Acceso a armas: ¿derecho humano?

Es un lugar común eso de que la “violencia no tiene fronteras”. Pero no pasa de ser eso, un lugar común, pues se queda en la vaguedad abstracta. Hay dos situaciones concretas de violencia y terror “sin fronteras” que tienen, sin embargo, mucho en común: la incesante violencia armada en México y el terrorismo en los EE UU. Dos entornos muy distintos. Que comparten, sin embargo, la permisividad de una legislación y algunos alegados “principios” libertinos y de derechos individuales de comercio de herramientas letales.

Muchos asesinatos en México y al “sur del rio Grande”. Desde hace años. En ello, sin duda, la contribución local de poderosas bandas de crimen organizado junto con la ineptitud -o venalidad- de instituciones o autoridades locales son los factores decisivos. Pero también tenemos, en paralelo, una sucesión de acciones terroristas en territorio estadounidense, la mayoría de ellas impunes. Ataques, además, premunidos muchas veces de herramientas letales adquiridas legalmente en almacenes o exhibiciones de armas de fuego usualmente en algunos de los Estados del sur (California, Arizona o Texas).

En el debate político estadounidense el tema está que arde sobre si se liberaliza (¡más!) el acceso a armas letales. Es un asunto de interés y preocupación, por cierto, para muchos en los EE UU. Pero tiene repercusiones internacionales que deberían merecer atención en espacios como el G-7 o las Naciones Unidas. O en algunos Estados en la UNODC, tan concentrados, a veces, en una visión tradicional del narcotráfico (los “países productores”) y en hacer buena letra en el discurso con lo que sospechan es lo que quieren algunos del norte.

Lo de México es más conocido; lamentablemente, se ha convertido en información casi rutinaria. Está probado hasta la saciedad que el 70% de las armas utilizadas en delitos letales en México provenían de EE UU, según informes de la GAO (Government Accountability Office) del Gobierno de Washington y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Un policía mexicano es asesinado cada 16 horas con alguna de esas armas.

Entre otros, el periodista y escritor estadounidense Ioan Grillo y varios autores, han descrito y analizado la relación directa entre el dinero y las armas. Es amplio y preciso en esto Grillo en su libro Blood, Gun, Money. En esa y otras fuentes queda claro que el grueso de las armas de los carteles mexicanos son compradas -legalmente- en el liberal mercado de armas estadounidense.

La gran mayoría de las armas en México proviene de Texas; luego de California y Arizona. Un 25% de los 130.000 locales con licencia de venta de armas en los EE UU se encuentra en esos Estados. En la última década habrían entrado de manera ilegal a México entre 250.000 y 280.000 armas de fuego anualmente. Sobran comentarios.

Plantea Grillo, también, cómo simples medidas legislativas en EE UU podrían cortar ese circuito de dinero y muerte. A ellas se opone, sin embargo, el poderoso lobby de las armas y de la emblemática organización de ultraderecha NRA (National Rifle Association) que otrora presidiera Charlton Heston, el Ben Hur de los 60 y gris actor de Hollywood, Charlton, receptor de un generoso Oscar en 1960.

Hay pues, en todo esto, una responsabilidad compartida con EE UU por lo que la actual discusión en ese país sobre las leyes que deben regular el comercio de armas no es un asunto interno sino de tanta incumbencia internacional como es el narcotráfico o el tráfico ilegal de personas.

La permisividad mata mucha gente dentro de EE UU, en algunos casos por terrorismo (de extrema derecha en su gran mayoría). Más de un muerto al día era consecuencia de tiroteos según Mass Shooting Tracker (MST). Según investigadores de la Universidad de Pensilvania entre 2009 y 2017 se registraron más de 329 lesiones por armas de fuego al día. 2020 más de 19.000 personas, sin contar suicidios, murieron con armas de fuego; la cifra más alta en más de 20 años. El promedio desde 1999 era de 11.500 anuales.

El terrorismo dentro de los EE UU es parte de esta realidad. En ello la permisividad en la venta de armas aporta en segar vidas. Y queda claro, además que la fuente del terror en el gran país del norte son ante todo, desde hace años, grupos de extrema derecha; desde mucho antes que Trump alentara a sus huestes al asalto al Capitolio a inicios de enero. Actos movidos y llevados a cabo por los mismos que ideológicamente -o conceptualmente- usufructúan y distorsionan la famosa 2ª enmienda de la Constitución sobre el supuesto derecho a la tenencia de armas de fuego.

De acuerdo a The Economist, entre 2009 y 2018 los supremacistas blancos fueron los causantes de las tres cuartas partes de los 313 asesinatos con armas de fuego por extremistas en ese lapso. En el banco de datos sobre terrorismo global del Washington Post, de los actos producidos en los EE UU en el lapso 2010-2017, 92 fueron llevados a cabo por extremistas y 38 por algo que se podría llamar “jihadistas”.

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU de fines del año pasado expresa la preocupación “por los extremistas violentos de la supremacía blanca que han sido excepcionalmente letales”. Los datos son contundentes: casi el 70% de los atentados y complots tienen ese origen.

En ese contexto, pues, es un asunto de interés continental el curso que tome la discusión política y legislativa sobre las normas para regular -o no- la adquisición de armas de fuego en EE UU en un año como este en el que se conmemora el vigésimo aniversario de la adopción por unanimidad en la OEA de la Carta Democrática Interamericana, es un tema de interés regional por las implicaciones que puede tener en esta delicada materia.

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