El ‘caso Reichsbürger’: la preocupante diversificación del extremismo político en Alemania

Cuando la conmoción inicial por la redada policial del pasado miércoles contra un presunto intento de golpe de Estado en Alemania se calmó, se produjo un extraño debate en los medios de comunicación alemanes. Aunque la mayoría de los medios coinciden con la ministra del Interior, Nancy Faeser, en que los sospechosos “no son chiflados inofensivos, sino sospechosos de terrorismo”, algunos periódicos han argumentado que se ha dado demasiada importancia a la detención de ″25 personas mayores y confundidas”.

Por supuesto, el complot para derrocar al Gobierno alemán tenía pocas posibilidades de éxito, pero reveló que existe una peligrosa minoría de alemanes tan descontentos con la política dominante que están dispuestos a recurrir a la violencia.

A primera vista, el presunto plan parece, en efecto, producto de dementes. Según el fiscal general alemán, los supuestos golpistas de un grupo conocido como “el Consejo” habían planeado asaltar por la fuerza el edificio del Parlamento en Berlín, teniendo en cuenta que ello tendría que implicar “el despliegue de medios militares y violencia contra los representantes del Estado. Esto incluye llevar a cabo asesinatos”. Una vez que los políticos estuvieran bajo su control, los presuntos terroristas habrían instalado su propio Gobierno bajo un noble menor llamado Heinrich XIII.

Por supuesto, ese intento de golpe de Estado habría tenido pocas posibilidades de éxito. Solo 52 personas están acusadas de estar implicadas, lo que no es en absoluto un movimiento masivo. No hay indicios de que se haya alcanzado una masa crítica de partidarios ni de que el grupo hubiera podido contar con el apoyo del Ejército y la policía una vez iniciado el golpe. “El Estado puede defenderse por sí mismo”, afirma Andreas Zick, académico y experto en el campo de los estudios de conflictos. “La mayoría absoluta de los ciudadanos no solo se identifica como demócrata, sino que ve la democracia como algo que merece la pena proteger”.

Ante tal confianza en la resistencia de la democracia alemana, algunas figuras públicas han argumentado que la respuesta de las fuerzas de seguridad germanas —con 3.000 policías en acción, una de las mayores redadas antiterroristas de la historia moderna de Alemania— fue exagerada y utilizada en beneficio del Gobierno. Martina Renner, política del partido de extrema izquierda Die Linke, declaró a los medios de comunicación que la redada “parecía un truco de relaciones públicas”.

Esta línea argumental corrió por varios medios de comunicación alemanes cuando se hizo evidente que los medios sabían de las redadas antes de que ocurrieran y estaban preparados para documentar la acción policial. Las cámaras estaban preparadas. Los reportajes para la prensa estaban redactados de antemano. La revista online Cicero no fue la única en concluir que los periodistas se dejaron utilizar por el Gobierno e “incluso están orgullosos de ello”.

Pero los debates en torno a la viabilidad del presunto golpe y a cómo respondieron a él la política y los medios de comunicación no vienen al caso. Dos docenas de personas están acusadas de planear el derrocamiento violento de un Gobierno elegido democráticamente en Alemania. Se registraron más de 150 lugares en relación con el incidente y en más de 50 de ellos se encontraron armas. “Esto no es inofensivo”, declaró Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal alemana. “Tanto si hubiera triunfado un levantamiento armado como si no, podría haber desembocado en un derramamiento de sangre”.

La composición del grupo de detenidos también sugiere un peligro que va más allá del caso inmediato. Se calcula que el denominado movimiento Reichsbürger, al que se sospecha que está vinculado el grupo, engloba a unas 21.000 personas y es mucho más diverso que los anteriores movimientos de extrema derecha. Atrás quedaron los jóvenes matones furiosos con bates de béisbol. Entre los activistas de hoy se encuentran personas como Birgit Malsack-Winkemann, una jueza de 58 años y exdiputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Rüdiger von Pescatore, acusado de haber creado el ala militar del “Consejo”, fue anteriormente un alto oficial de campo en el Bundeswehr, las fuerzas armadas germanas.

Esta diversificación del extremismo político en Alemania es preocupante en sí misma. Hace que las organizaciones potencialmente peligrosas sean menos visibles y les confiere un aire de respetabilidad, dos elementos de los que carecían los matones callejeros de antaño.

Individuos bien conectados como Heinrich XIII aportan fondos, instalaciones y vínculos con Rusia. El experto en terrorismo Peter Neumann tenía razón al afirmar que “el movimiento se ha radicalizado y ha conseguido expandirse y formar nuevas alianzas... Es realista que lleven a cabo actos de terror y atentados extremadamente brutales, incluso contra infraestructuras críticas, con el fin de desencadenar una crisis en Alemania”.

Por tanto, las preguntas que Alemania debería plantearse no se limitan a si podría haber tenido éxito un intento como el presunto golpe y si estaban trastornados los detenidos. Más importante aún es que el país se pregunte por qué y cómo teóricos de la conspiración como los de Reichsbürger son capaces de reclutar a un espectro tan amplio de personas y qué significa esto para la seguridad de las instituciones democráticas en Alemania.

Por muy locos y fragmentados que estén los círculos de extremistas políticos en Alemania, confiar en su desorganización ya no es una respuesta viable al peligro muy real que emana de ellos. Las conexiones en todas las ramas de la sociedad les permiten ahora acceder a armas, fondos, locales y logística. Alemania debe despertar ante la realidad de que la democracia necesita ser defendida. Debería saber que no debe menospreciar el peligro que suponen para su democracia los extremistas furiosos.