Centroamérica: una región sin respuestas ante la crisis migratoria

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Entre enero y abril más de 31.000 guatemaltecos fueron deportados desde México y Estados Unidos, una cifra que refleja el aluvión de sin papeles que llegan desde Centroamérica y que ha generado una fuerte crisis entre Washington y el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador. Aunque ambas naciones lograron un acuerdo —que por el momento impide que se cumpla la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel general del 5% sobre los productos mexicanos a cambio de compromisos para frenar el ingreso de indocumentados por la frontera—, su cumplimiento no solo depende de México. La interrogante ahora es qué harán los Gobiernos centroamericanos para frenar estas oleadas de personas que huyen del horror, de la violencia y la miseria que imperan en la región. Por el momento la única respuesta concreta ha sido militarizar las fronteras, dejando en el olvido a sus propios migrantes.

Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense revelan que en mayo fueron arrestadas casi 133.000 migrantes que ingresaron irregularmente a su territorio, un 32% más que en un mes antes. Las autoridades mexicanas, por su parte, han devuelto a más 45.000 personas a sus lugares de origen. Guatemala es uno de los principales países de partida de esta migración y también uno de los que más repatriados ha recibido en los últimos meses: 31.000 deportados entre enero y abril, de los cuales 18.000 son menores de edad.

“Creemos que la región tiene un reto, que es prevenir la migración irregular creando oportunidades y quienes lo hagan estén suficientemente informados si deciden migrar”, afirmó Salvador Gutiérrez, jefe de misión para el llamado Triángulo del Norte centroamericano de la Organización Internacional para las Migraciones. El problema es que la crisis migratoria no parece ser una prioridad para los Gobiernos de Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Nayib Bukele (El Salvador). Los dos primeros están debilitados tras varios señalamientos de corrupción y de supuestos vínculos con el crimen organizado. En el caso del salvadoreño Bukele, que tomó posesión el 1 de junio, su estrategia de Gobierno es todavía una incógnita a despejar.

“El Gobierno guatemalteco ha sido sumamente cuestionado. Morales se ha puesto a la defensa de sus propios intereses y se ha dedicado a hacer un cabildeo junto a sus embajadores en Washington y en Nueva York para poder cambiar la visión de EE UU en relación con la lucha contra la corrupción. Para eso ha estado incluso dispuesto a ponerse al servicio de la política antimigratoria [de Trump]”, explica Úrsula Roldán, experta en temas migratorios y directora de un instituto de investigación de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El Ejecutivo de Morales ha reforzado su política migratoria para reducir el flujo de migrantes que llegan a territorio estadounidense, según The Washington Post. La estrategia incluye renegociar los acuerdos regionales de apertura de las fronteras centroamericanas, romper las caravanas o hacerles pruebas de ADN.

Expertos en temas migratorios consultados por EL PAÍS critican lo que consideran la “criminalización” de la migración y la respuesta de militarizar las fronteras para impedir el paso de los migrantes, en detrimento de medidas que combatan las causas de esa migración, como la miseria, la violencia que desangra al Triángulo Norte, la falta de oportunidades para los más jóvenes y la falta de acceso a servicios básicos de calidad. “Una enorme mayoría de personas migrantes guatemaltecas provienen de las comunidades mayas, que han sufrido una exclusión y persecución histórica y que tienen las peores condiciones de desarrollo humano del hemisferio”, explica Pedro Pablo Solares, columnista sobre temas de migración en el diario guatemalteco Prensa Libre. Guatemala celebró elecciones el domingo tras una campaña en la que la crisis migratoria no fue un tema central.

El Ejecutivo de Hernández mantiene una respuesta similar en la frontera norte: reforzar la presencia de oficiales. El año pasado, miles de hondureños formaron parte de la caravana migrante que demostró la incapacidad del cuestionado mandatario de puesta en marcha de políticas para frenar la violencia que desangra el país. “Fue un golpe que el mundo se enterara de que su gente está saliendo o que el Estado no está funcionando, pero también la oportunidad de hacer lo que quería EE UU: militares deteniendo a la gente, con la frontera cerrada, para evitar que saliera… Lo que pedía Washington”, dice desde Tegucigalpa Karla Rivas, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica.

Frente a las políticas represivas de Guatemala y Honduras está la interrogante de Bukele, que a sus 37 años ha desarrollado una peculiar manera de gobernar a golpe de tuits y que no ha revelado cuáles serán las prioridades de su Gobierno. El tema migratorio casi no ha estado presente en sus discursos, aunque su canciller, Alexandra Hill, levantó controversia al ser cuestionada por periodistas sobre cuál será la estrategia del nuevo Gobierno ante la detención y expulsión de migrantes salvadoreños de EE UU. Su respuesta fue elocuente: “¿Cómo vas a morder la mano que te da de comer?”. Bukele tenía prevista una reunión con López Obrador el jueves, en Chiapas.

México presentó a mediados de mayo el llamado Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, elaborado junto al brazo de la ONU para el desarrollo en la región (la Cepal) y que pretende impulsar inversiones millonarias para generar empleo y bienestar y así como combatir las causas de la migración. El plan, que establece un gasto de 10.600 millones de dólares, ha sido recibido con frialdad por los líderes centroamericanos, aunque el subsecretario mexicano de Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, informó que Honduras se comprometió a implementarlo y también en apoyar a México en su estrategia frente a la migración ilegal. Es el primer país de la región que se pronuncia abiertamente sobre esta iniciativa. “La iniciativa es muy completa en relación con cuáles son las condiciones y las posibilidades para orientarse en un desarrollo sostenible”, apunta Roldán. “Pero los Gobiernos no se sienten reflejados en él, porque no participaron de la propuesta. Si México no tiene el liderazgo de implementarlo, no veo viabilidad política y ni económica: confía en que EE UU va a trasladar recursos, pero EE UU es sumamente duro para canalizar fondos”, cierra.