El registro de desaparecidos encontrados en México cae abruptamente desde la creación del nuevo censo
El Gobierno de López Obrador emprendió desde junio la elaboración de un nuevo registro de desaparecidos. Un análisis exhaustivo realizado por EL PAÍS muestra que nunca antes había descendido en picada el número de localizaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en junio resultados para las miles de familias de personas desaparecidas con un “nuevo censo”, sin embargo, las cifras de los últimos meses muestran el efecto contrario: menos gente ha sido localizada a pesar de la movilización de recursos y servidores públicos en todas las regiones del país. El descenso ha sido paulatino en los últimos cinco meses hasta llegar a un porcentaje de disminución del 60% en noviembre. Una persona desaparecida tenía tres veces más posibilidades de ser encontrada en mayo, antes del nuevo plan federal.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en junio resultados para las miles de familias de personas desaparecidas con un “nuevo censo”, sin embargo, las cifras de los últimos meses muestran el efecto contrario: menos gente ha sido localizada a pesar de la movilización de recursos y servidores públicos en todas las regiones del país. El descenso ha sido paulatino en los últimos cinco meses hasta llegar a un porcentaje de disminución del 60% en noviembre. Una persona desaparecida tenía tres veces más posibilidades de ser encontrada en mayo, antes del nuevo plan federal.
Un análisis exhaustivo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), realizado por EL PAÍS, muestra que el declive coincide con la puesta en marcha del programa de visitas a domicilios donde se ha reportado una desaparición y las autoridades tienen señales de que alguna persona podría estar con vida. La Secretaría del Bienestar cruza millones de datos de diferentes listados con los nombres en el padrón de desapariciones. Un gran problema han sido los homónimos.
El promedio diario de hallazgos es un salto al precipicio al comparar mes a mes a lo largo del año: cada día de enero 52 localizaciones; cada día de mayo, 51; cada día de junio, 45; cada día de octubre, 30; y por cada día de noviembre, apenas 19 personas.
A medida que las localizaciones bajan, cada día desaparecen otras más. En enero, 29 personas desaparecidas y no localizadas diariamente, en agosto, 37 desapariciones por día; en septiembre, 39; en octubre, 35 personas desaparecieron a diario; y en noviembre, las desapariciones volvieron a ser 29 diarias, como al principio del año.
La base de datos es un registro en movimiento. De manera constante, las entidades federativas y la Federación actualizan el estatus de las personas desaparecidas, pero la variación de un mes a otro no había sido tan dramática. Para esta investigación, se armó una base de datos con las estadísticas mes por mes de los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va de López Obrador hasta el 30 de noviembre.
Menos personas vivas
Según Arturo Arango, experto en análisis del crimen, es importante poner atención en la disminución en la localización de personas con vida en los últimos cinco meses. La cantidad de personas halladas vivas es el indicador que demuestra la eficiencia y eficacia del Estado en materia de búsqueda, dice el experto.
En enero se encontraron 1.515 personas con vida y en octubre 872, aunque había más gente desaparecida. “Estamos hablando de que están hallando al 40% menos de personas con vida que en enero de este año”, destaca Arango, presidente de Crimipol, un observatorio de violencia y delincuencia en México.
La localización de personas sin vida bajó un 64% entre enero y noviembre, según las estadísticas del registro nacional, cuyo funcionamiento comenzó en 2019 y es alimentado sobre todo por las fiscalías estatales.
“Nadie está en contra de tener un mejor registro, es una función del Estado actualizarlo”, señala la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) Karla Quintana en un seminario en el Colegio de México, su primera aparición pública después de dejar el cargo. “El disenso, la crítica que yo hago es que solo se está haciendo con una finalidad y una temporalidad, y esa finalidad es reducir el registro”. Según el presidente, la base de datos no estaba bien manejada y está buscando pruebas para demostrar que la excomisionada quería “afectar” su Gobierno. Quintana dice que no quiso prestarse a una manipulación.
Más de 113.004 personas siguen desaparecidas y no localizadas hasta el 1 de diciembre. Cuando Quintana dejó el cargo en agosto, la cifra era de 110.972. La escalada es de más de 2.000 personas desaparecidas en tres meses. Cada número es un nombre, una familia, una historia.
“La mayoría de las familias estamos de acuerdo en actualizar el registro, pero no en la forma que se está haciendo”, afirma José Ugalde, a nombre del Movimiento por Nuestros Desaparecidos. “El censo va en un sentido de reducir las cifras, no de actualizar, y eso es una gran molestia entre nosotros”. Su hijo Saúl Ugalde fue encontrado muerto en 2015 después de que desapareció en Querétaro.
“Primero cargamos con una desgracia que no tiene nombre, una película de terror difícil de olvidar para toda la vida. Aparte nos enfrentamos con la insensibilidad del Gobierno en el proceso de búsqueda y de justicia. Y todavía somos revictimizados por la parte que debería de buscar y estar al pendiente de nosotros”, añade.
La enorme base de datos con nombres y características de miles de nacionales y extranjeros desaparecidos había tenido un mismo patrón desde años atrás: alrededor del 60% eran personas encontradas y alrededor del 40% eran desaparecidas. A partir de la creación del nuevo censo comenzó a revertirse. En noviembre, por primera vez, la proporción cambió a 40% halladas y 60% desaparecidas. Solo 582 personas fueron localizadas el mes pasado. Es la cantidad más baja en números absolutos desde diciembre de 2018, cuando López Obrador llegó al Gobierno.
Nunca antes se había desplomado el número de localizaciones. Nunca por debajo del 50%. Ni en los años de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Ni desde el avance de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por la llamada guerra en contra del narcotráfico.
Cinco meses sin datos públicos y opacidad
La metodología que se usa desde junio no ha sido pública, tampoco el número de servidores de la nación, policías, comandantes u otros trabajadores del Estado que participan en las brigadas. El dinero invertido en esta tarea es un misterio. Los resultados de las brigadas en cada Estado no pueden auditarse. Ninguna autoridad responde, a través Ley de Transparencia, sobre las brigadas y si algún funcionario habla es con miedo, sin grabadora y con la promesa de la confidencialidad por temor a perder el puesto o las represalias.
Un gran problema con el cruce de datos de Bienestar han sido los homónimos. Solo después de una serie de entrevistas, bajo condición de anonimato, este medio ha podido saber que el ejercicio ha tenido al menos tres etapas: una prueba piloto en abril dirigida por la excomisionada Karla Quintana; una en junio que relegó a Quintana; y una en agosto que dejó fuera a las comisiones locales.
El exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, antes de dejar su cargo habló de la existencia de un convenio entre la CNB y Bienestar, este solo es para compartir bases de datos y apoyar a las brigadas, no para suplantar funciones de búsqueda como está sucediendo.
La CNB comenzó el año pasado a rastrear nombres, domicilios y características de personas con denuncia o reporte de desaparición en diferentes bases de datos de instituciones mexicanas. Parte de la metodología, de acuerdo con una respuesta vía Transparencia, era visitar las casas en parejas —un hombre y una mujer para generar confianza y seguridad—; tener tacto y cuidado de no afectar mentalmente a las familias (revictimizar) con información delicada; y respetar si las personas no querían abrir la puerta o hablar, entre otras cosas más.
Una serie de irregularidades documentadas durante el nuevo censo incluyen la toma de una fotografía georeferenciada de la fachada de las casas visitadas, sin consentimiento. Ugalde, el padre miembro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, suma otras: servidores públicos sin capacitación tocan en viviendas de gente amenazada y temerosa de nuevas desapariciones; visitas a casas donde sus habitantes han tenido que desplazarse de manera temporal por seguridad. Ahí, en lugar de retirarse y actuar con prudencia, los burócratas tocan a la puerta de los vecinos, les interrogan y les ponen en riesgo. “Esto es gravísimo, es terrible, eso no lo pueden hacer, no es el camino correcto”, dice Ugalde con indignación.
Aun con las quejas de violación a la privacidad, revictimización de las familias, y sus propios datos en contra, López Obrador asegura que el plan es efectivo y prometió demostrarlo este diciembre. “En muchas partes hay buenas noticias porque se están encontrando jóvenes”, dijo en agosto. “Hay avances importantes en la búsqueda porque es una acción de miles de servidores públicos”, mencionó en septiembre. “Los desaparecidos se han encontrado”, afirmó el mes pasado. Quedan 10 meses de su Gobierno y ya se encamina a cerrar el sexenio con el mayor número de desapariciones de la historia.
“En México no solo se encuentran menos, sino que hay más personas desaparecidas por día”, dice en entrevista Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. “El registro no se va a desinflar así nomás porque su intención no es humanitaria, es electoral”.
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