La alcaldesa de Cartagena defiende en el Supremo su gestión urbanística

La alcaldesa de Cartagena (Murcia) y diputada del PP en el Congreso, Pilar Barreiro, defendió este jueves en el Tribunal Supremo la legalidad de su gestión urbanística, investigada por el alto tribunal dentro de la trama de corrupción Novo Carthago. La alcaldesa declaró como imputada por un presunto delito de prevaricación y negó que ella, como sospecha el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que elevó el caso al Supremo, hubiera impulsado una modificación urbanística presuntamente irregular para permitir la edificación de viviendas, hoteles y un campo de golf.

Durante su declaración ante el instructor de la causa, José Ramón Soriano, Barreiro insistió en que la recalificación urbanística se tramitó “de acuerdo a la ley y por mayoría de la Corporación”, según ha explicado ella misma a la salida del tribunal. “Ha quedado todo aclarado”, aseguró Barreiro. La comparecencia se prolongó alrededor de una hora y la diputada tuvo que contestar, sobre todo, a las preguntas del fiscal y de su propia defensa. La fiscalía le solicitó un plano de la zona afectada por el proyecto urbanístico y Barreiro se comprometió a aportarlo en los próximos días.

El magistrado podría solicitar nuevas diligencias para decidir si archiva el caso o pide a la Sala de lo Penal que tramite ante el Congreso el suplicatorio para procesar a la alcaldesa, cuya candidatura a la reelección en las elecciones de mayo está todavía en el aire. Preguntado ayer por si Barreiro repetirá como candidata, el portavoz regional del PP, Víctor Martínez, aseguró que la decisión no está tomada. “Depende de las pautas que Madrid marque”, afirmó.

En el caso Novo Carthago se investiga una trama de corrupción relacionada con la construcción de una urbanización de lujo con hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor. La causa llegó al Supremo después de que el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, elevara a finales de septiembre una exposición razonada sobre Barreiro, que es aforada como diputada del PP. En su resolución, apreciaba indicios de un delito de prevaricación “al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares”.