El abandono de Etiopía

La guerra en Etiopía, que estalló en 2020 cuando los dirigentes de la región de Tigray se rebelaron frente a los cambios en los equilibrios de poder introducidos por el primer ministro etíope y premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed, ha sido una de las más letales de este siglo, con unas 600.000 víctimas civiles, según la investigación del profesor Jan Nyssen, de la Universidad de Gante, y los cálculos de organismos como la Unión Europea o la Unión Africana. Todos coinciden en que el bloqueo total que sufrió Tigray es el principal responsable de esta elevada mortalidad, pues impidió no solo la entrada de alimentos y material médico, sino el acceso de la ayuda humanitaria que pretendía paliar las consecuencias del conflicto.

El alto el fuego firmado en noviembre de 2022 ha logrado acallar las armas, pero es frágil y no ha permitido que buena parte de los dos millones de desplazados por el conflicto regrese aún a sus casas. Alcanzar una paz estable y duradera pasa por un acuerdo que incluya justicia y reparación. Si una investigación oficial e independiente concluye que uno de los dos bandos enfrentados, presuntamente el ejército etíope y sus aliados de las Fuerzas Armadas eritreas y milicias amharas, bloquearon intencionadamente a toda una región para provocar una terrible hambruna, dicho bando tendría que asumir la responsabilidad.

La estrategia no es original. Se llevó a cabo en los asedios medievales, la aplicaron los nazis contra los judíos en el gueto de Varsovia y, más tarde, fue la cruel táctica de Nigeria en la región independentista de Biafra. Más recientemente, también en Siria y Yemen millones de personas han sufrido por la escasez de comida. Pero, como se recoge en el Estatuto de Roma que regula el Tribunal Penal Internacional, “usar intencionalmente el hambre de civiles como método de guerra privándolos de objetos indispensables para su supervivencia, incluso impidiendo deliberadamente los suministros de socorro según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra”, es un crimen de guerra.

El bloqueo impuesto a Tigray no solo impidió la entrada de comida o medicinas, también supuso cortar la comunicación de la región con el resto del mundo. El Gobierno etíope impidió el acceso a los periodistas a las zonas de conflicto y los cortes de luz y de internet contribuyeron al aislamiento. Fue una guerra con muy pocos testigos, pero ni las autoridades etíopes ni la comunidad internacional pueden mirar más tiempo hacia otro lado. El alto el fuego en el norte de Etiopía ya ha permitido la restauración de servicios básicos y la entrada de ayuda humanitaria. Pero los dos largos años de conflicto han sido de una dureza extrema y queda por definirse el estatuto de Tigray dentro de un país que vive profundos cambios. Deben incluirse también fórmulas de reparación del daño causado. Porque una cosa es detener la guerra y otra distinta, construir la paz.