Los recortes en Igualdad marcan la visita de López Obrador a Colima, el Estado más feminicida

Colima, el pequeño Estado que este viernes visita el presidente mexicano, tiene estadísticas bélicas. Y en las guerras las mujeres siempre llevan una ración extra. Presenta la tasa más alta de feminicidios de todo México y también la de homicidios dolosos, 9,6 por cada 100.000 mujeres, cuando la media nacional es de 1,9. La violencia familiar está disparada en 217 casos frente a los 67 de media. Hay muy pocas estadísticas relacionadas con la violencia de género en las que este Estado de unos 800.000 habitantes no alcance uno de los puestos más tristes de la tabla. Solo al océano que lo baña se le puede decir Pacífico. Andrés Manuel López Obrador cierra aquí su gira por los Estados más violentos de México, precedido por los recortes en Igualdad y protección a las mujeres que ha decretado y que han levantado ampollas en los últimos días. La visita a Colima reflejará por fuerza una perspectiva de género.

La inseguridad se ha traducido en cifras de feminicidios que no han dejado de crecer desde 2016, a la par que la violencia generalizada que se respira en un Estado abrazado por dos territorios carcomidos por el crimen organizado, Jalisco y Michoacán. Ambas violencias están engarzadas, pero si la que se da en el seno de la pareja o expareja está marcada por el patriarcado tradicional, la que tiene como víctimas a las mujeres relacionadas con el narco lleva también el sello de una hombría aprendida entre las balas: el 70% de los cadáveres de mujeres son exhibidos en la vía pública. “Estos crímenes tienen una crueldad ejemplarizante, muestran el poder masculino, venganzas entre grupos, tratan de dar al hombre, al adversario, donde más le duele. Mucha de esta violencia feminicida tiene un antecedente en el maltrato familiar, sexual, en las desapariciones”, lamenta Carmen García, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La sociedad colimense ha ido asumiendo estos crímenes con el trauma propio de quien ha sido azotado muchas veces. No quieren verlos, quizá ya no los ven. O los justifican con los consabidos argumentos: algo habría cuando la han matado. “Sientes una impotencia terrible, es como hablarle a la pared, tanto si miras a las Administraciones como a la sociedad”, asegura Sara Cernas Verduzco, directora del Instituto de la Mujer de Manzanillo, el municipio más poblado de los 10 que integran el Estado y el que sufre la mayor violencia de todos. De la indolencia social y en todos los niveles de Gobierno se queja también Carmen García: “La sociedad lo permite, está retraída, encerrada”. Pero ambas feministas señalan el miedo como causa probable de esa ausencia social.

Manzanillo tiene un enorme puerto por donde entra y sale mercancía de muchos países, también la droga y otras transacciones ilegales que comprometen la seguridad de las mujeres. El imán portuario atrae a cientos de familias migrantes, sobre todo de Oaxaca, Guerrero, Michoacán. “El 80% de las que se acercan al Instituto de la Mujer a denunciar violencia extrema son de fuera. Deduzco que tienen menos normalizada la violencia que las víctimas de aquí”, razona Sara Cernas. En Manzanillo cuentan ya 17 muertas este primer semestre y esperan todavía el prometido Centro de Justicia, igual que el que tiene la capital, donde se integran todas las instituciones jurídicas para que las mujeres no tengan que desplazarse de un lado a otro cuando denuncian. “Lo necesitamos con urgencia”, dice Cernas.

En Colima gobierna el PRI, pero es probable que en esta visita del presidente López Obrador, de Morena, se dejen de lado las discrepancias políticas y se repita la misma cordialidad y ánimo de cooperación que se han dado en Guanajuato y Jalisco esta semana. A pesar de ello, la directora estatal del Instituto de la Mujer, Mariana Martínez, echa en falta una “mayor coordinación y seguimiento” por parte del Gobierno federal. “Pedimos que se decretara la alerta de género en 2014, pero no llegó hasta 2017. La Fiscalía ha recibido por ese concepto partidas presupuestarias, pero el Gobierno estatal no, salvo este año, que han prometido entregarlo, pero aún no ha llegado”, dice.

Esta misma semana, las feministas lanzaron la alerta de que el Gobierno federal recortaba en un 33%, unos 37 millones de pesos (1,6 millones de dólares), el presupuesto destinado a combatir la violencia machista. Varias horas y críticas después, Gobernación daba marcha atrás. “No se pueden recortar estas partidas, son la piedra angular para erradicar la violencia de género”, critica Martínez. Colima, sin embargo, no era de los Estados afectados en ese caso. “Ningún Estado debería sufrir esos recortes, deberíamos distribuirlo entre todos”, añade. Pero el Gobierno ha metido la tijera en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres, que ha perdido 151 millones de pesos (6,7 millones de dólares).

Sin embargo, el combate a una violencia tan sistemática como la de Colima, cuyas cifras no paran de crecer, no puede depender solo del Gobierno federal. En el lado de la autocrítica, Martínez señala la seguridad de las patrullas policiales estatales, que no siempre protegen a las víctimas adecuadamente. “Ni ha habido patrullas suficientes ni estaban sensibilizadas con su tarea. En ocasiones acudían a la casa de las víctimas pero no entraban, ni revisaban que todo fuera bien”, asegura. Tan es así, que ahora están incorporando un código QR en cada una de esas casas para que la policía pase un lector y demuestre que ha cumplido con su tarea de protección. También menciona los botones de auxilio para estas mujeres en su domicilio, medidas que aún no se han completado. “Desgraciadamente hemos tenido muchos casos de mujeres que denuncian y que las han acabado matando. Tenemos una deuda con la seguridad”, admite. Y reconoce que el Centro de Justicia de Manzanillo lleva retraso.

Fabiola Morales fue asesinada por su expareja el 4 de marzo y el culpable sigue huido. Su orden de protección llegó tarde, dicen las feministas que han seguido el caso. La investigación de los feminicidios es un agujero en todo el país. En Colima también. El protocolo para investigar estos crímenes con perspectiva de género está solo sobre el papel, si se miran las estadísticas. Prueba de ello son los pocos casos que se consideran feminicidios, 6 entre enero y mayo frente a 38 homicidios dolosos en el mismo periodo. El año pasado se contaron 77 homicidios frente a 10 feminicidios. De todas formas, eso influiría en la sentencia, pero los como los agresores huyen, los crímenes quedan impunes. En 2019, el 97% de los agresores estaban prófugos, según el Observatorio.

La violencia del narco y de otros grupos organizados confunde la clasificación de las víctimas mortales que aparecen en la calle. Un día es un juez y su esposa asesinados frente a sus hijas, otro son policías despedazados y muchas son mujeres asesinadas que la estadística no siempre sabe dónde colocar. Carmen García sí: bajo el epígrafe de violencia de género. “Es un desafío saber por qué muchas mujeres acaban relacionadas con el narco, con el crimen organizado y, finalmente, asesinadas, pero sabemos que en muchos casos son las parejas de los criminales, que las mandan a cobrar drogas, por ejemplo, que se convierten en adictas. No es en absoluto un espacio exento de violencia patriarcal, al revés, se da con más fuerza, por eso hay tanto índice de mujeres asesinadas en esos ámbitos. Muchas no han llegado ahí por voluntad expresa, son novias, amantes, hermanas, madres y en ocasiones han sido forzadas a entrar en ese mundo”, explica García, que también es vicecoordinadora nacional de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

López Obrador cierra su visita a los Estados más violentos en un pequeño rincón que algunos colimenses dicen que es el secreto mejor guardado de México, ni Cancún, ni Acapulco. Puede ser, pero la inseguridad que soportan los ciudadanos nubla todo lo demás. En los últimos tiempos, Colima se ha sumado a esa lista de territorios temidos, donde las balas siembran cadáveres por las calles. La situación que viven las mujeres requiere una mirada específica, si bien el presidente tiende a mezclar todas las violencias en una sola o a invisibilizar las denuncias de las maltratadas diciendo que en su mayoría son falsas. O a declarar que una buena tasa de empleo reduciría visiblemente la violencia. No la de las mujeres. Países con pleno empleo también la sufren. Como en las fiscalías y los tribunales, Colima también necesita una mirada de género en la política.