La Corte Suprema de Brasil quita oxígeno a la escalada autoritaria de Jair Bolsonaro

El presidente Jair Bolsonaro se ve cada día más acosado por procesos jurídicos contra su campaña para influenciar en las elecciones del próximo año. El pasado jueves, fue incluido en una nueva investigación de la Corte Suprema de Brasil contra noticias falsas. En una transmisión por internet hace dos semanas, el presidente dio a conocer información parcial de una investigación de la Policía Federal, e insinuaba sin pruebas un posible fraude en las urnas electrónicas, usadas en Brasil desde los años noventa. El ministro de la Corte, Alexandre de Moraes, investiga a Bolsonaro en un proceso sobre noticias fraudulentas, lo que despertó la furia del presidente.

El pasado viernes, se lanzó otra bomba contra Bolsonaro. Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués) y aliado fiel de Bolsonaro, fue detenido como sospecho de integrar las milicias digitales bolsonaristas que desestabilizan a Brasil. Jefferson, un político tradicional que perdió prestigio en Brasil, se convirtió en una especie de vocero informal del presidente al grabar videos proponiendo intervención militar y ataques a la Corte Suprema.

El contraataque jurídico es una respuesta de la Corte Suprema para revertir la escalada autoritaria del presidente y sus aliados. En los últimos dos meses, Bolsonaro ha multiplicado sus provocaciones, ofendiendo a ministros de la Corte que rebaten su campaña en contra de las urnas electrónicas, o sugiriendo que puede haber una intervención “fuera de las cuatro líneas de la Constitución”. El 10 de agosto, Bolsonaro incentivó un desfile improvisado de vehículos militares en Brasilia, algo que no se veía desde la dictadura.

Los ministros de la Corte, sin embargo, miran los gestos del presidente como bravatas autoritarias cada vez más creativas, y nada más. Los militares no estarían dispuestos a aventuras, incluso cuando algún general del Gobierno insinúa lo contrario. La lectura es que quien espera un autogolpe de Bolsonaro para mantenerse en el poder, o un “Capitolio brasileño” —en alusión a la invasión del Congreso de EE UU por parte de los trumpistas el 6 de enero—, está perdiendo el tiempo. Los tribunales tienen el poder de reprimir cualquier acción de este tipo apoyados en la Constitución. “Hay mecanismos de prevención. Si hubiera una amenaza, no habrá problema para evitarla”, asegura una fuente con tránsito en la Corte.

Bolsonaro, a su vez, volvió a la carga el pasado sábado con el anuncio de la solicitud de destitución de los magistrados Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, este último también presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). El pedido será entregado al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, dando más cuerda a una crisis política que ya afecta a la economía en Brasil.

Lo cierto es que las piezas se han movido en respuesta a la campaña desenfrenada del presidente para mantenerse en el poder, con importantes victorias tácticas en los últimos días. No solo dentro del Supremo. En el Congreso cayó una proposición de ley bolsonarista que podía incidir en la convocatoria de 2022. Después de la presión de Bolsonaro, los diputados votaron el 10 de agosto un proyecto para la vuelta del voto impreso, pero fue denegado.

Ya en el Senado, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Pandemia sigue avanzando con más y más pruebas de la omisión del Gobierno en el combate a la covid-19. La comprobación de las responsabilidades del Gobierno en la gestión de la pandemia, que ha matado a casi 570.000 personas, “volvió a arrinconar al Presidente”, afirma el senador Randolfe Rodrigues, del partido Rede.

El rol de los militares

Pero para desinflar al bolsonarismo radical hará falta mucho más que victorias tácticas. La clave de la democracia brasileña es el papel de los militares, cuyos ministros uniformados dan prestigio a la agenda del presidente. Hay en Brasilia un consenso de que el alto mando de las Fuerzas Armadas no se embarcará en aventuras golpistas, y aseguran a sus interlocutores en el Congreso y el Poder Judicial que defenderán la democracia. El vicepresidente, general Hamilton Mourão, se habría reunido con uno de los ministros de la Corte mientras Bolsonaro llamaba la atención para el desfile de vehículos militares por Brasilia el último martes, contó el diario O Estado de S. Paulo.

Pero la participación militar en el Gobierno y los discursos incendiarios del presidente ya influyen de forma indirecta, al generar un clima de miedo entre los parlamentarios en el momento de algunas votaciones sobre la Comisión Parlamentaria de la Pandemia, por ejemplo. El senador Alessandro Viera, del partido Ciudadanía, lo percibió cuando quisieron citar al actual ministro de la Defensa, el general de la reserva Braga Netto, a principios de agosto, por su papel como coordinador de la comisión de crisis de la covid-19. “Hay parlamentarios que temen una reacción armada. Cuando se llega a este nivel, es posible que ya no haya democracia. Plena, al menos, no”, dice Vieira.

De momento, se sabe que la crisis política se extenderá y pondrá a prueba los límites del Congreso, del Tribunal Supremo y a una parte de la sociedad que aún observa impasible los impulsos autoritarios del jefe del Ejecutivo. “No creo que el presidente vaya a dejar de crear crisis institucionales por esta u otras razones. Necesita estas crisis porque no sabe gobernar”, dice el diputado Marcelo Ramos. “Si no hablase de votos impresos, de armamento o de no tener elecciones, tendría que hablar de política industrial, de cómo luchar contra el paro, de cómo reducir el hambre en el país, y no sabe hacerlo”, concluye.

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