419 muertos y cero responsables: dos años de la oleada de masacres carcelarias en Ecuador

La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, es la cárcel más peligrosa de Ecuador. En los dos últimos años ha sido territorio de cinco masacres donde han asesinado a cerca de 214 personas. La del 28 de septiembre de 2021 fue la más sangrienta, en la que se contaron 119 fallecidos en casi dos días de enfrentamientos. Prácticamente desapareció el pabellón número cinco. Este febrero se cumplieron dos años de la primera masacre del país, a la que han seguido 10 más. Un tota...

La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, es la cárcel más peligrosa de Ecuador. En los dos últimos años ha sido territorio de cinco masacres donde han asesinado a cerca de 214 personas. La del 28 de septiembre de 2021 fue la más sangrienta, en la que se contaron 119 fallecidos en casi dos días de enfrentamientos. Prácticamente desapareció el pabellón número cinco. Este febrero se cumplieron dos años de la primera masacre del país, a la que han seguido 10 más. Un total de 419 personas perdieron la vida dentro de las prisiones en este tiempo, un saldo macabro por el que aún no hay nadie responsable.

En ese pabellón de la Penitenciaría estaba el hermano menor de Paola. Un joven de 25 años que había sido procesado por delincuencia organizada. Bryan llamó a su hermana cuando comenzó la balacera, aunque la alerta se conoció desde varias horas antes. “Yo escuchaba todo, las balas, las granadas, las bombas”, era el sonido de fondo que oía Paola en las cinco veces que habló con Bryan esa madrugada. “Él me pedía que lo saque de ahí porque lo iban a matar”, hasta que no volvió a tener contacto con su hermano.

Lo que ocurrió después lo han vivido cada una de las familias de los 419 presos asesinados en seis cárceles de Ecuador. Reconocer a los suyos en videos que mostraban cuerpos decapitados, brazos, piernas, cabezas y troncos quemados, en las que trataban de identificar marcas de nacimiento, tatuajes, ropa, o solo por instinto hallar a sus muertos entre imágenes sangrientas que enviaban los presos desde dentro de la cárcel.

El calvario continuó afuera de la Penitenciaría, donde las autoridades no otorgaban información, mientras los carros de Criminalística y las ambulancias salían a cada rato del recinto carcelario y se apresuraban a cerrar las puertas para evitar mostrar lo que pasaba dentro. Después, se extendía hasta la instalaciones de Medicina Legal donde eran llevados los cuerpos, y donde un funcionario gritaba entre la muchedumbre la lista de los nombres de los cuerpos que iban siendo identificados.

“Eso parecía una carnicería. Nos pasaron fotos y ahí estaba mi hermano”, recuerda Paola, “estaba entero, pero su cara destrozada a golpes. Lo reconocimos por un tatuaje con el nombre de mi mamá”. Bryan fue asesinado con dos balas en el cuello.

El hermetismo de lo que ocurre en las prisiones es uno de los tantos problemas de las cárceles. “Hay jugadas tras bastidores que solo se ven cuando el Gobierno reacciona a un hecho violento”, explica dice Billy Navarrete, director del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y a quien desde hace más de 10 años no le permiten el ingreso a las prisiones como veedor de Derechos Humanos, cuando el Gobierno de Rafael Correa aplicó el secretismo de la información. El entonces presidente quiso enfrentar así los fallos de la construcción de la cárcel de máxima seguridad llamada Regional 5, que está a lado de la Penitenciaría, donde días después de haber sido inaugurada registró su primer fugado.

“Los eventos que vemos hoy en día al interior de las cárceles del país son el resultado del progresivo aislamiento y sistemático abandono estatal”, añade Navarrete, que coincide con las conclusiones que hicieron los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de visitar algunas de las cárceles del país.

“La crisis carcelaria que prevalece está caracterizada por altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y responde al abandono estatal así como a la ausencia de una política criminal integral”, dice el informe que fue recibido por el Gobierno ecuatoriano en febrero de 2022, con 39 recomendaciones que, seis meses después, según las autoridades responsables de las prisiones, ya se habían cumplido en su mayoría, aunque en ese mismo periodo ocurrieron otras siete masacres en cinco cárceles del país.

La CIDH también realizó observaciones al trato que recibieron los familiares de víctimas de las masacres. “Ninguna institución se ha acercado a decirnos algo, ni cómo avanzan las supuestas investigaciones de la masacre, ni siquiera se hicieron cargo de los gastos fúnebres, todo los tuvimos que gestionar nosotros con ayuda de familiares y vecinos”, recuerda Paola.

La ausencia del Estado en la reparación a las víctimas y la repetición de los hechos violentos en las cárceles ha alentado a la conformación de un Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. “Hay pasos que se van a dar para judicializar este desangre. Vamos a demandar al Estado”, dice el defensor de Derechos Humanos, quien acompaña la iniciativa de los familiares. De las causas judiciales abiertas por las masacres carcelarias en los últimos dos años, no existen sentenciados, ni siquiera las garantías en seguridad para ingresar y realizar las pericias correspondientes.

Las cárceles gozan de una relativa calma desde la última masacre en noviembre de 2022, a pesar de varios operativos de traslados de cabecillas de bandas delictivas a la cárcel conocida como La Roca, que había estado cerrada desde 2013 por vulnerabilidades en la seguridad. En una estrategia que el Gobierno de Guillermo Lasso acuñó como exitosa, mostró por primera vez a los presos sometidos a la fuerza pública en imágenes al estilo Bukele: reos sin camisetas, en fila, rendidos, unos pegados a otros con las manos en la espalda.

“Si bien hay una disminución de hechos violentos, no hay evidencia plena del control que debe tener el Estado y la información de ese control”, reprocha Navarrete. Unos días después de ese operativo, uno de los cabecillas de la banda de Los Choneros, “que goza de privilegios en la cárcel, logró el decomiso de los alimentos en la Penitenciaría para fingir una huelga de hambre en la que lo que pedían era la liberación de este líder peligroso”, añade.

Se trata de Junior Roldán, alias JR, quien consiguió la prelibertad gracias también a un informe favorable que entregó el organismo estatal responsable de la cárceles, SNAI, en el que destaca su buena conducta, a pesar de contar con siete delitos, tres de esos por asesinato. En la audiencia en la que se evaluó su liberación, los funcionarios del SNAI destacaron que JR cumplió con su rehabilitación con actividades de dibujo artístico, danza, cine recreativo e incluso en yoga dentro de la cárcel Regional de Guayaquil. Trabajó en la psicología del perdón, el autocontrol de impulso, el manejo de las emociones y estudió Derechos Humanos.

JR consiguió a bala y sangre ser uno de los dos cabecillas de Los Choneros, en la primera masacre registrada el 23 de febrero de 2021. La Policía señaló que la causa de aquel enfrentamiento fue la pugna de varios lideres que se disputaban la vacante que se había producido a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre de 2020. Zambrano era el único líder de la banda criminal Los Choneros que está aliada al cartel mexicano de Sinaloa. Rasquiña había conseguido mantener el liderazgo entre varias células criminales dedicadas al microtráfico, robo y sicariato que se habían desprendido de Los Choneros. Con su muerte, muchos se disputaron su lugar y desataron una guerra dentro y fuera de las cárceles que aún no es controlada.

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