La influencia del socio “privilegiado”

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España es, desde este verano, la principal puerta de entrada a Europa de la inmigración irregular. Es la ruta que este año han usado más de la mitad de los migrantes que han entrado en territorio comunitario. Hasta el 15 de octubre, 48.669 personas habían llegado a las costas españolas o se habían colado por las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, según el último balance del Ministerio del Interior. El número de llegadas, tanto por vía marítima como terrestre, ha superado por primera vez el récord alcanzado en 2006 durante la denominada crisis de los cayucos.

Marruecos tiene un papel fundamental en estos flujos. Calificado por el Gobierno de Pedro Sánchez como un “socio privilegiado”, la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a España parten de sus costas. En un porcentaje mucho menor salen de Argelia hacia Levante y Baleares, y del Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, hacia Canarias. Los marroquíes son, además, el colectivo más numeroso, un éxodo que ha ido en aumento en los últimos meses. En enero, un 19% de los llegados por mar era marroquí, un porcentaje que se elevó al 22% en agosto y al 37% en la primera quincena de septiembre.

Como el socio europeo de mayor tradición en cooperación migratoria, Marruecos usa su relevancia para recordar su poder. En junio, varios informes internos de la UE alertaban de que las autoridades de dicho país habían relajado el control de las salidas. Marruecos estaba especialmente descontento con la respuesta de Bruselas ante sus demandas de apoyo financiero y logístico para controlar la inmigración irregular. De su buena disposición depende también la aplicación de convenios de readmisión, como el que el Gobierno está desempolvando para expulsar de forma exprés a Marruecos a los subsaharianos que saltan las vallas de Ceuta y Melilla.

“La importancia de Marruecos es innegable. Es la frontera Sur de España y de la UE y el último país de tránsito de una de las principales rutas de acceso a Europa. A su vez, es un país del que huyen muchos jóvenes”, sostiene Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. “Conoce esa posición y la hace valer. A veces de forma más diplomática y otras, menos”.

Martínez Escamilla se muestra crítica con la externalización de los controles fronterizos por parte de la UE y propone que cualquier ayuda a Marruecos se condicione “al escrupuloso respeto de los derechos humanos”. “No se trata de que no haya que prestar ayuda a Marruecos, la pregunta es para qué es esa ayuda y qué actuaciones estamos promoviendo, si no comprando. Hay que conocer el desglose de esos fondos y, por supuesto, sería necesario un seguimiento de su uso”.

La catedrática alerta de las prácticas de las autoridades marroquíes para contener los flujos de subsaharianos que quieren llegar a España y que llevan años siendo denunciadas por ONG: “Ojalá ese dinero se empleara en dignificar las condiciones de las personas extranjeras varadas en Marruecos o en salvar las vidas en el Mediterráneo”.