La fiscalía afirma que el ataque a los guardias de Alsasua fue “xenofobia y fascismo en estado puro”

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha calificado este jueves la supuesta agresión multitudinaria a dos guardias civiles y a sus parejas en el bar Koxka de Alsasua (Navarra), el 15 de octubre de 2016, como un acto de “xenofobia, racismo y fascismo en estado puro” que recuerda a “lo peor de la naturaleza humana” y a “las peores atrocidades en el siglo pasado”. Perals, en su alegato final en el juicio, ha solicitado al tribunal que condene a los ocho acusados a penas de entre 12 y 62 años de cárcel por delitos de lesiones y amenazas con carácter terrorista. El fiscal considera que, tras las declaraciones de acusados, testigos y peritos, hay “prueba suficiente” de que el ataque no fue ni una “trifulca” ni una “pelea de bar”, como sostienen las defensas, sino que se trató de “una acción organizada, planificada y premeditada” cuyo fin era expulsar a la Guardia Civil del pueblo e “infundir terror” en quienes no piensan como ellos.

Durante dos horas, Perals ha manifestado que en “determinados territorios” del País Vasco y Navarra “aún persiste una herencia de terror” que no se ha disipado tras el fin de la actividad armada declarada por ETA en octubre de 2011. El fiscal, citando una batería de sentencias del Tribunal Supremo, ha expuesto que la banda terrorista no era una mera organización de pistoleros, sino un “entramado complejísimo”, con un frente armado, otro institucional y otro de masas. En este último frente de movilización popular ha ubicado Perals al movimiento Alde Hemendik (¡fuera de aquí!) y su epígono Ospa! (¡Largo!), que buscan la expulsión de Euskadi y Navarra de las fuerzas de seguridad estatales, y al que están vinculados varios de los acusados.

Los supuestos agresores, sostuvo Perals, actuaron aquella madrugada como “supremacistas abertzales” que pretenden “hacer valer su ley” e imponer “quién entra y quién no” en Alsasua. Estas organizaciones, fagocitadas en su día por ETA y que tras el fin de actividad de la banda han adoptado una apariencia de reivindicación festiva, han impuesto en los pueblos lo que el fiscal ha calificado como el “miedo de la Patria”, que impide expresarse y vivir con libertad a quienes no están de acuerdo con su “pensamiento único y excluyente”.

Y no lo han hecho ellos solos. “El miedo sigue existiendo con el apoyo de muchos políticos melífluos pero peligrosos (…) Hemos visto al alcalde del pueblo [Javier Ollo, de Geroa Bai] visitar a las familias de los acusados y no de las víctimas”, ha recordado. Perals, en un informe que en su parte inicial ha tenido una carga tan política como jurídica, ha añadido: “No queremos que vengan en 20 años a pedir perdón, entonces no valdrá, se precisan hombres y mujeres de talla que estén con todas las personas que sufren”.

El fiscal ha sostenido que siete de los acusados participaron directamente en la “agresión salvaje”, y que la octava –Ainara Urkijo– profirió amenazas a los agentes y a sus parejas tras el ataque, en el que un teniente acabó con la tibia y el peroné rotos, y un sargento con diversas magulladuras. Según el fiscal, los supuestos agresores se vieron “impulsados, guiados y dinamizados” por Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, cabecillas del movimiento Ospa! en Alsasua. “No fue fortuito, se avisaron y concertaron por teléfono o boca a boca (…) fue un ataque premeditado y planeado, para demostrar que quienes mandan son ellos y para dar un mensaje a su pueblo”, ha sostenido el fiscal.

El fiscal ha recordado al tribunal que los ocho acusados han sido reconocidos individualmente tanto mediante fotografías como en ruedas de reconocimiento por al menos tres de las víctimas, excepto en el caso de Iñaki Abad, que solo fue identificado por María José, la novia del teniente, y que tras el ataque se ha ido de Alsasua, municipio del que es vecina desde los tres años. La agresión, ha manifestado Perals, revistió una “violencia potencialmente peligrosa para la vida”, ya que tres de los agredidos manifestaron temer por su vida y la cuarta, María José, temió por su integridad y por la vida del teniente.

Respecto al vídeo aportado al tribunal al inicio del juicio por la defensa de Iñaki Abad, en el que tras la agresión se observa al sargento encarándose con varios jóvenes de Alsasua cuando ya estaban allí los agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, y que las defensas consideran que es una prueba de que el supuesto ataque fue un trifulca, Perals ha pedido al tribunal que lo valore “con precaución”.

“No digo que se haya manipulado, salta a la vista la blancura de la camisa del sargento [los policías forales manifestaron que la camisa presentaba huellas de patadas], pero es chocante. No es lógico que ese vídeo no se haya aportado hasta un año después, y si en Justicia hemos podido pixelar las caras, no sabemos lo que alguien un poco preparado puede hacer”, ha dicho Perals. El fiscal ha resaltado que nadie más haya aportado grabaciones de lo ocurrido y que los teléfonos de los acusados bien hayan sido destruidos o bien borradas su memorias antes de ser detenidos.

El fiscal ha vinculado la decisión de ETA de acelerar su autodisolución, que se escenificará el próximo 4 de mayo en Francia con la celebración de este juicio. “Las casualidad no existen, pero eso no quiere decir que los actos de Alsasua sean legales”, ha dicho Perals, que sostiene que el “frente de masas” orquestado por la banda “sigue manteniendo su actividad” tras el cese definitivo de actividad de octubre de 2011. “No podemos tras este juicio declarar la disolución del entramado del Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV) por los tribunales antes de que lo hagan los propios entramados, que siguen ahí”, ha solicitado el acusador público.

Tras el alegato del fiscal, la magistrada Concepción Espejel, que preside el tribunal, ha ordenado un receso. En ese momento, Jokin Unamuno, que sigue en prisión, ha saludado a sus allegados llevándose el dedo índice a la sien derecha, y rotándolo sobre ella, como diciendo que la tesis del fiscal es una locura.