Rectificación pactada

La mayoría parlamentaria, por muy absoluta o superabsoluta que sea, es siempre una minoría social. Así ha sido en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución. En las elecciones de 1982 el PSOE obtuvo la mayoría más amplia de todas las que se han producido hasta la fecha. 202 escaños en el Congreso de los Diputados. Pero solo obtuvo el 48,11% de los sufragios válidamente emitidos. Tuvo muchísimos más escaños que todos los demás partidos juntos, pero menos votos. Si añadimos la abstención, a pesar de que fue baja, el 20,03%, la no coincidencia de la mayoría parlamentaria y la mayoría social se hace todavía más visible. En las elecciones de 2011 el PP ha obtenido el 44,62%, con una abstención del 28,31%.

Un Gobierno prudente no debe perder nunca de vista esta circunstancia. Un sistema político, por muy democrático que sea, es siempre una expresión simplificada de la complejidad social. La sociedad es siempre más compleja que el Estado. La sociedad necesita expresarse políticamente de manera simplificada para poder autodirigirse. Sin la reducción política de la complejidad social no se podrían tomar decisiones y se desembocaría en la parálisis.

Pero la complejidad social no deja de existir porque se la simplifique políticamente para poder tomar decisiones. Para que un sistema político sea eficaz, tiene que producirse la reducción de la complejidad social. Tiene que haber una mayoría parlamentaria que pueda tomar decisiones. Pero si el Gobierno resultante de esa reducción confunde la mayoría parlamentaria con la mayoría social, comete un error grave, que puede acabar afectando seriamente a la legitimidad de su acción.

Esto no es que sea así, sino que no puede dejar de ser así. Un Gobierno puede hacer uso de su mayoría parlamentaria como si fuera mayoría social, pero no debe hacerlo. Y cuanto más difícil sea la situación en la que se encuentra el país que tiene que dirigir, menos. Por mucha que sea su mayoría parlamentaria, el Gobierno tiene que asegurarse que su política cuenta con mayoría social. Siempre, pero en situaciones de crisis todavía más.

En mi opinión, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha sido notablemente imprudente en sus primeros 100 días. Ha dado por supuesto que el desmoronamiento electoral del partido socialista y lo que entendía que era una debilidad extraordinaria de los sindicatos le dejaban las manos libres para tomar decisiones, convencido de que la sociedad española tendría que hacerlas suyas ante la ausencia de cualesquiera otras con credibilidad.

Después del resultado electoral en Asturias y, sobre todo, en Andalucía el pasado domingo y de la huelga general y, sobre todo, de las manifestaciones del pasado jueves, parece claro que el Gobierno ha errado en su apreciación. Las elecciones del 25-M fueron elecciones regionales, pero se celebraron en dos comunidades que representan algo más del 20% de la población del Estado y han sido las primeras desde que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Tuvieron, además, un componente nacional por la propia decisión del Gobierno de posponer la presentación de los Presupuestos hasta después de la celebración de las mismas. Han sido simultáneamente unas elecciones autonómicas y una suerte de referéndum sobre los primeros 100 días del Gobierno. No hay una mayoría social tras la acción de Gobierno.

La huelga general y, sobre todo, las manifestaciones del jueves han venido a confirmar el resultado electoral del domingo. La parcialidad del Gobierno en la adopción de las medidas para hacer frente a la crisis ha generado un rechazo que ha ido mucho más allá de lo que podían haber instrumentalizado el PSOE, IU y demás partidos minoritarios o las centrales sindicales. El resultado electoral, la huelga y las manifestaciones han sido un voto de censura al Gobierno mucho más que un voto de confianza a la izquierda política y sindical. Pero el rechazo ha sido inequívoco.

La rectificación se impone. Entre otras cosas, porque la situación sigue siendo tan difícil que no hay mayoría parlamentaria que pueda hacerle frente por sí sola. La distribución de los costes tiene que ser pactada. Pactada de verdad y entre todos. Y cuanto más pronto se llegue a este convencimiento, mejor. Ya se han perdido 100 días, como escribía el jueves Xavier Vidal-Folch (4 suspensos a los 100 días). Cuando digo rectificación no pienso solamente en el Gobierno, sino en todos. Comprendo que el clima no es el más propicio tras la pasada legislatura y el comienzo de esta, pero no creo que tengamos otra alternativa.