La desahuciada estaba ingresada en el hospital

Un amplio dispositivo policial acompañó ayer a primera hora de la mañana a la comisión judicial en su tercer intento por desahuciar a Victoria Sanz, una mujer de 84 años que padece un cáncer terminal, y a su hijo, de 54 años y con una discapacidad del 41%, Antonio Quiroja.

La mujer vivía desde 1945 en el piso, que alquila en régimen de renta antigua, situado en el barrio de Malasaña y por el que deben 20 cuotas, unos 5.000 euros, a la inmobiliaria Prado Norte. La anciana, que está ingresada en el hospital desde hace una semana por insuficiencia cardíaca y respiratoria, no estaba presente ayer durante el desahucio, pero sí su hijo, que vende cupones de la ONCE en el barrio de Quintana.

En los otros dos intentos de desalojo —el pasado 19 de julio y el 12 de septiembre—, decenas de simpatizantes del movimiento 15-M habían acudido en su apoyo, logrando paralizarlos. Es esta tercera ocasión, sin embargo, los abogados de la familia han decidido no convocar a los indignados. “Sabíamos que esta vez la instrucción era acometer el desahucio por fuerza mayor y no hemos querido empeorar las cosas, porque les iban a apalear”, dice el abogado de los afectados, Alberto Martín, de la asesoría Asymeco (abogados de la Unión de trabajadores de la ONCE). “Además, estando Victoria ingresada, teníamos la esperanza de que el juzgado suspendiera el desahucio. No lo han hecho y me parece un absoluto atropello”.

Sanz cobra una pensión de viudedad de 900 euros. Hace meses, cuando fue alertada del primer desahucio se ofreció a pagar lo que debe, más un año de renta por adelantado o a cambiar el contrato de alquiler a uno nuevo, según ha informado en otras ocasiones. Su abogado asegura que ha intentado ponerse al corriente de los pagos pero que la promotora se ha negado, siendo su objetivo echarlos para subir el alquiler, que ahora es de 250 euros.

En julio, los indignados (convocados por la asamblea del barrio de Malasaña surgida del 15-M) lograron frenar in extremis el desalojo, que fue paralizado “por cuestiones de orden público”. En septiembre, se volvió a frenar, esta vez por “motivos humanitarios”, ya que el Samur social, que también acudió al desalojo, solo garantizaba para Victoria y su hijo tres días de estancia en un albergue.

Por ahora, Antonio se va a ir a vivir a casa de una amiga, explica su abogado. “La duda es qué va a pasar cuando Victoria salga del hospital”, se duele.