No se entiende tanta tolerancia

Como es ya costumbre, estalló un nuevo escándalo de corrupción en Colombia. Esta vez, estarían a punto de perderse cerca de 70.000 millones de pesos que fueron entregados a un consorcio de contratistas para instalar puntos de internet en escuelas alejadas del país. Lo dramático del asunto es que, antes de la firma del contrato, se había advertido del riesgo de firmar con contratistas que no tenían experiencia ni capacidad técnica. Incluso, había una extraña relación entre estos contratistas y quienes estaban elaborando los términos del contrato.

El escándalo envuelve a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien es cercana a la casa Char. En Colombia, se les denomina el clan Char; una poderosa agrupación política semi familiar que controla varios congresistas, una gobernación, varias alcaldías y que tiene importantes cuotas en el Gobierno nacional. La señora Abudinen fue advertida de los riesgos del contrato, y aun así siguió adelante. Meses después de la firma, los retrasos eran evidentes y, de ahí en adelante, cada semana salía una información nueva como las pólizas falsas o que gran parte de la plata del anticipo había sido sacada del país.

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La señora Abudinen ha rotado de cargo en cargo gracias a que la casa Char la pone en instituciones a que represente el poder de esa familia. Estuvo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde pasó sin pena ni gloria. Además, ella seguramente será la próxima alcaldesa de Barranquilla. El clan Char hace parte del partido Cambio Radical, estructura que cuenta con cuatro ministerios y quienes fueron los grandes ganadores de la crisis política de hace unos meses. El Gobierno de Iván Duque, para mantener cierta estabilidad política, entregó a tres partidos la mayoría de las instituciones importantes, es decir, literalmente, ferió el país.

El poder de los Char —o la debilidad de Duque— quedó demostrado la semana pasada, cuando luego de varios días de escándalo el presidente salió en defensa de la ministra. La protegió y destacó lo “buena” funcionaria de ella es. Al final, el golpe en la opinión pública será nuevamente para el mandatario, quien será castigado aún más de lo que ya está.

En los más de tres años de Administración Duque hay varios ejemplos de esta tolerancia criminal. Por ejemplo, un exembajador salpicado en un escándalo de narcotráfico permaneció varias semanas en el cargo a pesar de toda la información que surgía. También, luego de la violenta represión estatal en medio del paro nacional que dejó decenas de presuntos asesinatos, agresiones sexuales y perdidas de ojos a decenas de jóvenes, todo, presuntamente, a manos de la policía colombiana, al final no pasó nada. No cayó ningún coronel o general, y mucho menos el ministro de Defensa. La tolerancia criminal de la Administración Duque ha sido un sello de Gobierno. Iniciando el mandato, el presidente comenzó a repetir en todas sus intervenciones públicas “el que la hace la paga”, refiriéndose a que así sería su comportamiento. Meses después dejo de pronunciar la frase, pues evidentemente tal frase no se correspondía con las acciones del Ejecutivo.

La pregunta que ronda a los analistas y políticos es por qué el presidente Iván Duque actúa de esa forma. Habría, al menos, tres opciones. La primera es que no puede actuar y está preso de los clanes políticos corruptos. La segunda posibilidad es que no le importa y tiene una tolerancia alta a casos de corrupción. La tercera es que no controla el Gobierno y le cuesta tomar decisiones.

Escándalos de corrupción en materia de seguridad, de narcotráfico o de administración han sido el común denominador en el Gobierno del presidente Duque. La mayoría de ellos no han sido explicados, y en otros hay abiertas contradicciones y mentiras. Tal vez ese sea su legado.

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