Interior y Fiscalía alientan el borrador contra Mas que el jefe policial niega

El presunto borrador que ha puesto patas arriba la campaña electoral catalana no lo ha elaborado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Ni consta su existencia en ningún sitio. La investigación real de la UDEF se dio por finalizada después del último informe enviado al juzgado el pasado 24 de mayo y la única diligencia practicada desde entonces fue enviar al juez un anónimo recibido a finales de octubre. Nada más. Esta es, al menos, la información que transmitió este jueves el comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez López (que asumió el cargo el pasado mes de julio), al juez que investiga el caso, Josep Maria Pijuan, según un comunicado emitido esta tarde por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vázquez, finalmente, también explicó al magistrado que Asuntos Internos ha abierto una investigación para aclarar si existe efectivamente ese informe y, en ese caso, averiguar quién lo elaboró.

El magistrado había llamado al comisario jefe para pedir cuentas por el borrador fantasma (sin autor conocido) publicado en El Mundo nueve días antes de las elecciones autonómicas catalanas y que acusa al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al expresidente Jordi Pujol, de haberse lucrado con las comisiones ilegales del caso Palau. Vázquez también explicó al magistrado que Asuntos Internos ha abierto una investigación para aclarar si existe efectivamente ese informe y, en ese caso, averiguar quién lo elaboró.

En el despacho del magistrado, el comisario Vázquez repitió lo que ya antes había dicho el Ministerio del Interior: que ese borrador, de existir, era “irregular” porque se había elaborado fuera de los cauces legales. La reunión del magistrado con Vázquez arroja algo más de luz en este confuso asunto. La UDEF no solo no ha elaborado el borrador, sino que tampoco tiene información nueva y relevante sobre el caso Palau. Si la tuviera, y los agentes dieran credibilidad a los anónimos y a la información de confidentes que, según Interior, sirven de base para el informe fantasma, la obligación del comisario jefe hubiera sido comunicarlo este jueves al juez, lo que no ocurrió.

A media tarde parecía que el día había dejado una conclusión: la UDEF se desentendía totalmente, y ante el juez y el fiscal, del borrador fantasma. Pero, sobre las ocho, la Dirección General de la Policía, encabezada por Ignacio Cosidó, emitió un comunicado que, de alguna manera, defendía el contenido de ese informe. La nota viene a decir que el borrador contiene datos que no solo constan en la investigación del caso Palau, sino que proceden también de “otros informes judicializados” que afectan a otros casos. Es decir, el mismo día que se dice que no hay investigación sobre Mas y Pujol dentro de la instrucción sobre el caso Palau, se insinúa, sin aportar más datos, que esta puede estar contenida en otros sumarios.

La nota de la Policía indica que el comisario jefe de la UDEF había comunicado al juez la existencia de esas otras investigaciones y sumarios que podrían acusar a Mas y a Pujol. Fuentes directas conocedoras de la reunión aseguran que Vázquez solo recordó que parte del supuesto borrador procedía del sumario publicado ya en prensa sobre el caso del padre de Artur Mas. Este reconoció en 2010 que tenía dos millones de euros en Suiza, lo que dio lugar a la apertura de unas diligencias en la Audiencia Nacional que luego archivó el juez Santiago Pedraz por prescripción y porque el interesado ya había regularizado su situación ante la Agencia Tributaria pagando 823.262 euros.

La fiscalía, mientras tanto, sufría su propia (y grave) crisis interna. El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, decidió abrir este jueves una investigación contra el diario El Mundo por un supuesto delito de calumnias al presidente Mas. Horas más tarde, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le desautorizó mediante una llamada telefónica directa: “No puedo respaldarte”.

En su escrito, el fiscal superior de Cataluña resume las informaciones publicadas por el rotativo y recuerda que el juez que instruye la causa “niega que conozca el supuesto informe y que haya encargado diligencias a la UDEF”. El delito de calumnia, recuerda, sanciona “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

Rodríguez Sol cita a renglón seguido cinco puntos por los que sospecha que El Mundo pudo haber calumniado a Mas. Para empezar, dice, la noticia atribuye al presidente catalán una “conducta impropia” compatible con un delito de cohecho, ya que “afirma que recibía dinero a cambio de contratos de la Generalitat”. Esa afirmación es, además, “radicalmente falsa” y “mendaz”, según su valoración. El motivo es que “no existe hoy en la causa ni en ningún informe policial dato alguno que indique o sugiera” que Mas “recibiera dinero de contratistas”. La noticia “carece de fundamento”, y los propios autores lo “reconocen implícitamente” al hablar de borrador. El fiscal recuerda que “el supuesto informe se transmuta de forma sorprendente en el propio artículo a borrador”, un concepto que alude “a un texto nonato y, por ende, inexistente en formato oficial”.

Torres-Dulce “no comparte” ni el fondo ni las formas en la actuación de su inferior jerárquico. No entiende cómo el fiscal catalán no le informó antes de adoptar una decisión tan trascendente. El fiscal general también rechaza que, en el mismo escrito en el que abre diligencias, Rodríguez Sol concluya que hay indicios de que la información del rotativo “carece de fundamento” y es “radicalmente falsa” y “mendaz”.

El fiscal general del Estado cree que Rodríguez Sol debería haber esperado a conocer todos los datos y hechos sobre el asunto antes de llegar a una conclusión precipitada, como es costumbre en este tipo de procedimientos. Torres-Dulce, según indicó, no quiere prejuzgar aún el caso, a la espera de conocer la naturaleza del supuesto borrador cuya existencia aún no ha podido acreditar ni siquiera Interior.

La investigación sobre el expolio del Palau de la Música, emblema de la cultura catalana, ha acreditado que el partido de Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se financió de forma irregular. Hay indicios de que la constructora Ferrovial donaba grandes sumas de dinero al Palau que, en realidad, servían para pagar al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obras públicas en Cataluña. Los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, hacían de intermediarios en esos pagos.

El borrador policial, que ni ha sido solicitado por el juez ni consta en la causa, añade que parte de esas comisiones —que, presuntamente, representaban el 4% del importe total de adjudicación— fueron a parar a los bolsillos de dirigentes nacionalistas. Entre ellos, Artur Mas, su antecesor Jordi Pujol, y otros cargos como el consejero de Interior, Felip Puig.

Mas, Pujol y Puig han negado las acusaciones y han interpuesto querellas por injurias y calumnias en juzgados de Barcelona —que aún no han sido admitidas a trámite—. También lo han hecho los Mossos d’Esquadra, ya que el borrador acusa a este cuerpo policial de haber destruido pruebas clave y de haberlas ocultado al juez. Convergència, por su parte, presentó una denuncia ante la fiscalía contra los autores del borrador, a los que acusa de “delito electoral” por haber perjudicado a un candidato en plena campaña.

Tras las recientes informaciones de El Mundo, la Generalitat envió un escrito al fiscal superior. Después de recibirlo, Rodríguez Sol —que fue nombrado en julio y, que como Torres-Dulce, pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales— decidió abrir la investigación que su jefe ha desautorizado.