Incertidumbre en la frontera norte de México: crónica desde Ciudad Juárez

Houston, Texas, Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, Raleigh, Carolina del Norte… El recuento de Estados y capitales podría ser el de una clase de geografía en la que el alumnado reproduce mecánicamente la lección. Pero no es un ejercicio de memorización de nombres de lugares. Cada uno de ellos es un destino y un sueño para el grupo de migrantes del albergue municipal Kiki Romero de Ciudad Juárez. Todos tienen un familiar en esas ciudades lejanas; todos imaginan un futuro allí. Saben que la vida al otro lado de la frontera no es fácil, pero la comparación con las historias que dejan atrás casi carece de sentido. “¡Nooo!”, responde un coro de voces al unísono cuando les pregunto si alguna vez han pensado en regresar.

La violencia generalizada, uno de los principales factores de expulsión

Tegucigalpa, Choluteca, La Mosquitia, Copán, Olancho… Un nuevo recuento de lugares al ser preguntados por su origen. La mayoría proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala, y alguno de los estados del sur de México. Escuchar sus historias ayuda a entender por qué una mujer costurera como Elisa, de 32 años, decide un día emprender una peligrosa travesía para encontrarse con su esposo, Javier, que hace algo más de un año logró cruzar la frontera. La acompaña su hija Karen, de 13.

Javier era transportista. Una mara (pandilla criminal) le obligó a llevar un cargamento ilegal a El Salvador, donde fue interceptado por la policía. Estuvo preso un año y, aunque logró demostrar su inocencia, aquellos que lo acompañaban fueron condenados y acusaron a Javier de haber declarado contra ellos. El reencuentro con su familia en Honduras duró tan solo tres días. Javier huyó y logró cruzar irregularmente a Estados Unidos. Pero cuando se trata de venganza, la mara no perdona. Y persiste… Aunque Elisa y Karen cambiaron de residencia, la pandilla solo necesitó un par de meses para localizarlas y continuar amenazándolas. La gota que colmó el vaso fue un intento de secuestro de la menor. “Gracias a la resistencia de los vecinos, ellos no pudieron llevársela. Fue en ese momento cuando supe que no tenía mucho tiempo para huir”, afirma entre lágrimas.

A Honduras no se puede volver por la violencia y la corrupción de los políticos

Jorge es de Choluteca (Honduras) y tiene 22 años. Viaja con su niña de tres. Se negó a ser parte de una pandilla y como represalia, asesinaron a su pareja, Viviana. “Llevo la partida de defunción, porque yo quiero pedir asilo, lo necesito… A Honduras no se puede volver por la violencia y la corrupción de los políticos”, nos cuenta el mismo día en que se celebraban elecciones presidenciales en su país. Es escéptico, no cree en el cambio.

Vuelos laterales: modalidad de expulsión exprés

El albergue municipal ha sido improvisado en un polideportivo de un barrio popular de Juárez. La cancha de baloncesto es un espacio cubierto dispuesto con un centenar de literas y un espacio para niños y niñas al que cariñosamente llaman “la escuelita”. Las oficinas se encuentran en una sala de espejos con un rótulo en la pared en el que se lee “zumba”. Cada albergue es diferente. Este, aunque lleva meses en funcionamiento, se parece a uno de esos sitios creados a toda prisa ante una catástrofe natural, para recibir a los primeros evacuados. La situación no es muy diferente. El Kiki Romero es la “primera línea” de atención a personas deportadas que llegan en los llamados “vuelos laterales”.

En Ciudad Juárez las probabilidades de cruzar la frontera con éxito son mínimas, así que la mayoría lo intenta a través de rutas que quedan a miles de kilómetros. Cuando la Patrulla Fronteriza los captura, los envía a El Paso en uno de estos vuelos. Desde allí basta con cruzar uno de los puentes sobre el Río Bravo para hacer efectiva la expulsión entregándolos a las autoridades mexicanas. Ciudad Juárez, teóricamente, cuenta con más medios para atenderlos, pero la razón principal de estos vuelos es alejar a las personas migrantes de sus coyotes y así dificultar el siguiente intento. La operación tarda dos o tres días y funciona como un verdadero escarmiento para quienes cruzan la frontera.

Carlos y Heidy parecen tan jóvenes que les pregunto si son hermanos. No, son pareja y viajan con una niña de dos años y medio. Intentaron cruzar por Reynosa. Siguiendo el trazo de la frontera sobre el mapa, hacia el suroriente, estaría a unos 1.300 kilómetros. La suerte no les acompañó. Saben cuáles son las reglas y aceptan la expulsión, pero no entienden el trato inhumano que reciben en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza. Heidy retuerce los dedos de sus manos y las guarda en los bolsillos de su sudadera en busca de calor.

“Tengo artritis y hace días que no tomo mis medicinas… Le pregunté al policía por qué nos trataban tan mal y aunque hablaba mal español me dijo que ‘no le importaba mi vida’… Eso me dolió”, dice. Carlos, intentando contener la rabia, me cuenta que en 24 horas solo les dieron una naranja, un paquete de galletas y un vaso de plástico para que tomaran agua de un grifo cuando tuvieran sed. Para el frío les dieron una manta térmica, “de esas que parecen papel de aluminio”. Es un sitio muy frío que se conoce como la hielera.

“Quédate en México”

Aunque muchas personas migrantes buscan solicitar asilo en Estados Unidos, el sistema de protección internacional de ese país se encuentra cerrado. Cuando una persona cruza la frontera y solicita protección internacional (refugio), el derecho internacional obliga a los estados a tramitar esa petición. Actualmente en Estados Unidos estas personas son inmediatamente deportadas en virtud del “título 42″, un vericueto legal que suspende ese derecho por circunstancias excepcionales. Sí, hablamos de la pandemia, ese comodín que últimamente funciona como excusa para justificar las decisiones más absurdas, incluso si por el camino se torpedean los derechos más elementales.

La paulatina vuelta a la normalidad, con la reciente reapertura de la frontera, hace cada vez más difícil defender el cierre del sistema de asilo. Pero un nuevo obstáculo legal amenaza con poner las cosas más difíciles a las personas solicitantes de asilo. Durante la administración de Trump se puso en marcha el programa Migrant Protection Protocols (MPP), que de protección tenía más bien poco, y que se conoce coloquialmente como “Quédate en México”.

Según este plan, las personas que tramitaban una solicitud de asilo debían esperar en México la resolución de su caso por parte de una corte estadounidense. Biden puso fin al programa, pero un juez de Texas impugnó esa suspensión y la decisión sobre su restitución está en manos de un tribunal federal. De hecho, hace unos días se ha vuelto a reimplantar. La vuelta del MPP supondrá un agravamiento de la situación humanitaria en la frontera norte de México, donde los medios para acoger a los migrantes son muy limitados y la situación de seguridad supone un riesgo para miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

El problema va para largo y requiere soluciones urgentes para resolver una emergencia humanitaria que viene de lejos. Pero no menos urgentes son las soluciones estructurales a los problemas de violencia generalizada y pobreza en los lugares de los que miles de migrantes huyen cada día con el sueño de tener una vida digna.

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