China se mueve

La libertad no es un valor occidental, sino universal, tal como están demostrando estos días cientos de miles de ciudadanos chinos que han salido a las calles de las principales ciudades del país y siguen protestando todavía, especialmente en las redes sociales, por la brutalidad de los confinamientos impuestos por el régimen de partido único que preside Xi Jinping para evitar la expansión del virus de la covid-19. Con el cierre drástico de los 40 millones de habitantes de la provincia de Hubei hace ya casi tres años, al detectar en su capital, Wuhan, el primer brote del virus, sumado a la diplomacia de las mascarillas fabricadas en China y distribuidas en todo el mundo, el Gobierno ofreció una imagen de seriedad y eficacia con la que consiguió mantener la opacidad sobre los discutidos orígenes del virus y minimizar los métodos propios de un Estado totalitario, además de presentarse como modelo político ante las dificultades de las democracias europeas y de Estados Unidos en el combate contra la pandemia.

Ahora ha llegado al límite el mantenimiento de la política de covid cero, que no solo está provocando un daño enorme a la economía, sino en la salud mental de la población y probablemente también en la estabilidad del sistema político. La rigidez de tal política sanitaria se explica por la debilidad del sistema de atención primaria y por el prurito nacionalista respecto a las vacunas chinas, de escasa eficacia comparadas con las occidentales que el régimen no quiere utilizar. El resultado es la escasa tasa de vacunación, especialmente entre la población de más edad, y la concentración de los esfuerzos en el rastreo y en los detectores, lo que redunda en el carácter policial de las actuaciones epidemiológicas.

Es difícil de entender el empecinamiento en esta política a la vista de las mutaciones del virus hasta alcanzar la benignidad de la variedad ómicron, más infecciosa pero menos severa. Pese a la necesaria prudencia ante una epidemia en un país de estas dimensiones, nada justifica la rigidez policial; es una obsesión del Partido por vigilar a la población hasta límites intolerables. La confianza de las autoridades en la capacidad de controlar las tecnologías digitales ha tropezado con el reverso de las redes sociales, que sirven para difundir y organizar las protestas.

El estallido social contra los confinamientos ha unificado, además, a numerosos sectores de la sociedad china, desde los estudiantes hasta los obreros industriales, sin distinción geográfica, social o ideológica, en una protesta de una amplitud y radicalidad que no se habían visto desde el movimiento juvenil por la libertad de 1989, que terminó con la matanza de la plaza Tiananmén. Ha venido a suceder a las seis semanas de la entronización de Xi Jinping como líder vitalicio en el XX Congreso del Partido. Su destitución y la demanda de libertad y de elecciones libres se han convertido en unas insólitas reivindicaciones de los manifestantes más politizados.

El Gobierno se enfrenta a la protesta con un despliegue abrumador de medios policiales, el cierre de los espacios públicos, un control exhaustivo sobre las redes sociales, la máxima opacidad respecto a las detenciones de manifestantes, y la habitual atribución de sus dificultades a la actuación de agentes extranjeros, como hacen otros regímenes hermanos, como Irán o Rusia. Alternando el palo con la zanahoria, ha empezado a aflojar los confinamientos y a neutralizar la política de covid cero, intensificando sobre todo la vacunación entre los mayores, en un fracaso evidente que nadie en el Gobierno querrá admitir y que ha redundado en una intensificación de la exaltación de Xi Jinping en sus medios de propaganda.