Corrupción latinoamericana: no es invencible

El otoño del patriarca es esencialmente la vida e impacto en un país ficticio del Caribe de un dictador instalado en el poder por un golpe militar, financiado por los ingleses y sostenido luego por Estados Unidos.

Una de las novelas más representativas del inmortal Gabriel García Márquez que, como otras de grandes escritores latinoamericanos, se adentra en los entresijos de cómo surgieron muchas de las dictaduras en el siglo XX y sus consecuencias en abuso de poder y corrupción.

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El otoño del patriarca es esencialmente la vida e impacto en un país ficticio del Caribe de un dictador instalado en el poder por un golpe militar, financiado por los ingleses y sostenido luego por Estados Unidos.

Una de las novelas más representativas del inmortal Gabriel García Márquez que, como otras de grandes escritores latinoamericanos, se adentra en los entresijos de cómo surgieron muchas de las dictaduras en el siglo XX y sus consecuencias en abuso de poder y corrupción.

Tan relevante asunto en la región latinoamericana que está presente en obras medulares de otros grandes escritores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, quien en Conversación en la catedral o La ciudad y los perros, expresó brillantemente el impacto en la sociedad de las dictaduras militares que proliferaron en el siglo XX.

A fin de cuentas, se está ante una suerte de “drama estructural regional” en la historia latinoamericana. Sin embargo, la evolución de las cosas por las bregas democráticas fue volteando la página de esas dictaduras militares “clásicas” de los Somoza, Trujillo, Odría y muchos más.

Fue un proceso evolutivo que, sin embargo, en algunos casos resultó en otras modalidades gubernamentales de combinación autoritarismo y corrupción. Así, regímenes que pudieron haber sido originalmente “electos”, derivaron en ejercicio arbitrario y corrupto del poder.

Superando los escollos

En esa diabólica retroalimentación autoritarismo-corrupción, saltan a la memoria procesos como el de Fujimori en el Perú. O el aún más reciente “Pacto de los Corruptos” en Guatemala. Dos ejemplos ilustrativos de cómo cambiaron las cosas en la región, incluyendo decisiones de impacto dentro de la política exterior estadounidense.

Es interesante, por eso, el ejemplo de la experiencia de las transiciones a la democracia en Perú y Guatemala. En los dos países el “combo” movilización ciudadana/comunidad internacional logró superar esos escollos retardatarios.

Con particularidades en cada proceso, la movilización popular fue algo medular, expresando el hartazgo activo frente al abuso y la corrupción. Pero en convergencia con una comunidad internacional en acción. Antes y ahora la comunidad internacional contribuyó a las condiciones objetivas que llamaban al cambio, aislando gradualmente a los corruptos/autoritarios y apuntando a la urgencia de una transición democrática.

Fujimori fugó al Japón el año 2000 y en el Perú se recuperó la democracia. Se iniciaron de inmediato procesos penales serios contra la corrupción en el contexto en que la justicia recuperaba su independencia al calor de la transición democrática. En la evolución a la democracia en el Perú (1999-2000) fue importante la vía de la diplomacia: principalmente el papel activo de algunos países interamericanos —incluidos EE UU— y la llamada “Mesa de Diálogo de la OEA”, crucial en propiciar efectivamente la transición a la democracia.

Herramientas sólidas contra la corrupción

El “pacto de los corruptos” guatemalteco entró recientemente en “fase gangrena/colapso…”. Ello gracias al impulso de la movilización popular y al papel activo de la comunidad internacional. El gobierno hoy es otro —el elegido democráticamente— y las condiciones están cambiando.

Para ese resultado pesaron en el plano internacional algunas decisiones relevantes desde Washington, además de la crucial movilización popular. La Casa Blanca contribuyó medularmente a aislar a personajes cruciales del “pacto de los corruptos”, particularmente congresistas, políticos y empresarios. Y contribuyó, también, a superar los obstáculos arbitrarios para que pudiera ejercer la presidencia del país Bernardo Arévalo, elegido democráticamente.

No es posible sintetizar en pocas líneas cuáles son las herramientas disponibles en la arena internacional para enfrentar a la corrupción. Destacan, sin embargo, dos espacios particularmente relevantes: el multilateral y el bilateral (particularmente con Estados Unidos).

Lo multilateral: ONU contra la corrupción

Es fundamental la Convención de la ONU Contra la Corrupción, uno de los tratados internaciones globales más recientes y, a la vez, uno de los que tiene más Estados Parte: 186. Todos los países de América, por ejemplo. Desde Cuba hasta Estados Unidos, lo que no es usual.

La Convención es sólida y tiene gran claridad y precisión tanto en sus normas sustantivas como operacionales en asuntos cruciales como la cooperación judicial internacional. Incluye desarrollos sustantivos sólidos sobre conceptos fundamentales: “tráfico de influencias”, “abuso de poder” (como formas de corrupción) o el de “cooperación judicial internacional”, para mencionar sólo tres ejemplos.

Y su texto no es letra muerta. Ello porque, entre otras cosas, la Convención le asigna un papel fundamental a algo crucial: la cooperación judicial internacional. Y esto no es un asunto menor. Por el contrario, mucho del tratado se ha visto —y está viendo— en ejecución a propósito de algunas investigaciones a la extendida corrupción investigada en varios países —como Brasil o el Perú— sobre el caso Lavajato.

Y un detalle importante: para que esa cooperación sea legítima y eficaz, es requisito sine qua non es que esos sistemas nacionales en “cooperación” funcionen y que sean independientes del poder político.

Los bilateral: Engel y Magnitsky: funcionaron

Las circunstancias han llevado a que el enfrentamiento a la corrupción se haya convertido en una de las visibles prioridades públicas del gobierno de Biden para la región latinoamericana. Particularmente en Centroamérica. Acaso, bajo el siguiente análisis: la impunidad frente a la corrupción puede ser factor que propicie la emigración (hacia EE.UU., se entiende) tras la inestabilidad política, institucional, social y económica que deriva de ella.

En las elecciones del 2023 en Guatemala, como se sabe, perdió el “pacto de los corruptos”. Y, en consecuencia, el pacto —incluyendo a la Fiscal General— se lanzó con todo contra los resultados. Esa resistencia y oposición a respetar los resultados, sin embargo, resultó siendo al final el tiro por la culata para “el pacto”.

Yendo a la acción contributiva del gobierno de Washington, es destacable la reciente —y creciente— utilización desde Washington de ciertas leyes diseñadas contra la corrupción. Me refiero, particularmente, a la ley sobre la Lista Engel y a la Ley Global Magnitsky y su uso frente a estructuras de corrupción en países latinoamericanos. Ambas leyes son normas “marco” de políticas de reacción a la corrupción en altos niveles gubernamentales y empresariales latinoamericanos.

Son actualmente dos referentes normativos fundamentales para enfrentar el abuso de poder y la violación a los derechos humanos y dan poderosas atribuciones al presidente de Estados Unidos para actuar en los casos pertinentes. Estas facultades están siendo utilizadas por el presidente Biden. Y Washington (la Casa Blanca) ha empezado a obrar en consecuencia con ambas leyes. Lo ha hecho recientemente en Guatemala, por ejemplo.

Ambas leyes le dan al ejecutivo facultades importantes para actuar contra personas sindicadas de corrupción, de violación a los derechos humanos o que, con conocimiento de causa, socavan procesos democráticos en la región.

En base a la ley sobre la Lista Engel el gobierno estadounidense ha sindicado, con nombre y apellido, a más 60 guatemaltecos como actores que socavan procesos de justicia y la democracia. Consecuencia: dejar sin efectos sus visas y sus facultades de operar financieramente en EE.UU.

Adicionalmente, operó la Ley Global Magnitsky, destinada a sancionar directa y específicamente a personas sindicadas de actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Por ella el Departamento del Tesoro puede sancionar a personas impidiendo que ingresen a los EE.UU., con el bloqueo de sus activos financieros en EE.UU. y con otras severas restricciones comerciales y financieras.

Nuevos retos

Se vienen, ahora, grandes retos en Guatemala para mejorar y fortalecer la institucionalidad democrática y la su transparencia. Y, para el resto de la región, el reto de afinar la capacidad de espacios regionales y globales orientados a prevenir —e impedir— los deterioros democráticos.

Haciendo, por ejemplo, un buen —y más eficiente— uso en la región latinoamericana de un poderoso instrumento interamericano: Carta Democrática Interamericana, adoptada el 2001 en Lima por decisión unánime de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).