Violencia sexual y explotación: el drama de las migrantes que esperan que reabra el puente entre Colombia y Ecuador

La frontera se cerró, pero los migrantes siguieron llegando. Quienes han salido de Venezuela y ya han pasado por Colombia no han detenido su marcha hacia el sur, a pesar de la pandemia y de las restricciones de movilidad. Desde marzo de 2020, miles de venezolanos se han quedado varados en el puente Rumichaca, que une a Colombia con Ecuador, y aunque los presidentes de ambos países, Iván Duque y Guillermo Lasso, han anunciado la reapertura, el cruce sigue cerrado y cada día que pasa es un día más de riesgo para las mujeres, víctimas de abuso y violencia sexual, según la organización internacional CARE.

“Venimos cargadas de tanto dolor, ansiedad y necesidad, que lo único que queremos es llegar a un lugar para sentirnos seguras, pero cuando llegamos enfrentamos otros problemas”, se lee en un devastador informe presentado este jueves sobre las condiciones de los migrantes en esta frontera. “El 100% de las mujeres transfronterizas entrevistadas manifiestan que han sido víctimas de acosos en la calle o de violencia sexual”, señala el documento.

Catalina Vargas, directora de CARE Colombia, explica que muchas migrantes al quedar atrapadas en una zona fronteriza han caído en redes de trata de personas que se camuflan bajo ofertas de trabajo en ventas de comida, en cafeterías. “Los países [Colombia y Ecuador] no son conscientes de lo que está pasando. El sexo transaccional está siendo la única salida que tienen las mujeres para acceder a los mínimos. Están coartadas en su libertad y están sufriendo un riesgo enorme”, dice Vargas, que este jueves ha presentado en el puente de Rumichaca, acompañada de migrantes, una agenda con las urgencias que se deben atender para que ambos países garanticen los derechos de las mujeres venezolanas.

El estudio, que identificó los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes, se realizó a los dos lados de la frontera. Ipiales y Pasto, en Colombia, e Ibarra y Tulcán, en Ecuador. En ninguno de los dos lados parecen estar seguros. Al menos la mitad de las personas consultadas asegura haber sido víctima de discriminación y la explotación laboral es un ejemplo de ello: los migrantes venezolanos reciben un 50% menos de salario que personas nacionales en Ecuador (200 dólares mensuales con jornadas diarias de hasta 14 horas). En el caso de Colombia, es un 55% menos (ocho dólares por diez horas de trabajo).

El acceso a servicios de salud, que de por sí es difícil para los nacionales de cada país, es peor para los migrantes. Casi el 90% de las personas venezolanas están en condiciones de irregularidad, lo que obstaculiza alcanzar condiciones laborales dignas como subsidios para servicios públicos, educación y salud.

Hasta marzo de este año, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), apenas el 38% de las mujeres y el 26% de los hombres venezolanos encuestados habían tenido acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva durante el último año. El país latinoamericano alberga a más de 400.000 migrantes de Venezuela.

Según el informe de CARE, el 48% de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia está en riesgo de ser víctima de violencia basada en género: “Se ha identificado a través de sus relatos, que la violencia ginecobstétrica se presenta con frecuencia a partir de prácticas discriminatorias y humillantes por parte del personal de salud”.

Vargas dice que es difícil dar un perfil único de las mujeres que están en la frontera esperando a que abran el paso para entrar a Ecuador o poder continuar en su ruta hacia Perú o Chile. “Hay jóvenes, muchas de ellas en embarazo o con hijos pequeños. La mayoría madres cabeza de familia, de 17 o de 40 años”, señala. Lo que tienen todas en común es su deseo de conseguir un empleo y poder ayudar a quienes dejaron en Venezuela. “Su prioridad es trabajar, enviar dinero”, apunta Vargas.

La agenda presentada este jueves por CARE, una organización internacional de larga trayectoria dedicada a proteger los derechos de niñas y mujeres, reconoce que la migración no va a detenerse por el cierre de fronteras o la exigencia de requerimientos cada vez más complejos. Propone en cambio que se mejoren las condiciones básicas para hacer su ruta migratoria segura: más albergues y protección especial frente a la presencia de grupos armados y bandas criminales que tienen el control de la zona fronteriza. Es imposible decir cuántos migrantes necesitan ayuda y siguen en un limbo frente un puente cerrado. Desde hace más de un año de ambos lados de las frontera las autoridades decidieron darse la vuelta y dejarlos solos.

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