Una norma de la UE sitúa el origen de parte de la pesca andaluza en Portugal

“Si lo que quieren es que dejemos de pescar, que lo digan de una vez”, dice Antonio Ares, armador de El Puerto de Santa María (Cádiz), uno de los pocos que quedan en la ciudad, y refleja la sensación de acoso a la que se ve sometido el sector, después de casi dos décadas de políticas comunitarias que han venido forzando la aplicación de límites de pesca para regenerar los caladeros y desguace de barcos para reducir en el futuro la presión sobre las especies.

El sector andaluz se enfrenta ahora a una nueva dificultad: su pesca local está siendo comercializada como procedente de Aguas de Portugal, o de Aguas de Baleares, con el consiguiente perjuicio para las marcas autóctonas. Desde el pasado 1 de enero, una directriz de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) obliga a incorporar en los mercados una etiqueta con el fin de que el comprador conozca dónde, cuándo y cómo fue obtenida la pieza de pescado.

La gamba roja de Almería tiene denominación balear

Lo que en principio parecía una garantía para el consumidor se ha convertido en una pesadilla para las flotas, porque la UE ha decidido emplear el mapa internacional de zonas de pesca de la FAO, el organismo de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, para señalar el origen de la pesca en las etiquetas de venta.

Naciones Unidas actualizó en el año 2001 las zonas pesqueras del planeta y lo hizo estableciendo grandes áreas para facilitar su localización y la tabulación de estadísticas pesqueras. En el caso de la fachada atlántica de la península ibérica, la FAO incorporó en una misma zona al Golfo de Cádiz (Cádiz y Huelva), el litoral portugués y una parte de la costa atlántica gallega. Esa gran zona fue designada, por extensión, como Aguas de Portugal y es esa, por lo tanto, la denominación de origen que aparece en el etiquetado del pescado gaditano y onubense. El resultado es que el boquerón de Barbate, la sardina de Isla Cristina o el langostino de Sanlúcar llegan ahora al mercado como “productos de las Aguas de Portugal”.

El mismo escenario se repite en el Mediterráneo, dividido en los mapas de la FAO en cuatro grandes áreas pesqueras. La primera incorpora toda la costa andaluza, los caladeros de Murcia, las comunidades valenciana y catalana y las islas Baleares, que dan nombre al conjunto del área. Por lo tanto, la sardina de Málaga, la gamba roja de Almería o la quisquilla de Motril llegan al consumidor como productos de las Aguas Baleares.

El sector no sale de su asombro. El presidente de la federación de empresas pesqueras de Andalucía, Pedro Maza, ha advertido del “gravísimo daño” que el sistema está generando para los intereses comerciales de la pesca andaluza, hasta ahora un referente internacional de calidad reconocido en mercados de todo el mundo. La federación ha elevado una queja a la Administración española, aunque su llamada no ha tenido, de momento, el efecto deseado. El Ministerio reconoce el daño, pero explica que el asunto fue planteado para su corrección durante las negociaciones, pero esa solicitud no fue atendida por la Comisión.

Con todo, el asunto he regresado a Bruselas. La europarlamentaria socialista andaluza Clara Aguilera ha presentado una enmienda al reglamento, pero insiste en que se hace necesaria la creación de un “frente común de las administraciones afectadas, para dimensionar correctamente el alcance del daño”. De momento, la iniciativa ha obtenido la respuesta de la Junta de Andalucía, cuya Secretaria General de Pesca, Margarita Pérez, ha creado una mesa de seguimiento del conflicto.