Un horizonte de fosas clandestinas

La noche transcurre entre cigarros y más cigarros y pláticas que no terminan porque no hay cómo terminarlas, porque después de una idea se hace hueco la siguiente, después de un dolor aparecen más: ¿qué le habrán hecho a mi hijo?, ¿dónde se lo llevaron?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué? Así pasan las horas en casa de Rosalía Castro, envueltas en volutas de humo y el rumor de una lluvia que inunda poco a poco las veredas. Diluvia en el Puerto de Veracruz, el calor es asfixiante. La señora Castro, de 63 años, una mujer hecha de orgullo y dignidad, saca su celular y muestras fotos de unas fosas, ya tapadas. Cada una tiene su número: uno, dos, tres, así hasta 156. La pantalla de su teléfono parece un mosaico de fotos de pollitos, pero el color amarillo de las imágenes es en realidad la pintura con que han escrito el número de cada fosa sobre trozos de cemento. Así es hoy Colinas de Santa Fe, un cementerio amarillo, vacío, rescatado del olvido.

En el listado de horrores que acumula México desde hace ya más de una década, las fosas de Colinas ocupan un lugar destacado, quizá cerca de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o las masacres de migrantes en Tamaulipas unos años antes. Colinas es el mayor cementerio clandestino jamás encontrado en México: 156 fosas, al menos 298 cuerpos -o identidades, porque el número refiere en realidad a los cráneos hallados en las fosas- miles de fragmentos de hueso, ropa, basura... Un cementerio clandestino usado por criminales, a veces con uniforme y otras sin él. En Veracruz, como en otros Estados de México, la línea entre delincuentes y autoridades no es siempre clara. A veces colaboran, a veces se dejan hacer. Pocas veces se castiga a los responsables. El hecho es que la desaparición forzada de personas se ha convertido en uno de los dramas de un país que no ve fin a la escalada de violencia. Son decenas de miles y sus familias los buscan en todas partes, vivas o muertas, en fosas, en lagos, en desiertos. En humedales plagados de mosquitos como Colinas de Santa Fe. 

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Repasado el terreno varias veces, en abril concluyeron las labores de búsqueda en Colinas. Todo lo que hubo allí ya está fuera. La semana pasada, familiares de personas desaparecidas del Colectivo Solecito instalaron un memorial en el predio, asistieron a una misa, cerraron una temporada de sus vidas. El Solecito ha sido clave estos años para las búsquedas. Han forzado a las autoridades a actuar, han sido ejemplo de constancia. Gracias al colectivo, algunos ya han encontrado a sus hijos, hermanos, esposos, aunque la mayoría no lo ha hecho. De los 298 cráneos desenterrados, las autoridades apenas han podido identificar a 22. Por un lado, faltan perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, gente que no se ha acercado a las autoridades a dejar muestras de ADN, por miedo o el motivo que sea. Por otro, según Lucy Díaz, cabeza visible del Solecito, falta "voluntad política de la Fiscalía". Sea como sea, no es ningún secreto que México sufre una crisis forense de enormes proporciones. Faltan medios, profesionales e inversión. Por eso en junio, el encargado de la oficina de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció una inyección de 20 millones de dólares para construir centros forenses y contratar profesionales.

La situación con los demás cementerios clandestinos de Veracruz es la misma que en Colinas. En el resto del país, igual. La lentitud en las identificaciones dificulta procesos psicológicos ya de por sí complicados, familias que un día supieron que alguien se había llevado a los suyos. La impunidad en muchos de los casos es irritante. Las familias han pagado de sus bolsillos parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, correteando a los fiscales, exigiéndoles trabajo, haciéndoles de chófer, llevando y entregando oficios, buscando lomas, páramos, desiertos donde buscar posibles fosas clandestinas. En el caso de Rosalía Castro, ella dice que al menos ha gastado un millón de pesos de su bolsillo, 50.000 dólares.

¿Y ahora? Ahora más de lo mismo. El jueves pasado, la señora Castro dedicó la mañana a hacer "prospecciones", esto es, a localizar nuevos puntos de búsqueda cerca del Puerto, fijar los puntos en un mapa y mandar las coordenadas a la Fiscalía General de la República. Entre los puntos que ya han visitado y los que tendrán que visitar son más de 20.

"A mí el miedo que me da es que me muera sin yo haber encontrado a Beto", dice. Roberto Carlos Casso, su hijo, que ahora debe tener 46 años, calcula la mujer, desaparecido junto a su novia, Cynthia Vicencio, el día de Nochebuena de 2011, mientras conducía del Puerto a Huatusco, su pueblo. "Este domingo me dio un ataque de ansiedad por primera vez", cuenta. Ella estaba justamente en Huatusco, en el bazar que puso para sacar algo de dinero y financiar las búsquedas. Llegó un familiar, le habló de una sobrina nieta que cumplía años. Le mencionó el día en que ella y Beto fueron a ver a la sobrina nieta cuando nació, hace ocho años, que si se acordaba. Y cómo no iba a acordarse, ¡claro que lo recordaba! Solo que no evocaba esa imagen desde hacía mucho tiempo. Y aquel recuerdo, aquella visión inesperada de Beto le cayó de repente entre ceja y ceja y le quitó el aliento. Un ataque de pánico.

A casi ocho años de la desaparición de Beto no hay un solo detenido. Los fiscales han tenido pistas, pero ya sea por desidia, incapacidad, miedo o complicidad, no han hecho nada. Ha sido Castro quien ha investigado, quien pidió los vídeos del banco del que sacaron dinero de la tarjeta de Cynthia el día en que se los llevaron; quien recorrió todos lo depósitos vehiculares del Estado para encontrar el carro de Beto. Ha sido ella la que ha lidiado con el banco de su hijo, los pagos de su camioneta, de su casa; ella ha tenido que pedir el certificado de presunción de muerte de Beto, algo que le dolió en el alma, porque aunque sea exigua, guarda una pequeña esperanza de encontrarlo con vida. Pero lo pidió para quedarse con las escrituras de la camioneta y la casa y así, en un tiempo, darle ambas cosas a su nieto, el hijo de Beto.

EL PAÍS ha intentado entrevistar a Jorge Winckler, fiscal de Veracruz, para preguntarle por los avances en casos como el de la señora Castro, en la identificación de restos, en las búsquedas y la localización de nuevos cementerios, pero no ha obtenido respuesta. Igualmente, este diario solicitó una entrevista con Patricia Trujillo, coordinadora de la división científica de la Policía Federal, ahora en la Guardia Nacional, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha dado permiso.

Corregir los errores del fiscal

Uno de los primeros cuerpos recuperados de Colinas fue el de Giovanni Palmeros. Desaparecido en enero de 2014 a manos de agentes de tránsito de Boca del Río, municipio vecino del Puerto, el cuerpo de Giovanni apareció en la fosa 21 de Colinas en octubre de 2016. Su padre, René, 61 años, explica que aún tardaron un año en analizar los restos, identificarlos y avisarle. El 11 de octubre de 2017 le llamaron de Fiscalía. En noviembre le entregaron a su hijo.

La suerte que tuvo, dice el señor Palmeros, es que Giovanni estaba solo en la fosa. Nada más había un cráneo en la 21. Si hubiera habido más de uno, piensa él, quizá habría sido más difícil, se mezclan los ADN. Pero él estaba solo.

El viernes pasado, en un café cerca de su casa, en un municipio cercano al Puerto, Palmero recordaba el día en que fue a ver la dichosa fosa 21. Fue poco después de saber que habían identificado los restos de Giovanni, durante una misa que ofrecieron en Colinas. Una misa para tomar fuerzas. "En esa ocasión nos afectó mucho", dice, "me asomé a la fosa, estuve ahí encima".

El señor Palmeros ha podido enterrar a su hijo, pero encara todavía una batalla judicial que se antoja larguísima. Ya se lo ha dicho el juez que lleva el caso: paciencia. Dos de los agentes están presos, pero otros dos no. Hasta ahora se les imputaba un delito de desaparición forzada. Desde que apareció el cuerpo de su hijo, también de homicidio. El peso de la acusación recae en buena parte sobre el trabajo que él ha realizado estos años. De hecho el viernes por la mañana fue a ver al fiscal para repasar un escrito que este debe presentar ante el juez. Corregir los errores del fiscal.

Dice el sociólogo uruguayo Gabriel Gatti que "cuando alguien desaparece [cuando le desaparecen] todo significado se rompe. La desaparición de alguien quiebra el vínculo entre el nombre y el cuerpo, destruye su conexión con la comunidad y sus relaciones sociales. La intención de las políticas sobre la memoria es llenar el vacío con significado".

Visto en perspectiva, el escenario que enfrenta René Palmeros es casi ideal. Ya encontró a su hijo, se despidió, ha podido cerrar esa parte. Pero en realidad, él sabe que esto acabará cuando se muera. Ya no es solo el proceso judicial, es la verdad. El derecho a saber la verdad, de llenar el vacío con significado. "¿Qué sucedió?, ¿qué pasó?, ¿por qué se lo llevaron?, por qué acabó en Colinas?", se pregunta.