La justicia brasileña da un espaldarazo a Lula al desinflar el poder del Congreso Nacional

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene motivos para arrancar la semana aliviado: el lunes, la justicia brasileña acabó de un plumazo con una de sus principales preocupaciones a la hora de gobernar a partir del próximo 1 de enero: hacerlo con el llamado “presupuesto secreto” que reina en el Congreso Nacional, un mecanismo muy opaco que en la práctica sirve para comprar votos. Desde la campaña electoral, Lula defendía que había que modificar esa herramienta: “No puede continuar como está, creo que todo el mundo comprende eso”, decía hace unos días.

El “presupuesto secreto” es como se conoce popularmente a las llamadas enmiendas de relator y consiste en que parte de los fondos del Estado se destinan a atender las demandas de senadores y diputados, sin que sus nombres sean divulgados. Ese dinero normalmente sirve para financiar obras (un hospital, una escuela, una carretera…) en la región donde cada congresista tiene su base electoral, favoreciendo así sus posibilidades de ser reelegido. No hay criterios claros: el dinero no va donde el Gobierno considera que es más prioritario, sino donde decide el responsable del presupuesto en el Congreso, dando margen para todo tipo de juegos de intereses.

Buena parte del presupuesto del país queda secuestrado por los parlamentarios sin que se sepa dónde va a parar, lo que además deja al Gobierno con escaso margen de maniobra. En los años de Jair Bolsonaro, este presupuesto misterioso alcanzó los 26.100 millones de reales (casi 5.000 millones de dólares, más de 4.600 millones de euros) de media cada año. La organización Transparencia Internacional llegó a calificarlo como “el mayor esquema de corrupción institucionalizada de la historia”.

Aunque en origen las enmiendas son legales y existen desde hace tiempo, su versión más oscura, donde no se conoce ni el parlamentario ni el destino de los recursos, arrancó en 2020 y fue clave en la relación entre el Gobierno de Bolsonaro y el Congreso, favoreciendo su gobernabilidad. El presidente de la Cámara, Arthur Lira, aliado del líder de ultraderecha, regó con estos recursos a decenas de diputados que facilitaron la aprobación de proyectos de interés del gobierno.

Toda esa red se ha acabado, al menos de momento. El Tribunal Supremo Federal, interpelado por partidos de izquierda, pero no por el PT de Lula, decidió declarar el instrumento inconstitucional, lo que supone un enorme balón de oxígeno para Lula y una derrota para Lira. El antiguo y todopoderoso aliado de Bolsonaro pierde su principal moneda de cambio, ya no podrá chantajear a Lula exigiendo que mantenga el ‘presupuesto secreto’ a cambio de trabajar para una mayoría que le permita aumentar el gasto público, como quiere el nuevo presidente.

Y ahí es donde llega el segundo capote del Supremo al futuro Gobierno de Lula. El próximo presidente lleva semanas inmerso en unas durísimas negociaciones con los parlamentarios, para que le permitan romper el llamado techo de gastos y así hacer realidad una de sus principales promesas de campaña: el pago aumentado del Bolsa Familia, la paga de 600 reales (113 dólares, 106 euros al mes) a las familias más pobres. Es mucho dinero para las arcas públicas (70.000 millones de reales anuales, 11.200 millones de euros o 13.000 millones de dólares) y estos días el equipo del futuro Gobierno busca apoyos para modificar la Constitución para hacerlo posible, pero de repente, el juez Gilmar Mendes llegó con otra buena nueva para Lula: el Bolsa Familia puede ser contabilizado fuera del techo de gastos, al margen del presupuesto oficial.

La decisión, sorprendente y criticada por quienes la consideran una injerencia de la justicia en asuntos políticos, garantiza el futuro de las ayudas sociales. Ahora, Lula podrá negociar los apoyos en el Congreso con menos presión, sin tener que prometer importantes ministerios a los partidos de centro o centro-derecha, el llamado centrão, que sólo ofrecen apoyo a cambio de cuotas de poder.

El futuro ministro de Economía, Fernando Haddad, decía este lunes que, aunque la decisión judicial da tranquilidad a las familias, se seguirá negociando con el Congreso: “Es importante para el país apostar en la buena política y en la institucionalidad para dar robustez a la política económica que anunciaremos, que calmará los ánimos y mostrará que Brasil estará en el rumbo correcto a partir del 1 de enero”, afirmó. El día de Año Nuevo arranca el nuevo Gobierno pero de momento el clima aún es de compás de espera. Lula apenas ha anunciado a siete ministros de los más de 30 que se espera que le acompañen en Brasilia. Las decisiones de la justicia pueden ayudar a deshacer el nudo y facilitar el encaje de los aliados en el futuro gobierno.

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