El fiscal especial retira las dos acusaciones penales que mantenía vivas contra Trump

El panorama judicial de Donald Trump se sigue despejando tras su victoria en las urnas en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La doctrina del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala como norma general que no se pueden seguir causas penales contra un presidente en ejercicio. El fiscal especial Jack Smith ha presentado una moción para retirar las dos acusaciones por decenas de delitos que mantenía contra el ahora presidente electo, tanto por intentar robar las elecciones de 2020 como por el caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago.

La jueza que lleva el caso electoral de Washington ya dio hace unas semanas el primer paso para abandonar el proceso. A petición del fiscal, dejó en suspenso los plazos que había previstos para los trámites procesales en marcha. Smith acusó a Trump de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal acusaba al expresidente de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que concedía una amplia inmunidad a Trump por los actos realizados cuando era presidente, el fiscal logró que un gran jurado imputase de nuevo al expresidente valiéndose solo de aquellas pruebas que consideraba no cubiertas por la inmunidad presidencial. El procedimiento estaba atascado en ese punto, pero ahora el propio fiscal pide que se desestime, al menos temporalmente.

“Como resultado de las elecciones celebradas el 5 de noviembre de 2024, el acusado, Donald J. Trump, será investido presidente el 20 de enero de 2025. La posición del Departamento de Justicia ha sido durante mucho tiempo que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en ejercicio. Pero el Departamento y el país nunca se han enfrentado a la circunstancia que nos ocupa, en la que una acusación federal contra un ciudadano privado ha sido presentada por un gran jurado y un proceso penal ya está en marcha cuando el acusado es elegido presidente”, señala en su escrito el fiscal.

El Departamento de Justicia ha determinado que la prohibición constitucional de la acusación federal y el enjuiciamiento de un presidente en ejercicio se aplican a esta situación y que, en consecuencia, este proceso debe ser desestimado antes de que el acusado tome posesión. “Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente. Basándose en la interpretación de la Constitución realizada por el Departamento, el Gobierno solicita la desestimación sin perjuicio de la acusación sustitutiva”, indica el escrito, en referencia a que en un futuro puedan volver a presentarse los cargos cuando Trump no sea presidente.

Además, Jack Smith es el fiscal encargado también del caso de los papeles clasificados que Trump retenía en Mar-a-Lago. El caso fue archivado por la jueza, que consideró que el nombramiento el fiscal especial era ilegal. Smith recurrió, pero ahora ese recurso, y todo el caso, se queda también en vía muerta al asumir el fiscal esa doctrina del Departamento de Justicia.

El otro caso por los intentos de amañar las elecciones, el que se sigue en Atlanta, en el condado de Fulton, por el intento de pucherazo en el Estado de Georgia, correrá probablemente la misma suerte, como mínimo durante la presidencia del republicano. En este caso, la acusación no es federal, sino estatal

Trump también sigue esquivando la condena por los 34 delitos de los que un jurado popular le halló culpable en mayo pasado, en el caso Stormy Daniels, el único que llegó a juicio. El juez Juan Merchan, encargado del caso, decidió la semana asada aplazar indefinidamente la sentencia con la condena a imponer al presidente electo. Inicialmente, la fecha de la sentencia era el 11 de julio. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial provocó un primer retraso, hasta septiembre. El juez decidió después dejar la condena para después de las elecciones presidenciales y la nueva fecha era el 26 de noviembre. La semana pasada se aplazó indefinidamente.

El juez, además, accedió a la petición de la defensa de Trump de presentar una nueva moción para desestimar el caso, dando de plazo a los abogados del republicano para que presenten sus alegaciones antes del 2 de diciembre. Trump fue declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables. Pretendía con ello ocultar los pagos de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de cárcel, aunque las penas por cada uno de los delitos se pueden cumplir de forma simultánea. En casos como el de Trump ―sin contar que ahora es el presidente electo― ya era poco probable que el condenado tuviera que ingresar en prisión. Lo habitual es que quede en libertad condicional o reciba una multa.