Los cabos sueltos del ‘caso Narvarte’ se ensanchan ocho años después del homicidio múltiple

Un nuevo cabo suelto enreda aún más el complejo caso Narvarte, el asesinato de cuatro mujeres y un hombre en una casa del barrio de la Ciudad de México que da nombre al suceso, el 31 de julio de 2015. El homicidio múltiple de Mile Martín, Yasenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa se saldó con la detención y sentencia de tres personas, Daniel Pacheco, Abraham Torres y César Omar Martínez, que ahora cumplen condena. Sin embargo, desde el principio hubo algo que no encajó en el crimen. Una investigación independiente promovida por los familiares de las víctimas defendió el año pasado que al menos hubo dos implicados más.

Nueva información adelantada ahora por Milenio, que EL PAÍS ha podido confirmar con fuentes del Ministerio Público, sitúa a un cuarto implicado en la escena del crimen a la hora de los hechos, Alejandro N. Su teléfono, terminado en los números 7078, estuvo presente en la zona entre las 14:29 y 15:11, el lapso de tiempo en el que los forenses acotaron que las cinco víctimas fueron torturadas y asesinadas. Ese mismo día, a las 21:32, el móvil vuelve a ser localizado en el lugar, cuando la Policía ya había llegado al departamento y realizaba sus pesquisas.

Nadie ha llamado a declarar a Alejandro N., denuncian los familiares de las víctimas. Las autoridades han pasado por alto los datos que le sitúan en la escena del crimen. Alejandro N. es hijo de Luis Javier García Saldaña, un agente de la Fiscalía General de Justicia de la capital, la misma que investiga los asesinatos. García Saldaña es, a su vez, suegro de uno de los condenados, César Omar Martínez, y conocido de otro, Abraham Torres. Estas conexiones, sin embargo, no constituyen un conflicto de intereses a ojos del Ministerio Público. La misma fuente afirma que García Saldaña no está ligado a la investigación del caso Narvarte y que “categóricamente no hubo participación” de Alejandro N. El Ministerio Público sí señaló que García Saldaña fue llamado a declarar como testigo hace siete meses.

Para la familia no es suficiente. “¿Por qué el portador del número 7078 regresa al lugar del los hechos? ¿Quién le avisó que a esa hora ya habían llegado los policías de la SSP [Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] y ministeriales de la entonces PGJ [Procuraduría General de Justicia]?”, cuestiona un comunicado difundido por Milenio. La hermana de Alejandro N., Rosa Ivette N., era pareja de Omar Martínez, con quien vivía y tenía una hija. Cuando la policía registró su domicilio después del crimen, García Saldaña estuvo presente, según el diario mexicano, en “calidad de abogado”. García Saldaña aseguró que solo había tratado “en cuatro ocasiones” con el novio de su hija, aunque los registros telefónicos evidencia una comunicación reiterada entre ambos antes y después del crimen, incluidos días relevantes de la investigación como las detenciones de Martínez y Daniel Pacheco. Otro de los condenados, Abraham Torres, también conocía a los hermanos.

Estas conexiones constituyen una prueba para los familiares de las víctimas de que la posición de García Saldaña dentro de la Fiscalía le permitió ocultar y desviar información necesaria para las pesquisas. La labor de la ya extinta Procuraduría General de Justicia, quien inicio la investigación, ha sido fuertemente criticada estos años por una serie de omisiones, errores y falacias que apuntan a un posible encubrimiento de funcionarios de Seguridad o de grupos criminales que pudieron participar en el múltiple homicidio.

Las piezas clave del rompecabezas

El 31 de julio de 2015, cinco personas se encontraban en el interior del departamento 401 del 1909 de la calle Luz Saviñón: Mile Martín, modelo, Yasenia Quiroz, estudiante, y Nadia Vera, activista, vivían allí; Alejandra Negrete, empleada del hogar, trabajaba en la casa, y Rubén Espinosa, fotoperiodista, estaba de paso. Espinosa y Vera son las piezas clave del rompecabezas. Ella era activista, él, fotoperiodista. Ambos habían trabajaban en Veracruz, un Estado en el que en aquellos años las autoridades perseguían, asesinaban y desaparecían a las voces disidentes de forma sistemática. Dejaron la región por amenazas y presiones a raíz de su labor. En una entrevista concedida meses antes de su muerte, Vera “responsabilizaba” al Gobierno de Veracruz de cualquier cosa que pudiera pasarle.

Sus familiares nunca han dudado de que esa es la razón por la que fueron asesinados. La llamada vía Veracruz: una posible participación de funcionarios del Gobierno del exgobernador del Estado, Javier Duarte, en la masacre —detenido desde 2017, condenado por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero e investigado también por desaparición forzada—. La Procuraduría, el organismo predecesor de la actual Fiscalía, fue acusada también de filtrar información a la prensa que apuntaba a asuntos de drogas o prostitución, hoy completamente desmentidos, para alejar el foco sobre la labor social de Vera y Espinosa. El caso se convirtió en un espectáculo mediático.

Este lunes, los familiares protestaron en la sede de la Fiscalía, con quien han roto el diálogo ante lo que consideran negligencias, como no investigar la relación de García Saldaña y su hijo con el caso. “Esta Fiscalía lamenta que las familias hayan declarado suspendido el diálogo, pero la institución mantiene su disposición a continuar la comunicación y la colaboración con ellas”, ha sostenido el organismo en un comunicado.

Los cabos sueltos del caso que no dejan bien parado al Ministerio Público son abundantes. La versión oficial defiende que el día del homicidio, los tres condenados llegaron al lugar, asesinaron a balazos a las víctimas y huyeron en una Chevrolet Suburban. La investigación independiente reveló que otro vehículo, un coche gris tipo sedán, acompañó al Chevrolet “durante todo su traslado”. En él viajaban otras dos personas, los otros presuntos implicados, según este relato.

Esta hipótesis podría arrojar luz sobre algunas de las incógnitas que nunca han logrado esclarecerse. Por ejemplo, una huella en un charco de sangre en la casa que no correspondía al tamaño de los pies de ninguno de los tres detenidos identificados inicialmente. O restos de sudor en un cable, que los asesinos usaron para estrangular a dos de las víctimas, que no correspondían al ADN de ninguno de los condenados. También que en los 22 tomos del expediente a los que tuvieron acceso, los investigadores independientes comprobaron que la Fiscalía omitió “una línea telefónica clave para identificar a los responsables”. Un cúmulo de irregularidades que han conducido a “la pérdida de evidencia clave”.

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