Grupo Salinas demanda a siete comunicadores por “terrorismo financiero”

Grupo Salinas ha interpuesto una demanda civil contra siete comunicadores a los que acusa de causar pérdidas millonarias a Banco Azteca con “actos de terrorismo financiero”. El grupo liderado por Ricardo Salinas Pliego afirma que estos usuarios de redes sociales —todos identificados con la llamada Cuarta Transformación— difundieron “información manipulada” en 2023 en referencia a que la entidad financiera estaba en quiebra, lo que presuntamente provocó la salida de miles de clientes y la pérdida del 7% de sus depósitos totales. La organización Artículo 19 ha considerado que la acción judicial vulnera la libertad de expresión.

Hace más de un año que el magnate Salinas Pliego arrastra un pleito con un grupo de tuiteros cercanos a Morena, el partido oficialista. Desde 2023 empezó a circular en redes sociales mensajes que hacían referencia a una quiebra de Banco Azteca. “Si yo fuera ustedes, iría sacando mi lana de Banco Azteca y cancelando Total Play. Ojalá que cuando quiebren, el gobierno los rescate para integrarlos al Banco e Internet del Bienestar”, escribió el economista Víctor Aramburu en agosto de 2023. O, con la etiqueta de #BancoAztecaEnQuiebra, la cuenta La Catrina Norteña publicó: “Se confirma que Banco Azteca se está quedando sin cash. Ya no tienen billetes grandes y tienen que dar a sus clientes puros billetes chicos. Adiós ratas”.

Ante estos comentarios, Grupo Salinas sacó un comunicado el 17 de enero de 2024 el que hacía referencia a “una campaña dolosa y sistemática que busca dañar la credibilidad del sistema financiero mexicano”. En respuesta, explicaba la compañía, iban a “proceder legalmente contra los autores intelectuales y materiales que solo buscan sembrar miedo desde el anonimato”: “La publicación de falsedades, con la fabricación de información manipulada y plagada de exageraciones puede generar trastornos en los mercados nacionales. Estos actos son tan graves que constituyen diversos delitos con base en el Código Penal Federal, (...) por ello no pueden quedar impunes”.

En un primer momento, el grupo empresarial de Salinas Pliego interpuso una denuncia penal en la Fiscalía de Jalisco contra 20 cuentas de X, Facebook y Youtube. No se especificó exactamente qué delitos son los que imputaba a los usuarios. La compañía cifró que estos comunicadores habían provocado con sus publicaciones la salida de 885.000 clientes del banco y también que más de 800.000 usuarios sacaran el 80% del dinero de sus cuentas. En total, “alrededor de 1.000 millones de dólares estadounidenses”.

Para la organización Artículo 19 esto se englobaba en la llamada denuncia estratégica contra la participación pública, conocida como SLAPP en inglés, puesto que se desconocía qué delitos les imputaban, por qué publicaciones exactamente, ni qué monto se exigía a cada usuario por estos presuntos crímenes. Esto puede provocar un “efecto inhibidor”, explicaba la organización, para que “no sólo la prensa, sino los usuarios en redes sociales limiten sus publicaciones sobre las empresas vinculadas a Banco Azteca”.

El caso llegó hasta Estados Unidos, donde los abogados de Banco Azteca solicitaron el 12 de abril a la Corte del Distrito Norte de California los datos completos de estas 20 cuentas, algunas de las cuales eran anónimas. La entidad financiera pedía que las compañías de X, Google y Meta revelaran las direcciones, los correos electrónicos, los números de teléfono y los datos de las tarjetas de crédito asociados a estos usuarios. El propósito era el de “obtener evidencia para usar en procedimientos criminales” en México.

A finales de junio, la Corte de California comunicó a Banco Azteca que Google y Facebook no se oponían a la citación para “el descubrimiento de evidencia” siempre que se diera un plazo para que las personas afectadas pudieran oponerse. X sí rechazó dar esta información con base en la primera enmienda estadounidense, que protege la libertad de expresión.

El pleito podía haberse quedado ahí, pero este febrero se informó a siete comunicadores de una nueva demanda, ahora no por la vía penal, sino por la civil, ante el juez octavo de lo civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Esta última denuncia ya iba dirigida solo contra del jefe de información del portal Polemón, Jorge Gómez Naredo; el economista Víctor Arámburu; los periodistas Vicente Serrano, Sandra Aguilera y Hans Salazar; el youtuber Ignacio Rodríguez del canal El Chapucero, y el usuario Miguel Ángel Pelayo.

Para Artículo 19, el efecto de esta demanda afecta a “toda aquella persona que quiera publicar información incómoda de empresas o poderes económicos”. El proceso ha llegado hasta los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum que ha pedido al juez encargado del caso que “no proceda”: “Porque una cosa es presentar una denuncia y otra cosa es que un juez se haga eco de una denuncia que no tiene razón de ser. Él tiene la concesión de una televisora. Imagínense si fuera al revés de que cada vez que se dice una mentira sobre alguna persona, se presentara una denuncia y otra denuncia...”. La mandataria ha hecho un llamado al juzgador de que “actúe en favor de la libertad de expresión”.