Sheinbaum y los empresarios firman un tope “voluntario” de 24 pesos a la gasolina regular

Con el objetivo de reducir los gastos de los consumidores, el Gobierno federal y los empresarios han pactado este jueves un tope de 24 pesos al precio de la gasolina regular, según ha confirmado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El inédito acuerdo será de carácter voluntario, es decir, las compañías no estarán obligadas a implantarlo “y no impone obligaciones adicionales forzosas a las partes firmantes”, señala el documento. “Su éxito dependerá de la cooperación y compromiso de todos los actores involucrados, quienes participarán con la convicción de fortalecer la transparencia y estabilidad del mercado de combustibles en beneficio del pueblo de México”, continúa el texto.

Sheinbaum ya había adelantado en la Mañanera, su conferencia diaria de prensa, que mantendría una reunión con los empresarios a las 11.00. “El objetivo es que de manera voluntaria firmemos hoy un acuerdo”, anunció. “Es por seis meses inicialmente y obviamente en seis meses se revisa por si hay algún cambio y haya un proceso de evaluación. El objetivo es que a partir de la firma la gasolina no cueste más de 24 pesos, la gasolina magna”. Según el portal especializado PETROIntelligence, el precio del combustible regular el jueves antes de la firma del acuerdo era de 24,236 pesos.

Sheinbaum ha celebrado el tope en un mensaje en redes sociales tras la reunión: “Hoy firmamos un acuerdo histórico con gasolineros para establecer de manera voluntaria el precio máximo de 24 pesos en la gasolina magna. Protegemos la economía de las familias”. El texto difundido en días anteriores ya señalaba que el Gobierno perseguía “dignificar las condiciones de vida de las y los mexicanos” y “apoyar la economía popular y garantizar el bienestar de la población, para lo cual, se ha hecho el compromiso de no aumentar los precios de energéticos ni de la canasta básica”.

El pacto, que ha sido denominado Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México, se extenderá durante medio año a partir de este jueves y estará sujeto a “evaluaciones periódicas” que comprobarán su “efectividad” para “realizar los ajustes y demás acciones necesarias en función de los resultados obtenidos”. Entre las partes firmantes se encuentra la paraestatal Pemex (Petróleos Mexicanos), así como importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas.

Algunos expertos han señalado las lagunas del pacto. El acuerdo, señalan, obvia ciertos aspectos, como no establecer una diferencia de precios entre Estados, lo que obvia cuestiones puramente logísticas como el aumento de precios que conlleva mayores distancias de transporte —la mayoría de la gasolina que consume México se importa desde Estados Unidos, y cuesta más en llegar, por ejemplo, a Quintana Roo que a Nuevo León—. Esto, de acuerdo con las voces más críticas, podría conllevar el cierre de estaciones de servicio y la proliferación de huachicol, el robo de combustible para venderlo en el mercado negro.

Respecto a uno de esos claroscuros, según Radio Fórmula, el acuerdo establece que el “compromiso no será aplicable a las estaciones de servicio que se encuentren en las zonas fronterizas, en las cuales, por su estructura de costos y los estímulos fiscales para las regiones fronterizas norte y sur, tienen un precio menor al referido”. Para evitar inflación en los precios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará apoyos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar que se disparen los costes.

La noticia llega el mismo día que Pemex ha anunciado una nueva caída en sus dividendos, que sitúa a la compañía pública con una pérdida neta de 620.605 millones de pesos [unos 30.294 millones de dólares] en 2024 debido a un incremento en el costo de ventas y la depreciación cambiaria. En total, la deuda de la paraestatal asciende a 97.000 millones de dólares, a pesar de las continuas inyecciones de capital por parte del Gobierno federal. A diferencia del sexenio anterior, esta Administración ha asegurado que está abierta a implementar proyectos mixtos, con privados, para elevar la producción de crudo a 1,8 millones de barriles diarios.