La investigación del ‘caso Acuamed’ salpica a la directora general del agua

Ya avanzó el pasado miércoles el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso, en el auto en que dictó prisión incondicional contra cinco de los 13 detenidos en este escándalo (ocho de ellos han quedado libres tras prestar fianzas de entre 12.000 y 15.000 euros) que las pesquisas trascendían a los detenidos. E implicaban “a cargos de muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura. Después de Ramos, Ardiles es otro de esos altos cargos investigados en el caso Acuamed. Este periódico intentó ayer sin éxito, a través del jefe de prensa del ministerio, hablar con Ardiles.

No era intención del juez Velasco que trascendiera ahora el nombre de Federico Ramos, y ello a pesar de que existe un correo electrónico (que figura en la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción un ingeniero de Acuamed que fue despedido tras negarse a avalar las irregularidades que veía en su empresa, dependiente de Agricultura) en el que Ramos comunica al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, la necesidad de entregar casi 10 millones a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Dinero que saldría del presupuesto de una obra diferente y que nada tenía que ver con esos diez millones. Es decir, altos cargos del Ministerio pactaron con FCC que le pagarían “indebidamente”, según el juez, un total de 40 millones de euros para compensar el supuesto perjuicio que habría sufrido esta contratista por unas inundaciones que dejaron inservible la desaladora del bajo Almanzora, en Almería.

Una ingeniera al mando de las obras del agua

E. G. Sevillano

Liana Ardiles López (Bahía Blanca, Argentina) pertenece al círculo de confianza de Federico Ramos. Fue él quien, como secretario de Estado de Medio Ambiente bajo las órdenes del entonces ministro Miguel Arias Cañete, la nombró directora general del Agua en septiembre de 2012. Como tal, figura en el segundo puesto en el escalafón del consejo de administración de la empresa pública Acuamed, solo por detrás del secretario general de Medio Ambiente (actualmente, Pablo Saavedra; antes, Federico Ramos, que dimitió el viernes tras conocerse que es uno de los altos cargos del ministerio investigados en la Operación Frontino). Ardiles es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, se formó en el CEDEX, y antes de su último nombramiento trabajaba en la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático.
Previamente fue directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero —número tres—, de donde salió en 2010 tras verse envuelta en la polémica por los sobrecostes de la presa del embalse burgalés de Castrovido, cuyo presupuesto pasó de los 61 millones de euros iniciales a 157, y con la mitad de capacidad. La empresa adjudicataria de la obra fue FCC.

Entre otros delitos, el juez ve en este trasvase de dinero una supuesta malversación de caudales públicos. Primero porque la obra de Almanzora disponía de un seguro que respondía de cualquier eventualidad, y, segundo, porque en todo caso, contractualmente ese incidente debía abonarlo la contratista, nunca el erario público. Aun así, y lo explica Velasco en el auto que dictó la semana pasada, altos cargos del ministerio pactaron con la cúpula de FCC compensar esos daños sacando el dinero de las obras de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona, a unos 600 kilómetros de Almanzora. Una obra distinta, con sus propios presupuestos y trámites. Y, además, con parte del dinero procedente de fondos europeos, escamoteándolo mediante certificaciones falsas de obras no hechas. Aparte de conversaciones telefónicas, existen correos electrónicos que apuntan a que no solo Ramos estaba al tanto del pacto con FCC.

Según fuentes cercanas a Anticorrupción, Ramos envió un e-mail al director general de Acuamed, Arcadio Mateo (uno de los cinco encarcelados por el caso Acuamed) instándole a que liberase casi 10 millones para dárselos a FCC. El mismo correo también fue remitido a la directora general de aguas. “Lo que revela que ella también conocía la operación y nada hizo por evitarla, a pesar de los informes técnicos que la desaconsejaban por ilegal”, señalan las citadas fuentes.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga en Acuamed los patrimonios de algunos de los principales encausados y los supuestos sobornos pagados por contratistas (FCC y Acciona son las más implicadas en el caso) por los favores económicos que recibían de Acuamed y, por tanto, de las arcas públicas. De momento, el juez ha enviado a la cárcel a cinco de los detenidos y ha impuesto fianzas a los ocho restantes. Entre los sobornos, hay viajes de lujo y hasta un implante de pelo pagado a Arcadio Mateo.