Un vuelo a Madrid con media tonelada de cocaína destapa una red de complicidad entre el Estado y el narcotráfico en Bolivia

El Gobierno de Bolivia ha reconocido este martes que el narcotráfico “ha permeado” a funcionarios de policía, aduanas, aeropuertos y de la aerolínea estatal, Boliviana de Aviación (BoA). En la última semana, se conoció que miembros de estas instituciones permitieron que 484 kilos de cocaína fueran transportados a Madrid en un vuelo comercial el pasado 12 de febrero y, posteriormente, impidieron que el hecho fuera detectado por los mecanismos de seguridad internos. Se supone que quien se benefició de esta red de complicidades dentro del Estado fue una organización internacional de narcotraficantes con tentáculos en Bolivia y España.

Este martes, los tres ministros responsables de las reparticiones estatales involucradas en la trama del “narcovuelo” aparecieron ante la prensa para tratar de contener la ola de críticas que había estallado días antes. El país llevaba casi una semana hablando sobre un vuelo de BoA de febrero pasado en el que se había encontrado media tonelada de droga. La aeronave de la aerolínea comercial más grande del país estaba estacionada en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Dos expresidentes que lideran la oposición desde veredas opuestas, Evo Morales y Carlos Mesa, acusaron al Gobierno de Luis Arce por el caso. “Se comprueba definitivamente la protección al narcotráfico” de los ministros de Arce, tuiteó Morales, que aupó a Arce hacia la presidencia y al que ahora acusa de liderar la “derecha interna” de su partido. Mesa pidió la intervención de las entidades involucradas: “El enorme cargamento de cocaína transportado en BOA muestra la penetración del narcotráfico en los gobiernos [del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales y Arce], y la complicidad institucional y política”, escribió.

El presidente Arce también había hecho saber su preocupación y ordenado un esclarecimiento completo del caso. Sus ministros convocaron a la prensa y anunciaron la suspensión de un funcionario de BoA y otro del aeropuerto de Viru Viru, ubicado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, de donde salió el alijo de droga, así como la rotación de todos los policías asignados a este aeropuerto. Según los ministros, la fiscalía recibiría toda la información que requiera. Sin embargo, ya se sabía que parte de las imágenes de las cámaras del aeropuerto habían sido borradas tiempo antes para impedir la investigación.

En las imágenes que sí se obtuvieron se ve a dos estibadores de BoA rompiendo el precinto policial del contenedor en que se almacenaba la carga que debía ser subida al avión e introduciendo las doce cajas en las que iba la droga. Estas cajas se sumaron a otras cuatro que llevaban ropa y habían sido enviadas por una empresa de mensajería. De acuerdo al manifiesto de carga, el peso de este envío debía ser de algo más de 100 kilos, pero BoA admitió sin observación casi 500 kilos de sobrepeso. Los estibadores y los dueños de la empresa de mensajería responsable del envío, que tienen antecedentes de narcotráfico, fueron arrestados.

Todo comenzó cuando las autoridades españolas, que realizaban un operativo para detectar conductas irregulares de los empleados del aeropuerto de Barajas, encontraron la droga en la bodega 23L de un Airbus de la empresa Wamos, que había operado el vuelo OB776 de BOA y arribado el 12 de febrero a Madrid. De acuerdo a un informe obtenido por el diario boliviano El Deber, cuatro días después, solicitaron información a la policía boliviana, sin poner explícitamente que se trataba de una investigación por narcotráfico. Se activó la unidad policial que coordina la seguridad del aeropuerto de Viru Viru, que solicitó las imágenes de seguridad a los responsables del aeropuerto, pero estos entregaron videos inútiles para la pesquisa. Un día después, por un nuevo requerimiento español, la policía de Viru Viru pidió imágenes, esta vez, a BoA, solo para descubrir que las del momento del carguío del avión habían sido borradas. Lo mismo pasó con las imágenes de las cámaras de la aduana, que se destruyeron mucho después, el 31 de mayo, cuando el público boliviano acababa de saber del decomiso de droga en el aeropuerto de Madrid.

La policía aeroportuaria no hizo algo más para investigar el caso, supuestamente porque no sabía que se trataba de un contrabando de droga. Existe una polémica sobre por qué los jefes antidrogas no actuaron antes de que el hallazgo del alijo se hiciera público. El policía encargado de la seguridad de Viru Viru el día del envío fue arrestado. El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, prometió que habrá muchas más detenciones.

Reportes de prensa que no han sido confirmados de manera oficial apuntan a que detrás de este caso se halla una organización criminal con alcances en Bolivia y España, supuestamente dirigida por un narcotraficante boliviano apodado “Colla”. Estos también sostienen que el “narcovuelo” habría sido precedido y seguido por otras operaciones iguales, también cubiertas por la misma red de empleados de las instituciones bolivianas.

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