El Gobierno de Trump quiere cambiar la ley para poder mantener detenidas a las familias inmigrantes

El Gobierno de Donald Trump se reafirma en su política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular. El Departamento de Interior ha planteado una nueva regulación que le permitiría mantener a los menores de edad detenidos más de 20 días, con lo que podría mantener juntas a las familias de inmigrantes en la cárcel mientras se procesan sus casos en el juzgado. De esta forma, Trump podría cumplir su política de procesar criminalmente a todos los inmigrantes irregulares sin separar a las familias.

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La llamada política de “tolerancia cero” en la frontera sur de Estados Unidos fue hecha pública en mayo por el fiscal general, Jeff Sessions, después de meses de aplicación y cuando ya había al menos una denuncia en los juzgados. Consiste en reforzar con jueces y fiscales todos los juzgados de inmigración e imputar un delito a todo inmigrante que cruce irregularmente la frontera. El criterio tiene una consecuencia automática. Después de 20 días en un centro de detención, los menores son separados de sus padres y pasan a estar custodiados por el Departamento de Vivienda y Servicios Sociales, que los distribuye en albergues y familias de acogida como si fueran menores no acompañados.

El Gobierno reconoció que separar a las familias no era un daño colateral de su política, sino algo buscado. El drama de la separación debía servir como elemento de disuasión para que los migrantes no fueran a Estados Unidos con sus hijos. Las cifras de detenciones de inmigrantes, la principal variable para medir la presión en la frontera, han bajado con Donald Trump. Pero ha subido el número de familias con menores, lo que se ha convertido en la principal preocupación de la Administración.

Una ola de indignación pública obligó a Trump a detener la práctica de separación de familias por medio de una orden ejecutiva. Desde entonces, las familias son liberadas con cargos en espera de juicio, como ocurría con el Gobierno anterior. A esto, Trump lo llama “cazar y soltar”.

En el centro de la cuestión legal se encuentra un caso de 1997 que dio lugar a lo que se conoce como el acuerdo Flores. Aquel acuerdo judicial establecía la necesidad de que el internamiento temporal de inmigrantes irregulares cumpliera unas determinadas condiciones de dignidad e higiene, y también establecía que los menores debían ser liberados lo antes posible y trasladados a un entorno sin retrasos innecesarios. El Gobierno estableció que el tiempo necesario para estudiar la credibilidad de una demanda de asilo eran 20 días, que quedó establecido como el límite de la detención para los menores.

En el borrador propuesto este jueves, el Gobierno de Trump permitiría detener a los menores en lugares que no estén certificados por los estados, sino por un auditor externo, lo cual hace saltar las alarmas en los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes. La propuesta, para la que comienzan ahora 60 días de alegaciones, dejaría vacío de contenido el acuerdo Flores y permitiría la detención de menores con sus padres durante más tiempo, que es el objetivo declarado de la Administración como parte de su política de disuasión de los migrantes.