La democracia polaca, en el punto de mira

Nunca antes había ocurrido algo así en Polonia. El 10 de febrero los diarios y revistas suspendieron sus publicaciones, se apagaron los sitios web y docenas de estaciones de radio y televisión dejaron de transmitir. Treinta años después de la caída del muro de Berlín, la abolición de la censura y el colapso de la URSS, la sociedad civil polaca vuelve a defender la democracia que tanto le costó conseguir frente a un Estado decidido a quitársela.

Las políticas contra las que protestan los medios polacos independientes los dejaron tan vulnerables como sus contrapartes en Rusia y Hungría. De hecho, como admitió públicamente el viceprimer ministro Jaroslaw Kaczynski, gobernante de facto de Polonia, este régimen se basa en el de Hungría bajo el mando de Viktor Orbán. Entonces, para entender la protesta silenciosa de los medios polacos vale la pena recordar la experiencia húngara.

Después de su regreso al poder en 2010 Orbán, decidido a consolidar lo que llamó una “democracia iliberal”, se basó en las tácticas “salami” inventadas por Mátyás Rákosi (a quien llamaban el Stalin húngaro) para establecer el Gobierno comunista después de la II Guerra Mundial. En la lucha contra el “enemigo de clases”, los comunistas diezmaron metódicamente a las instituciones libres, rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara. Orbán adaptó esas tácticas para el siglo XXI y Kaczynski lo siguió.

La primera rebanada, tanto en el pasado como en la actualidad, fueron los medios públicos, que se convirtieron en el micrófono del partido Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) de Kaczynski. Los medios de noticias oficiales polacos ahora hacen proselitismo con un flujo continuo de mentiras y difamaciones que recuerdan a maestros de la propaganda como Joseph Goebbels y Andrei Zhdanov. El Tribunal Constitucional, la oficina del fiscal y las instituciones culturales fueron los siguientes en ser politizados y subordinados al partido gobernante. Paso a paso, transformaron un Estado democrático regido por la ley en un autoritario pueblo Potemkin.

Siguiendo el ejemplo del presidente ruso Vladímir Putin y de Orbán, al PiS ya no le alcanza con el control de los medios públicos y la lealtad de los sitios web y periódicos progubernamentales, y está redirigiendo su atención a estrangular los medios de noticias independientes. Falsificar la historia y ocultar los escándalos de la corrupción no es suficiente. La cadena de juicios contra sus críticos no alcanza. Todos los medios que no están bajo el control del régimen del PiS y no sirven a sus intereses deben ser destruidos.

Con este telón de fondo, el impuesto a la publicidad planeado por el régimen, que disparó las protestas actuales, es simplemente otra rebanada del salami. El impuesto no es solo una carga financiera pesada y discriminatoria, sino también un arma para acallar la crítica y la libertad de expresión. La supervivencia de la mayoría de los medios de noticias independientes depende de sus ingresos por publicidad, que ya se desplomaron en una economía devastada por la pandemia. Quitarles aún más recursos a los medios los obligará a despedir periodistas y a reducir sus presupuestos para las tareas centrales: controlar la veracidad de las declaraciones del Gobierno y llevar a cabo investigaciones sobre las fechorías oficiales. Para colmo de males, los ingresos de la publicidad serán transferidos a los medios progubernamentales.

El Gobierno afirma que el impuesto se aplica principalmente a los gigantes tecnológicos estadounidenses, que no tributan por su facturación en Europa, pero eso es una clara mentira. El Gobierno del PiS, completamente servil al expresidente estadounidense Donald Trump, en realidad se negó a gravar a los magnates de Silicon Valley. Por otra parte, la recaudación de un impuesto de ese tipo debiera contar con la aprobación de muchos países, especialmente los de la Unión Europea. Polonia no tiene posibilidades de ser eficaz contra los gigantes tecnológicos estadounidenses sin la UE, de la que el gobierno del PiS se ha alejado.

El ataque del régimen del PiS al sustento económico de los medios libres es un ataque contra la democracia no menos grave que la invasión del 6 de enero al Capitolio de EE UU por los partidarios de Trump. Detrás de ambos hay mentiras, una retórica violenta y la perversión de la política y la vida pública. El PiS también ha demostrado su desprecio por el Estado del derecho y los derechos humanos, ni que hablar de los medios independientes. Lo evidencian una plétora de escándalos gubernamentales, la corrupción generalizada (incluso en la lucha contra la pandemia), la transformación de los planes de estudio escolares en un kitsch nacionalista, y el uso de la policía como herramienta y guardaespaldas del régimen del PiS.

En la base de esas políticas —donde quiera que se las adopte— no solo hay miedo a la libertad y la verdad, sino también el deseo de infundir ese miedo a nuestras sociedades. Todos los tribunales polacos deben estar tan controlados como los de Moscú, que pueden juzgar, declarar culpables y sentenciar a los oponentes del Kremlin en tiempo récord, como lo demostró el reciente caso de Alexéi Navalni. Se supone que todos los medios polacos deben hablar con una única voz, como los que alaban a Putin o a Orbán.

Uno de mis colegas, perspicaz observador de la política contemporánea, me comentó: “Como analista te diré que ellos, los enemigos de la libertad, podrían ganar. Como ciudadano, te pido que me prometas que harás todo lo necesario para evitar que eso ocurra”.

Le respondí: te lo prometo.

Adam Michnik es director de Gazeta Wyborcza.

Traducción de Ant-Translation. © Project Syndicate, 2021.