La filtración del testimonio de un testigo protegido tensa las pesquisas del ‘caso Ayotzinapa’

El caso Ayotzinapa avanza en los juzgados, entre detenciones y filtraciones, a la espera de nuevos envíos de restos óseos al laboratorio. Este sábado, la Fiscalía anunció la aprehensión de Luis Dorantes, jefe de la Policía Federal en Iguala durante el ataque contra los estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Días antes, la filtración del testimonio de un testigo protegido al diario Reforma causó revuelo y provocó la reacción del Gobi...

El caso Ayotzinapa avanza en los juzgados, entre detenciones y filtraciones, a la espera de nuevos envíos de restos óseos al laboratorio. Este sábado, la Fiscalía anunció la aprehensión de Luis Dorantes, jefe de la Policía Federal en Iguala durante el ataque contra los estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Días antes, la filtración del testimonio de un testigo protegido al diario Reforma causó revuelo y provocó la reacción del Gobierno. La Secretaría de Gobernación informó de que denunciaría la divulgación de esa parte del expediente.

Más allá de su importancia, el testimonio filtrado ha dominado la agenda estos días por el carácter escandaloso de su contenido. Juan, el testigo protegido, declaró que el Ejército participó activamente en el ataque contra los normalistas y la desaparición de 43 de ellos. No solo evitaron auxiliarlos, como se pensaba hasta ahora, sino que participaron en el acoso y llevaron aparte de los muchachos al cuartel militar de Iguala. Juan dice también que algunos muchachos fueron quemados en hornos de funerarias de Iguala.

Los dichos de Juan chocan con la primera versión que dieron las autoridades del caso, el asesinato de los estudiantes y la desaparición de sus cuerpos en un enorme fuego en un basurero cerca de Iguala, alimentado durante horas por el grupo criminal Guerreros Unidos, principales perpetradores del ataque. El problema es que no hay en el expediente un testimonio parecido, que apunte directamente a los militares y los hornos crematorios de las funerarias.

La divulgación de su testimonio —que ya trascendió en julio en un reportaje de la revista Proceso, pero que entonces apenas tuvo repercusión— ha acentuado la incertidumbre en la que viven las familias de los 43. A más de seis años del ataque, las autoridades apenas han identificado restos de dos, Alexander Mora y Christian Rodríguez. Los restos de Mora aparecieron en octubre de 2014, en circunstancias extrañas, en un río cerca del basurero de Cocula, escenario central de la primera versión de lo ocurrido, ahora rebasada. Los restos de Rodríguez aparecieron a mediados del año pasado, en una barranca a cientos de metros del basurero.

Santiago Aguirre, cabeza del equipo legal que asesora a las familias de los normalistas, dice que “en un caso complejo como este, el esclarecimiento no pude depender del dicho de una sola persona. Y hay partes de su declaración que deberían ser exploradas, porque su solo dicho no puede bastar. Un ejemplo, el tema de los hornos crematorios. Él hace un señalamiento muy directo de un crematorio en específico y habría que ver si contaba con el equipo suficiente para procesar lo que dice que procesan”, señala el abogado. “Y luego él dice que hay un ingreso al batallón de parte de los estudiantes. En el expediente hay bastantes elementos sobre la posible colusión de sobre integrantes del batallón con Guerreros Unidos y eso hay que analizarlo”, añade.

Al calor de la divulgación del testimonio de Juan, medios y columnistas de la capital han señalado que Juan es en realidad Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los actores principales de Guerreros Unidos en Iguala, en la noche del ataque. Detenido en 2015, acusado de secuestro y delincuencia organizada, El Gil salió de prisión en 2019, después de que un tribunal desechara las acusaciones: El Gil había sido torturado tras la detención, igual que otros detenidos. En febrero de 2020, El Gil habría acudido a la Fiscalía, esta vez a declarar como testigo protegido.

La Policía Federal, en la mira

Sin ser un punto de quiebre en la investigación, la detención de Dorantes resulta importante para las familias y la Fiscalía. Desde su llegada en 2019, la intención de los investigadores, liderados por Omar Gómez, ha sido romper el pacto de silencio entre los actores implicados. A su entender, la ruptura del pacto permitiría entender la participación de los diferentes cuerpos de seguridad en lo ocurrido y sus objetivos. Primero, en el ataque. Y luego, durante los primeros años de la investigación.

Además de ser el jefe de la Federal en Iguala, Dorantes es el segundo policía federal detenido en pocos meses por el caso Ayotzinapa. En septiembre, la Fiscalía anunció la detención de Víctor Colmenares, uno de los agentes que estuvo presente en uno de los escenarios del ataque, el puente del Chipote, junto al Palacio de Justicia de Iguala. Falta un tercero, Emmanuel Arizpe, que también estuvo en el Puente del Chipote. Según fuentes cercanas a la investigación, Dorantes enfrenta un proceso por desaparición forzada y delincuencia organizada. En este segundo caso, aseguran estas fuentes, la acusación fue posible gracias a un funcionario de la misma corporación.

En la investigación del caso Ayotzinapa, el hilo de la Policía Federal acaba en el mando regional de la corporación, el jefe de Dorantes y los demás. Se trata de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de Ciudad de México. García Harfuch siempre ha defendido que cuando ocurrió el ataque, él ya había cambiado de destino, argumento que ha tratado de probar con documentos oficiales. Las fuentes mencionadas arriba dudan de la veracidad de estos documentos, aunque de momento no hay evidencia alguna que apunte a su falsedad. La ruptura del pacto de silencio de los policías podría dar un vuelco al caso, aunque de momento no ha habido movimientos en este sentido. Estas fuentes señalan que Colmenares “no ha querido hablar”. Falta saber qué dice Dorantes.

Se da la casualidad que García Harfuch aparece en la declaración del testigo Juan. “Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014. Recibía 200.000 dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”. García Harfuch ha negado esta acusación. Juan no señala a Dorantes o sus subordinados.

La credibilidad del jefe de policía está en entredicho, pues su nombre ya aparecía en la libreta de uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido en 2014. Resulta difícil establecer el porcentaje de verosimilitud del testimonio de Juan en este caso. Por un lado, apuntala la sospecha sobre García Harfuch. Por otro, es evidente que Juan sabía que su nombre aparecía en esa libreta. Es lo mismo que ocurre con sus señalamientos sobre los hornos crematorios de Iguala: ya en septiembre de 2014, uno de los rumores que corría en Iguala es que los muchachos habían sido quemados allí. Cuando declaró en febrero de 2020, Juan sabía lo de los hornos. Puede que sea verdad. O puede que simplemente recordara aquel rumor.