La Fiscalía investiga a la juez cabeza de lista de Podemos en Las Palmas

La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias para investigar si Victoria Rosell, juez en excedencia y candidata por esta provincia de Podemos, ha cometido una acción indisciplinaria al no inhibirse como magistrada de instrucción durante el proceso en el que se investiga si Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha cometido un presunto fraude millonario a Hacienda y a la Seguridad Social al mando de la primera de las empresas citadas.

La investigación a la candidata de Podemos, que sería nombrada ministra de Justicia si Pablo Iglesias ganase las elecciones, se centra, según las pesquisas realizadas hasta el momento, en saber si influyó en una operación económica realizada entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y la Unión Deportiva Las Palmas, que preside el empresario investigado, según la información que adelantó El Mundo en su edición de papel de este jueves. Este último se hizo con la gestión con opción de compra de una emisora de radio de la pareja de Rosell en una operación de 300.000 euros. La juez era en ese momento titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, en el que se juzgaba a Ramírez por un presunto fraude de 21 millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda.

El contrato firmado entre Patricio Viñayo, director general de la Unión Deportiva Las Palmas, y Carlos Sosa, tiene como fecha el 28 de octubre, según se ha podido constatar físicamente y consultar verbalmente con las partes implicadas. Rosell dejó de ser juez, de forma efectiva, el 22 de octubre, seis días antes.

“No hay que esconderse nunca”, dijo Victoria Rosell este viernes al inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación en el parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria unas horas después de que se hiciese público que estaba siendo investigada. La juez no ha sido notificada ni citada para declarar ni tampoco su pareja, según precisan fuentes de la Fiscalía.

Rosell, en su intervención, centró su objetivo: José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo y contrincante político en la provincia de Las Palmas por el Partido Popular. La candidata de Podemos considera que Soria hizo llegar el contrato a la Fiscalía y dijo que “las partes contratantes” se lo habían confirmado. Consultados al respecto Viñayo dijo que “nunca darían un contrato de la empresa a un tercero”. Rosell fue más allá y destacó que Soria “utiliza instrumentos del Estado” en su campaña contra ella. José Manuel Soria aseguró estar dispuesto a iniciar acciones legales contra la candidata de Podemos por estas declaraciones.

De la investigación iniciada por la Fiscalía contra Rosell también cuelga el enfrentamiento que mantiene la juez con la fiscal Evangelina Ríos, que lleva ambos procedimientos. La animadversión es pública y admitida por ambas y ha generado “situaciones incómodas” dentro de los juzgados, según admiten sus compañeros. Ríos acusó a Rosell durante el verano de un retraso injustificado en la instrucción y lo comunicó por escrito al Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, este descartó “un retraso relevante a efectos disciplinarios” imputables a la entonces magistrada Rosell en una notificación con fecha 17 de septiembre de 2015.

La pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, edición canaria de Eldiario.es. señala en conversación telefónica que antes de firmar el contrato hubo una conversación con el club en la que se habló de una posible compra y que la oferta le pareció interesante. “No hubiera admitido jamás una operación económica entre un investigado por Victoria y la empresa a la que represento”, aseguró a EL PAÍS.

Viñayo, el director general de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de la Liga BBVA, firmó el contrato con la pareja de Rosell. “Claro que hubo negociaciones previas, pero hablar de fechas resulta hasta infantil. Sea cuando fuere que nosotros hubiéramos ejercido la compra, es una compra legal”, aclaraba. Asimismo aseguró que la adquisición se puso en marcha porque el club recibió una notificación del Gobierno de Canarias en la que le advertían de que la frecuencia por la que estaba emitiendo hasta entonces era ilegal.

Miguel Ángel Ramírez, el empresario investigado, ya fue condenado a prisión por un delito contra el medioambiente, pero el Gobierno de Mariano Rajoy le indultó. Sin embargo, el Supremo anuló en junio el indulto y ahora mismo se encuentra acusado por un presunto fraude millonario contra Hacienda y la Seguridad Social.