Macron, tutelado por Le Pen

Con el inesperado adelanto electoral del pasado julio, Macron esperaba una clarificación del escenario político francés que reforzase su posición en la Asamblea Nacional. Los 247 diputados macronistas eran de largo la primera fuerza, pero no contaban con mayoría absoluta (289 diputados). Dando por sentado el cordón sanitario a la extrema derecha, la aritmética parlamentaria obligaba a la primera ministra, Elisabeth Borne, o bien a llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas (a su derecha, los 74 diputados de los Republicanos; a su izquierda, los 131 diputados de la coalición de izquierdas NUPES); o bien a recurrir a una singularidad del sistema parlamentario francés: el artículo 49.3 de la Constitución.

Acogiéndose a esta disposición, el Gobierno puede aprobar una ley sin mayoría parlamentaria, pero a cambio habilita a la oposición para que pueda presentar una moción de censura en las siguientes 48 horas. Si la moción de censura prospera, el Gobierno cesa y el proyecto de ley decae; pero si la moción de censura no prospera, el Gobierno no solo se mantiene, sino que la ley es aprobada. Es una apuesta de todo o nada.

Pues bien, en lugar de buscar acuerdos con otras fuerzas, Borne optó por usar el rodillo del artículo 49.3 decenas de veces sabiendo que, al no existir una mayoría alternativa para hacer prosperar una moción de censura, el macronismo podía permitirse aprobar leyes en minoría, una tras otra.

El adelanto electoral, lejos de fortalecer la mayoría presidencial, supuso un duro castigo a esta forma de gobernar. El partido de Macron perdió 82 diputados y fue relegado a segunda fuerza. De entre todas las mayorías posibles para formar Gobierno, Macron se decantó por dejar fuera a la coalición de izquierdas ganadora de las elecciones ―el Nuevo Frente Popular, con 182 diputados― y encargó la formación de Gobierno a Michel Barnier, del partido conservador de Los Republicanos (con 60 diputados) en una aritmética que solo era viable con el apoyo explícito del macronismo y el acuerdo implícito de la extrema derecha.

Y así se ha llegado a la primera votación verdaderamente relevante del Gobierno Barnier, la que debería aprobar los presupuestos para el ejercicio 2025, en un contexto de déficit público fuera de control (las previsiones apuntan a que estará por encima del 6% del PIB a cierre de año, cuando el objetivo era reducirlo al 5,1% desde el 5,5% registrado en 2023) y con la primera de riesgo francesa en máximos desde la crisis de la eurozona en 2012, por encima de la de España, Portugal e incluso Grecia.

Sin mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos, el macronismo se ha acogido nuevamente al artículo 49.3. Veremos si esta vez es suficiente, porque la disyuntiva es endiablada: dado que Macron no puede volver a convocar elecciones legislativas hasta pasado un año de las anteriores, si la moción de censura prosperase, Francia se quedaría sin presupuestos para el año que viene y Macron debería volver a nombrar a un nuevo primer ministro, que a su vez debería formar nuevo Gobierno. Y si la moción no prospera será porque la votación ha sido salvada in extremis por algún acuerdo con la extrema derecha, dejando en evidencia que Macron es un presidente tutelado por Le Pen y echando definitivamente por tierra el frente republicano que impidió la victoria de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022.