se antojaba más sencilla en el tortuoso proceso del Brexit corre el riesgo de frustrarse. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha alertado este viernes de que los “desacuerdos sustanciales” que mantienen Bruselas y Londres pueden hacer descarrilar el periodo de transición entre la salida británica y el futuro acuerdo bilateral. “Si persiste el desacuerdo, sin duda habrá un problema y el pacto [sobre la transición] no está garantizado”, ha subrayado en conferencia de prensa. El reloj de los plazos sigue corriendo. Casi 11 meses después de iniciar el diálogo —y 20 meses después del referéndum—, las principales incógnitas están por despejar. La UE quiere zanjarlo para el mes de octubre, de forma que el Parlamento Europeo pueda aprobarlo antes de la fecha oficial de salida, el 30 de marzo de 2019.

Como colofón a la ronda negociadora que se ha desarrollado esta semana en Bruselas —la primera después de cerrar en diciembre la fase del divorcio—, Barnier se ha declarado “sorprendido” por las reticencias británicas a aceptar las condiciones de transición. Más aún cuando el diseño de este periodo intermedio fue una petición del Gobierno de Theresa May para evitar un abismo el día de salida de la UE. Bruselas exige que los ciudadanos europeos que recalen en Reino Unido —e igualmente los británicos que se muden a otro país comunitario— entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 puedan acumular derechos idénticos a los de quienes se desplacen antes del Brexit. May también es reacia a aceptar un elemento delicado para quienes defendieron vivamente abandonar la Unión: la tutela del Tribunal de Justicia de la UE durante ese plazo. La mayor sorpresa de Barnier deriva de que Reino Unido plantea ahora participar en las políticas de justicia e interior durante esos meses. Este es, precisamente, un ámbito en el que Reino Unido se autoexcluyó de la regulación europea durante su pertenencia al club comunitario. Paradójicamente, al salir desea adherirse al menos a algunas de esas políticas.

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La falta de claridad británica sobre el tipo de relación que quiere mantener con la UE en el futuro irrita cada vez más a la Comisión Europea y a los Estados miembros. Barnier ha indicado, con cierta sorna, que la ronda de esta semana había abordado todos los asuntos previstos salvo el marco posterior al Brexit. El excomisario francés lo ha atribuido a problemas de agenda británicos, pero ha recalcado que se trataba de “la única reunión anulada hasta el momento”.

Otro elemento que contamina el diálogo es el encaje de Irlanda del Norte. Tal y como quedó pactado en el acuerdo de divorcio, en caso de que Londres y Bruselas no alcancen una solución óptima, la parte británica se compromete a garantizar un “pleno alineamiento” con la regulación europea para evitar una frontera rígida entre la República de Irlanda, perteneciente a la UE, e Irlanda del Norte, parte del reino británico. Barnier ha advertido de que las opciones para salvar ese escollo son muy limitadas: “Es importante decir la verdad. Si Reino Unido no desea formar parte del mercado único ni de la unión aduanera, los controles aduaneros son inevitables”.

Pactos comerciales con terceros

Cada vez más acorralado por los plazos, Reino Unido intenta a toda costa evitar una salida brusca en marzo de 2019. De forma paralela a la negociación en Bruselas, Londres lanzó a última hora del jueves una propuesta que la UE deberá mirar con lupa. Se trata de una prórroga automática y sin más trámites legales de todos los acuerdos que el club comunitario tiene suscritos con el resto del mundo. Es decir, que el centenar de países cubiertos por estos pactos (comerciales, de aviación, de intercambio de datos…) siguieran aplicándose a Reino Unido durante la fase de transición (presumiblemente, hasta diciembre de 2020).

La justificación de Londres para plantear esta peculiar lectura del divorcio es que “preserva la integridad del orden legal de la UE” y permite una continuidad beneficiosa para todos. Los representantes británicos dejan caer que ya se han puesto en contacto con muchos de estos terceros países y que respaldan plenamente la iniciativa. Para la UE, el riesgo es que Londres emplee como base esa extensión del statu quo para replicar unos acuerdos patrimonio de la familia comunitaria que Reino Unido abandona pero que, con esta fórmula, podrían perpetuarse para los británicos. Los socios europeos —en particular Francia y Alemania— insisten en que cualquier arreglo alcanzado con Londres debe implicar la pérdida de todos los derechos inherentes a la UE. De lo contrario, argumentan, el incentivo para que otros miembros de la UE planteen encajes específicos que excluyan los elementos que consideren perjudiciales es enorme.