Subida del salario mínimo

En el seno del debate de este martes en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 que lo sitúa en 1.080 euros, un 8% de incremento respecto de los 1.000 euros alcanzados en 2022. España se sitúa, de esta manera, en el horizonte recomendado por la Carta Social Europea, que invita a los países a establecer un salario mínimo en torno al 60% del salario mediano de cada país, con el objetivo de preservar la cohesión social y reducir la tasa de pobreza laboral —las personas que, aun trabajando, se mantienen en la pobreza—, que en España es particularmente alta, con un 12,7% en 2021, muy por encima del promedio europeo. Si tenemos además en cuenta la fuerte erosión del poder adquisitivo de los salarios producida en 2022, la decisión es adecuada y permite enviar una señal al mercado laboral, incidiendo de esta manera sobre la necesidad de incrementar los salarios pactados por convenio colectivo.

Con esta decisión, España se suma a los 10 países que sitúan su salario mínimo en la franja recomendada por la carta social (entre el 55% y el 60% del salario mediano), y culmina un proceso de convergencia que ha sido una de las referencias programáticas de la política laboral de este Gobierno. Desde una perspectiva global, el SMI ha subido, desde 2018, casi un 50% respecto de sus niveles previos.

Cabe, en cualquier caso, hacer algunas consideraciones. La existencia de un salario mínimo interprofesional se corresponde con una política social que tiene derivadas económicas que conviene no tomarse a la ligera: uno de cada tres jóvenes y una de cada cuatro mujeres cobran el SMI, y la mitad de los trabajadores agrícolas perciben esa misma cifra. En total, algo más de dos millones de personas. Las evaluaciones independientes desarrolladas hasta el momento no permiten afirmar que la medida destruya empleo neto, como señalan sus críticos, pero subidas aceleradas pueden afectar al acceso y al mantenimiento del empleo de las personas con menos formación. Por esta razón, la subida del SMI debe verse acompañada con medidas intensivas de recualificación para aquellas personas con menores oportunidades de trabajar, aprovechando para ello los recursos existentes, como el Fondo Social Europeo, específicamente destinado a este fin, y donde España cuenta con 11.296 millones de euros a invertir hasta 2027. Esta inversión es particularmente importante en un año donde las perspectivas de crecimiento del empleo están congeladas por la desaceleración prevista, y donde el marco institucional generado con la nueva ley de empleo debe encontrar su máximo desarrollo.

La medida, saludada por los sindicatos, no ha recibido esta vez el aval de la patronal, que se ha ausentado de las negociaciones. En cualquier caso, y en cumplimiento del pilar social europeo, la nueva directiva europea de salarios mínimos establece un mecanismo de revisión que obligará a los Estados, en el futuro, a tener en cuenta la opinión de los agentes sociales. Todavía no traspuesta al ordenamiento jurídico español, esta directiva permitirá consolidar un nuevo marco de revisiones para los años venideros.