Cabo Verde autoriza la extradición a EE UU de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro
El empresario señalado por EE UU por lavado de dinero vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro pierde la apelación que sus abogados presentaron ante la Corte Suprema
El forcejeo legal en torno a la extradición del empresario colombiano Alex Saab ha llegado a un callejón sin salida. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde, donde está preso desde el 12 de junio de 2020, confirmó la constitucionalidad del proceso seguido contra el colombiano que en el momento de su detención tenía una alerta roja en Interpol, requerido por la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero y señalado como el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Esta sería la última batalla perdida por la defensa del empresario, dirigida por el exjuez español Baltasar Garzón, para evitar su traslado.
La Corte Constitucional de Cabo Verde decidió el pasado 13 de agosto la extradición del empresario. Saab, sin embargo, presentó una última apelación en la que alegaba que su proceso de extradición se inició “aplicando reglas inconstitucionales”. La respuesta a ese último intento de demostrar la inocencia del acusado se ha producido este miércoles. La máxima Corte dio la razón al Tribunal de Apelaciones de Barlavento y la Corte Suprema de Justicia, dos instancias inferiores que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro al país norteamericano. En la práctica, el fallo de 194 páginas publicado en la página web de la Corte da vía libre a la extradición.
Desde su detención, un laberinto de recursos judiciales ha recorrido el caso del que hasta entonces estaba en las sombras como el contratista más favorecido por el Gobierno venezolano, involucrado en negocios de importación de alimentos, petróleo, carbón, construcción y minería. La captura de Saab puso contra las cuerdas al chavismo, que inmediatamente emprendió una intensa campaña en su defensa y para limpiar su imagen, al punto de designarlo inicialmente enviado especial del Gobierno para gestionar alimentos y combustibles y luego ascenderlo, aun estando en la cárcel, a embajador de Venezuela en la Unión Africana. A esto se ha sumado una estrategia de medios y redes sociales que ha incluido pintadas, murales, eventos y vallas digitales desplegadas en las calles de Caracas con su rostro y la etiqueta #FreeAlexSaab. Su defensa ha insistido en que el caso tiene motivaciones políticas.
”Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (...) EE UU”, declaró a Efe el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de marzo pasado desde su cautiverio en la isla de Sal, al asegurar que “no colaboraría” con Washington en caso de ser extraditado. Garzón, como su defensor, llegó a afirmar el año pasado que “se está instrumentando por parte de EE UU a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables”.
En los últimos 15 meses los abogados de Saab han intentado recursos y argumentos para dilatar el proceso. El caso se ha convertido en un asunto geopolítico en el que el chavismo ha movilizado a sus aliados diplomáticos. El pasado 2 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, dictaminó que se le debía conceder acceso, sin restricciones, a médicos especialistas de su elección, pese a las reticencias iniciales de las autoridades caboverdianas. En enero el empresario recibió una medida de arresto domiciliario y la semana pasada se aprobó su traslado de la isla de Sal a Praia, la capital de la nación insular africana, por motivos de salud.
En torno al empresario hay una red internacional de negocios opacos que han permitido a Maduro evadir las sanciones impuestas por Washington con el intercambio de barriles por petróleo por otros bienes, como han demostrado investigaciones de EL PAÍS.
Saab enfrenta cargos en dos cortes estadounidenses, acusado de lavado de activos y de ser un operador financiero del líder chavista y su esposa, Cilia Flores. También en Colombia, donde le han incautado varias propiedades y de donde tuvo que irse a finales de 2018 para evitar a la justicia. Ese mismo año la Fiscalía de México le incautó mercancías para las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción —el programa de alimentos subsidiados del Gobierno venezolano— por el pago de sobreprecios en alimentos de baja calidad. En julio de 2019 llegaron las imputaciones formales en EE UU por blanquear 350 millones de dólares entre 2011 y 2015 provenientes de Venezuela, luego las sanciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero para él y sus socios y más incautaciones de bienes que tenía en Italia junto a su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri. En 2020 finalmente fue detenido en el aeropuerto de Praia, cuando hacía una parada técnica para cargar gasolina en su ruta a Irán.
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