La Fiscalía se opone al indulto de los policías del ‘caso Faisán’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al indulto de los policías condenados por el chivatazo del caso Faisán, que frustró una operación contra el aparato de extorsión de ETA en el año 2006. El ministerio público, en un escrito remitido al Ministerio de Justicia, considera que la condena de un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por revelación de secretos al comisario Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros es proporcionada y sostiene que los condenados no son merecedores del indulto, entre otros motivos, por no haber reconocido los hechos y colaborado para perseguir a otros presuntos responsables de los hechos.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, firmante del escrito, también sostiene que la naturaleza del delito no merece la medida de gracia, ya que Pamies y Ballesteros incurrieron en “una quiebra de los deberes de reserva y fidelidad que les impone la ley por su condición de funcionario público cuando se trata de una investigación criminal”.

La Fiscalía no tiene en cuenta la “brillante y extensísima hoja de servicios” del comisario Pamies y el “desconocimiento del carácter delictivo de la acción” que adujo la defensa de Ballesteros como razones de justicia, equidad o utilidad pública para que el Gobierno otorgue el indulto. El fiscal Zaragoza recuerda que para que estas razones puedan ser atendidas deben darse, entre otras, “el reconocimiento de la responsabilidad de los hechos”, “la facilitación a la Administración de Justicia de la ejecución de la pena” o, en su caso, “el aporte a los Tribunales de los elementos de prueba necesarios para la persecución de otros presuntos responsables en los hechos”. Y, a renglón seguido, dice: “es evidente que en el presente caso las circunstancias no pueden ser tenidas en cuenta al no haberse producido, lo que excluye la utilidad pública de su concesión”.

El pasado 2 de octubre, la Audiencia Nacional accedió a la petición de ambos policías de suspender la ejecución de la condena hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto. Ambos agentes habían solicitado al tribunal que los condenó en octubre de 2013 que dejara en suspenso la ejecución de la pena mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto que presentaron después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia.